Por Alonso Rosales
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado acciones legales contra el empresario Víctor de Aldama, a quien exige retractarse de las declaraciones en las que la vincula con la supuesta entrega de un sobre relacionado con la petrolera estatal Pdvsa y una presunta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Según fuentes jurídicas, Rodríguez ha contratado al despacho del exmagistrado Baltasar Garzón para interponer una querella por injurias. Como paso previo, ha solicitado un acto de conciliación, fijado para el próximo 16 de julio en un juzgado de Madrid. En dicha audiencia, la dirigente venezolana busca que Aldama rectifique públicamente las afirmaciones que considera falsas.
El origen del conflicto se remonta a las declaraciones del empresario en distintos programas de televisión, donde aseguró que fue Rodríguez quien le entregó un sobre con supuesta documentación vinculada a operaciones de hidrocarburos y financiación política. Estas afirmaciones fueron reiteradas también en sede judicial, en el marco de investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional relacionadas con el denominado “caso Koldo” y otras tramas vinculadas al sector energético.
Aldama entregó en marzo un sobre con insignias de Pdvsa al juez Ismael Moreno, quien investiga en secreto una posible financiación irregular del PSOE. El documento, que no había sido localizado previamente por la Guardia Civil, habría sido identificado inicialmente a través de una fotografía encontrada en el teléfono del empresario. En dicha imagen figuraban referencias a autoridades venezolanas, entre ellas Rodríguez y el entonces ministro de Petróleo, Manuel Quevedo.
No obstante, la presidenta venezolana ha rechazado categóricamente estas acusaciones, calificándolas de “inveraces” y asegurando que nunca ha participado en la entrega de dicho material. Su equipo legal sostiene que las declaraciones del empresario han dañado gravemente su honor y reputación.
El acto de conciliación representa un requisito legal previo a la presentación formal de la querella. Aunque Aldama no está obligado a asistir personalmente, sí deberá estar representado por su abogado. En caso de no alcanzarse un acuerdo, Rodríguez podrá proceder judicialmente por la vía penal.
El caso se desarrolla en un contexto de múltiples investigaciones judiciales en España sobre presuntas tramas de corrupción vinculadas a contratos públicos y negocios energéticos, lo que ha incrementado la atención mediática y política sobre las declaraciones de los implicados.
Víctor de Aldama, por su parte, ha sido condenado previamente por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, lo que añade un elemento de controversia a su testimonio en las causas abiertas.
La evolución del proceso judicial en las próximas semanas será clave para determinar si las acusaciones derivan en un procedimiento penal formal o si se resuelven en la fase de conciliación.
Fuente el Pais