Zarko Pinkas-Ramírez |
Hay momentos en la discusión pública donde lo relevante no es lo que se dice, sino quién lo dice… y quién decide repetirlo. El reciente uso de Joe Kent como fuente para explicar decisiones de Donald Trump no solo es un error de criterio: es una señal de deterioro del debate político. No porque Kent no tenga derecho a opinar, sino porque su trayectoria lo ubica lejos de cualquier estándar mínimo de análisis serio.
Kent no es un académico ni un estratega. Es un actor político alineado con el ala más dura del trumpismo, con un historial claro: respaldo a teorías de fraude electoral en 2020, relativización del Asalto al Capitolio de Estados Unidos de 2021, participación en movilizaciones basadas en desinformación sanitaria y uso reiterado de marcos como el “Estado profundo” para explicar la realidad. En 2022, por ejemplo, encabezó protestas contra una supuesta política de cuarentenas forzosas para no vacunados en el estado de Washington, una afirmación que nunca tuvo sustento institucional. Más tarde calificó las vacunas contra el COVID-19 como “terapia génica experimental”, una frase que lo ubica más cerca del activismo conspirativo que del análisis político.
Ese perfil importa. Importa porque es desde ahí que surge su afirmación sobre un supuesto “lobby israelí” que explicaría decisiones en Washington. Y aquí es donde el análisis serio debería encender todas las alarmas. No porque los lobbies no existan —existen y son parte del funcionamiento de cualquier democracia—, sino porque convertirlos en una explicación total del poder no es un ejercicio de ciencia política: es un atajo intelectual. Es reemplazar estructuras, intereses y decisiones por una narrativa simplificada donde todo responde a una fuerza externa, difusa y omnipresente.
Aplicar esa lógica a Donald Trump es, además, particularmente débil. Trump puede ser muchas cosas —impredecible, confrontativo, ideológicamente flexible—, pero no es un actor pasivo. Su conducta pública durante décadas muestra un patrón consistente: negociación, presión, beneficio. Él mismo ha hablado de política exterior en términos de costos, ganancias y acuerdos. Pensar que opera bajo control de un lobby no solo simplifica su comportamiento: lo distorsiona completamente. En su caso, la influencia no es subordinación; es transacción.
Pero lo verdaderamente interesante no es lo que plantea Kent, sino quién decide amplificarlo. Porque ahí aparece una paradoja difícil de ignorar: sectores que se presentan como defensores del pensamiento crítico terminan utilizando a una figura que ha promovido teorías conspirativas, ha cuestionado procesos democráticos y ha difundido desinformación. No es solo una contradicción; es un síntoma. La necesidad de sostener una narrativa puede llevar a validar cualquier fuente, incluso aquellas que, en otro contexto, serían descartadas de inmediato.
Este fenómeno se vuelve más problemático cuando se inserta en el contexto geopolítico actual. El conflicto en Medio Oriente no es reducible a un solo actor. Irán, por ejemplo, no es un elemento secundario ni irrelevante. Es una república islámica con más de cuarenta años de régimen teocrático, con restricciones documentadas a libertades civiles y políticas. Informes de Amnistía Internacional han señalado de forma sistemática represión de protestas, persecución de disidencia y limitaciones a derechos fundamentales. En el plano internacional, organizaciones como Hezbollah han sido catalogadas como terroristas por la Unión Europea y Estados Unidos, y múltiples análisis han señalado la relación de estos grupos con Irán en términos de apoyo político y logístico.
Omitir ese elemento mientras se construye un relato centrado exclusivamente en Israel no es una postura neutral. Es una selección. Y toda selección implica una intención.
Aquí es donde el análisis deja de ser coyuntural y entra en un terreno más profundo: el del antisemitismo como estructura histórica. Durante siglos, los judíos han sido utilizados como explicación de crisis, conflictos y transformaciones sociales. Se les culpó de epidemias, de crisis económicas, de conspiraciones políticas. Esa lógica no desapareció; se transformó. Hoy no siempre se presenta como odio explícito, sino como una narrativa donde un solo actor concentra toda la responsabilidad, donde se recurre a explicaciones de poder oculto y donde el conflicto se reduce a una sola dimensión.
No toda crítica a Israel es antisemitismo, por supuesto. Pero cuando el análisis se convierte en obsesión, cuando se aplican estándares distintos a un solo actor y cuando se recurre sistemáticamente a marcos conspirativos, la frontera empieza a desdibujarse. Y lo más inquietante es que ese tipo de discurso no es patrimonio de una sola ideología.
Ahí aparece la convergencia.
Sectores de extrema derecha que hablan del “Estado profundo” y de élites ocultas terminan coincidiendo, en ciertos puntos, con sectores de izquierda radical que explican el poder internacional en términos similares. No comparten ideología, pero comparten método: la simplificación extrema y la necesidad de un enemigo total. En ese cruce, figuras como Joe Kent se vuelven útiles. No por la solidez de sus argumentos, sino porque encajan en una narrativa que ya estaba construida de antemano.
Ese ecosistema no se limita al ámbito político tradicional. Se amplifica en redes sociales, donde declaraciones aisladas se convierten en verdades absolutas, donde perfiles sin verificación operan como fuentes y donde la desinformación circula con mayor velocidad que cualquier corrección. En ese entorno, el problema no es solo la falta de rigor: es la capacidad de esas narrativas para influir en percepciones, radicalizar posturas y, en casos extremos, alimentar conductas violentas. La historia reciente ha demostrado que el paso del discurso a la acción no siempre es tan largo como se cree, especialmente cuando se construyen enemigos absolutos y se simplifica la realidad a un esquema binario.
El punto más delicado —y probablemente el más incómodo de abordar— es el desplazamiento del antisemitismo hacia nuevas formas discursivas. Hoy rara vez se presenta de manera explícita. En muchos casos, se reformula bajo el término “antisionismo”, utilizado no como una crítica política concreta, sino como una categoría total que permite canalizar una hostilidad más amplia. No todo antisionismo es antisemitismo, pero cuando ese discurso se construye a partir de teorías conspirativas, de explicaciones totalizantes del poder y de una demonización sistemática de Israel, la frontera se vuelve difusa.
En ese punto, el problema deja de ser político y pasa a ser estructural. Porque el cuestionamiento ya no se dirige a decisiones específicas, gobiernos o políticas públicas, sino a la legitimidad misma de un Estado y, por extensión, a quienes son identificados —correcta o incorrectamente— con él. Es ahí donde el discurso deja de distinguir y comienza a operar como una generalización. Y cuando eso ocurre, el resultado es conocido: el traslado del conflicto a las personas, la estigmatización y la repetición de patrones históricos que se creían superados.
Resulta especialmente contradictorio que este tipo de marcos sea amplificado por sectores que se reivindican como defensores de los derechos humanos. Porque si algo debería caracterizar a ese enfoque es precisamente la capacidad de diferenciar, de matizar y de evitar las simplificaciones que terminan justificando nuevas formas de exclusión.
Por eso el problema de fondo no es Joe Kent. El problema es el uso que se hace de él.
Porque cuando la crítica necesita apoyarse en figuras que operan desde la desinformación o la conspiración, deja de ser crítica. Se convierte en una narrativa que no busca entender el poder, sino explicarlo de la forma más sencilla posible, aunque esa simplicidad implique distorsionar la realidad.
Y cuando eso ocurre, el debate público ya no gira en torno a hechos, intereses o decisiones. Gira en torno a creencias.
Y ese es un terreno donde la política deja de ser racional y empieza a volverse peligrosa.