Por Alonso Rosales
La acción unilateral de la administración de Donald Trump al ordenar la invasión de Venezuela, sin autorización del Congreso de los Estados Unidos y sin mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituye un quiebre profundo del orden internacional contemporáneo. No se trata únicamente de un episodio más de intervención en América Latina, sino de un acontecimiento que cuestiona los fundamentos mismos del sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Estado que históricamente se ha presentado como garante del orden liberal decide actuar al margen de las reglas que él mismo promovió, el daño no es regional: es sistémico.
Diversos analistas en cadenas de alcance global como CNN, CBS y otros medios especializados han coincidido en una tesis que resulta no solo válida, sino estratégicamente peligrosa: si Estados Unidos, en el hemisferio occidental, hace lo que quiere amparado en su propia doctrina —como la denomina la administración Trump—, entonces abre la puerta para que China y Rusia hagan exactamente lo mismo en sus respectivas zonas de influencia. El mundo es grande, el pastel es grande, y las potencias actúan conforme a incentivos reales, no a declaraciones morales.
Desde esta perspectiva, el quebrantamiento del derecho internacional no es un daño colateral, sino el núcleo del problema. El artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. La invasión de Venezuela no cumple ninguno de estos criterios. A ello se suma un elemento aún más delicado: la ausencia de autorización del Congreso estadounidense, lo que revela no solo una violación del derecho internacional, sino también un debilitamiento del orden constitucional interno de la principal potencia mundial.
La consecuencia inmediata de este comportamiento es la erosión de cualquier autoridad moral de Estados Unidos para exigir respeto a las normas internacionales. Si Washington actúa sin límites jurídicos, ¿con qué legitimidad puede reprochar a Moscú o a Pekín conductas similares? La política internacional no opera en el terreno de las intenciones, sino en el de los precedentes. Y el precedente que se establece es claro: la fuerza prima sobre la norma cuando el poder lo permite.
Esta lógica ya ha sido sintetizada incluso en el plano simbólico. Circulan caricaturas políticas en las que Vladimir Putin aparece reunido con el primer ministro chino, comentando con ironía: “Bueno, yo también quiero mi parte”. Más allá del humor gráfico, el mensaje es brutalmente realista. Si Estados Unidos se arroga el derecho de intervenir militarmente en su entorno estratégico, Rusia puede hacer lo propio con Zelensky y profundizar su accionar en Ucrania; puede también proyectar presión o intervención sobre Polonia, Finlandia, Noruega u otros países vecinos, bajo argumentos de seguridad, historia o defensa de su esfera de influencia.
Aquí emerge una de las contradicciones centrales de la política exterior estadounidense contemporánea. Estados Unidos demuestra una disposición contundente al uso de la fuerza frente a países como Venezuela, con capacidades militares limitadas, pero adopta una conducta radicalmente distinta frente a potencias nucleares como Rusia y China. Con ellas, Washington dialoga, negocia y calcula; no se les enfrenta de tú a tú, ni tiene el valor estratégico de atacarlas directamente. La razón es evidente: el equilibrio de poder, la disuasión nuclear y los costos de una guerra entre grandes potencias imponen límites que Estados Unidos no está dispuesto a cruzar.
Esta realidad permite afirmar, sin eufemismos, que el poderío militar estadounidense funciona muchas veces como un “tigre de papel”. Es formidable en apariencia, pero selectivo en su aplicación. Bravo con países débiles, cauteloso con quienes pueden responder. Esta selectividad no solo expone una asimetría moral, sino que socava la credibilidad estratégica de Estados Unidos como actor responsable del sistema internacional.
El resultado de esta conducta es el retorno acelerado a una política de esferas de influencia, donde las grandes potencias intervienen, acomodan el lugar y hacen lo que consideran necesario dentro de sus zonas respectivas. Paradójicamente, al actuar de esta manera, Estados Unidos no refuerza su liderazgo global, sino que lo diluye. Al violar las reglas del juego, legitima el comportamiento revisionista de Rusia y China, que ahora pueden señalar a Washington como ejemplo para justificar sus propias acciones.
En definitiva, la invasión unilateral de Venezuela por parte de la administración Trump debe entenderse como un punto de inflexión en la política internacional contemporánea. No es solo una crisis regional, sino un síntoma de la descomposición del orden liberal y del retorno de la política de fuerza como principio rector de las relaciones internacionales. Cuando quien dice ser el referente de la democracia rompe las normas, no solo pierde autoridad: abre la puerta a un mundo más inestable, más militarizado y profundamente más peligroso.