Cristiani y Rodolfo Parker a juicio en el Caso Jesuitas

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Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker van a juicio por Caso Jesuitas. Cristiani sostenía que promovió el juicio a favor de las víctimas, pero en la FGR le acusa como un autor intelectual, y a Parker como encubridor.

Por Alessia Genoves


Alfredo Cristiani Burkard y Rodolfo Parker son referidos en el Dictamen de Acusación que los procesa por el asesinato de 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús, y 2 colaboradoras. Los hechos que tuvieron lugar el 16 de noviembre del año 1989 es judicializado en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, tras la re-apertura del caso, el 5 de enero de 2022, que responde a la resolución de cierre ordenada por la Sala de lo Penal (2020).

11 son los acusados en el Caso Jesuita. La Fiscalía General de la República (FGR) detalla que también es judicializado el ex-coronel José Inocente Montano, quien ya fue vencido en juicio por el Tribunal Supremo de España, con una condena de 133 años de prisión. ContraPunto tuvo acceso al documento cifrado en el expediente No. 97/2010 de la Administración de Justicia de España, en la que refiere que Cristiani se reunió con “los Integrantes del Alto Mando: El Ministro de Defensa y los Vice-ministros de la Defensa y Segururidad Pública, Inocente Montano”, antes del atentado que cegó la vida de los jesuitas.

La investigación en el caso ha determinado que el expresidente Cristiani y el padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA de la época, sostuvieron varias llamadas telefónicas previo a la masacre”, detalla la representación fiscal ante la prensa. “En una de las llamadas, Cristiani le asegura que no debe preocuparse por el registro que se ejecutaba en la UCA y le pide que permanezca tranquilo y en el lugar”, añade.

Cristiani Masacre de Jesuitas

Asesinados fueron 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la Guerra Civil. Un comando de élite irrumpió sobre las instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, que hospedaba a las víctimas, identificadas como el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignaciano Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina.

El presidente Cristiani, después de visitar el Cocfa (Centro de Operaciones Conjuntas de la Fuerza Armada) acompañada de su secretario Privado, y esperar que se impartieran las nuevas ordenes, regresó a la residencia de su secretario, y esperar las nuevas órdenes, regresó a la residencia de su Secretario a las 02:22 horas, aproximadamente”, así lo declaró el ex-rector de la UCA, José Martía Tojeira, según se constata en el expediente que responde al proceso penal contra Montano, en España (p. 27. N.º 4 2.015, N.º 97/2010).

Cristiani, por su parte, alega desconocimiento. Sus declaraciones serían distintas de las descritas por Tojeira, y por la misma comisión de la verdad que también cita a Parker como miembro de la Comisión Especial de Honor -que investigaba los asesinatos cometidos por los militares-, que concluiría su participación en la eliminación de información sobre implicados

En su defensa, indicó a la opinión pública que “la verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”.

Pese a las declaraciones de Parker citadas por Tojeira, Cristiani reiteró: “se ha cuestionado que el comandante en jefe de la Fuerza Armada no tuviera conocimiento previo de los planes para asesinar a los padres. La verdad es que después de largos años de regímenes militares y golpes de Estado, la subordinación al poder civil no ocurrió de la noche a la mañana, y no se consolidó sino hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz”.

Cristiani salió del país en marzo de 2022. En la última misiva divulgada en su nombre, no detalló si su exilio de El Salvador responde a su implicación en el Caso Jesuitas, ó a otras acusaciones divulgadas pro la prensa, que responden a hechos de corrupción asociados, como la apertura de 16 paraísos fiscales en las Islas Caimán, o al presunto cobro de sobresueldos que ventiló en la Comisión de Sobresueldos de la Asamblea Legislativa.

Caso Jesuitas

FGR denominó “Caso Jesuitas” al proceso judicial que busca resarcir la dignidad y el derecho a la justicia de las víctimas, los 6 religiosos y las colaboradoras salvadoreñas. El proceso que iniició en 1991, promovido por el ex-presidente Cristiani, no obstante, ha sido frusttrado de manera contínua hasta el 5 de enero del año 2022, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras el último cierre que ordenó la Sala de lo Penal en 2020.

Pero, ¿cómo es que Cristiani promovió la apertura al juicio?. Es un hecho, y ha sido reiterado por el propio ex-presidente: “desde el primer día exigí una investigación objetiva al jefe de la Comisión de investigaciones de Hechos Delictivos de El Salvador  y con el fin de mejorar la calidad técnica y de disipar posibles dudas sobre su credibilidad, solicité al FBI de los Estados Unidos, a Scotland Yard de Inglaterra y a la Policía Nacional de España nos brindaran apoyo en la investigación y así lo hicieron”, según lo refirió ante la apertura al juicio, y a las acusaciones divulgadas por el titiular de la FGR, Rodolfo Delgado, que le implicaban como el presunto autor intelectual.

Por otra parte, el Informe de la Comisión de la Verdad, de la Organización de las Naciones Unidas (1993) también lo implica en los hechos. Sin embargo, a pocos meses de la divulgación del Informe de la Comisión de la Verdad “de la Locura a la Esperanza”, apenas se ratificó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, en el mismo año. El efecto consiguiente llevó a que implicados como el Juzgado de Tercero de lo Penal sobreseyó a militares como al “Ministerio de Justicia, Coronel Inocente Orlando Montano y el Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno”.

Los intentos por reabrir el proceso serían posteriormente frustrados. Inclusive, después de la derogación de la Ley de Amnistía General, ordenada por la Sala de lo Constitucional en 2016, la UCA requirió al Juzgado de Paz de San Salvador la re-apertura del proceso, donde la defensa de los imputados retrasaría el proceso de investigación de la FGR. Sin embargo, como se ha referido, la Sala de lo Penal de San Salvador ordenó el cierre del proceso en 2020.

Cabe destacar que en 2009, pese a que la Ley de Amnistía seguía vigente, la UCA impulsó el proceso penal ante la Administración de Justicia de España, de forma paralela. Y los resultados tuvieron vigor tras 11 de años de estudio judicial, en los que se determinó, en 2020, que el incoado, el coronel Inocente Orlando Montano fue sancionado a 133 años y 4 meses de prisión, por el asesinato de 5 de los jesuitas, los españoles.

Ante ello, la representación fiscal sostuvo que fuecondenado en España por la muerte de los sacerdotes jesuitas; es decir, por los ciudadanos españoles. Las personas salvadoreñas, en éste caso, Julia Ramos y Cristina Ramos, y el otro sacerdote jesuita que era de origen salvadoreño, por ellos no fue condenado allá, y por esos hechos también lo estamos acusando nosotros acá”:

El Caso Jesuita ahora es procesado en la fase de instrucción. La FGR ya estableció las acusaciones contra lo imputados, considerando precedentes como el fallo en contra de Montano, y la disolución de la Ley de Amnistía: “Homicidio, actos de terrorismo, conspiración para cometer actos de terrorismo”, en contra de los militares y jefes. “En el caso del Dr. Parker se le acusa de fraude procesal, así como Ermenegildo Rivas Mejía”, a quienes también se les atribuye el delito de “encubrimiento de personal”.

También son acusados otros 6 miembros de la Fuerza Armada: Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores”. Hay que hacer notar que en éste proceso no se menciona el nombre del ex-coronel Benavidez Moreno, quien ya ha sido sancionado a 30 años de prisión por la misma causa.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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