"La intimidación, persecución, detención y deportación de inmigrantes indocumentados (...) causará graves problemas en aquellos sectores de la economía que los ocupan": Gabriel Lerner.
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Por Gabriel Lerner.
Desde todos los rincones se ha advertido repetidas veces que la intimidación, persecución, detención y deportación de inmigrantes indocumentados sin consideración por su contribución a la sociedad causará graves problemas en aquellos sectores de la economía que los ocupan.
En muchos casos, inmigrantes que han estado viviendo aquí por muchos años, formando familias, teniendo hijos y cónyuges ciudadanos, se han especializado en las tareas que nuestra sociedad necesita, y como tales conforman una parte orgánica de la sociedad estadounidense. Los necesita para su normal funcionamiento.
Este tipo de advertencias, emitidas por expertos de todos los credos políticos, cayeron en oídos sordos ante el frenesí exhibido por los promotores de las redadas masivas e indiscriminadas contra inmigrantes.
Específicamente, el gobierno ordenó cancelar los permisos de casi 600,000 beneficiados con el programa TPS (Estatus de Protección Temporal) oriundos de ocho países – Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Siria y Venezuela – para proceder a su deportación.
Recordemos que la aprobación de quienes participan en el programa TPS se concedió solo después de repetidas y rigurosas verificaciones de antecedentes. No se trata de criminales sino de gente de bien, trabajadora y especializada, y necesaria para el funcionamiento óptimo de nuestro sistema laboral y económico.
Esta situación crítica amerita una fuerte protesta y movilización por parte de las fuerzas vivas de la sociedad y todo aquel que se preocupa por el bienestar de la población. Sin embargo, todo lo que ha hecho la oposición demócrata es una misiva dirigida al Presidente Trump y sus ministros y firmada por miembros del Congreso y que pide reconsiderar su política migratoria agresiva y discriminatoria en aras de la estabilidad económica, cuyo resultado es exacerbar la presión sobre la fuerza laboral al despojar a decenas de miles de inmigrantes de autorización laboral.
Los inmigrantes representan entre 32% y 40% de los empleados de atención domiciliaria. Son uno de cada cuatro trabajadores en atención residencial y uno de cada cinco en los centros de enfermería. Son enfermeros, asistentes de enfermería, trabajadores de atención domiciliaria y personal de apoyo en los hospitales. Esto es lo que no son: criminales.
De avanzar el plan de desprotección y deportación de los beneficiarios de TPS y otros inmigrantes, estarán en peligro centenares de miles de pacientes en el sistema de salud sostenido por estos trabajadores.
Su ausencia se hará sentir en áreas metropolitanas con grandes comunidades de inmigrantes, como Los Ángeles, Nueva York o Miami, y en hospitales que atienden a la gente de bajos ingresos.
Los costos para las organizaciones que operan los nosocomios, de por sí bajo condiciones financieras adversas, subirán si deben contratar personal local con salarios más altos que los aceptados por quienes serían deportados.
Empeora la situación el recorte masivo dispuesto por Trump y aprobado por el Congreso de mayoría republicana en los presupuestos de Medicaid (MediCal en California).
Ambos procesos en su conjunto podrían llevar al cierre de hospitales, hogares de ancianos y centros de cuidado a largo plazo, tanto municipales como rurales, que en este último caso ya enfrentan una escasez crónica de mano de obra.
Es llamativa la indiferencia desplegada por los funcionarios electos que apoyan estas medidas cuando son sus propios constituyentes quienes sufrirán cuando no haya quien les suministre atención y soporte debidos, o cuando enfrenten aumentos en los tiempos de espera para consultas y procedimientos.
El Congreso debe intervenir y estipular claramente que los beneficiados con TPS cumplen una tarea importante en el cuidado del resto de la población y deben seguir en sus puestos de trabajo sin interrupciones.