Por Alessia Genoves
95% de aprobación reciben las políticas de seguridad pública, implementadas durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. El dato ha sido confirmado por la empresa de opinión pública costarricense, Cid Gallup, en su última investigación titulada “La población aprueba las labores realizadas en el campo de la seguridad”. Entre otras cosas, también dio a conocer la aprobación general de su gestión administrativa, en un 85%.
85% de la población, asimismo, considera necesario un sometimiento más intensivo en contra de las maras y pandillas. Los resultados son sostenidos con el tiempo, y reafirmado por encuestas de otros centros de estudio de opinión pública, como el Instituto de Opinión Pública de la Universidad José Matías Delgado (Uca), y el Centro de Estudios Ciudadanos (Ceg), de la Universidad Francisco Gavidia (Ufg), tras los primeros dos meses aprobación. Sus resultados indicaron una aprobación del 78.7%; y un puntaje de aprobación ciudadana de 8.34.
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Seguridad
84% de salvadoreños considera que la seguridad pública “ha mejorado en los últimos 4 meses”. Éstos resultados los concluye el último estudio de Cid Gallup, en respuesta de la aprobación y de las cuatro prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, implementadas por la Presidencia y la Asamblea legislativa. La institución refiere a que “la percepción de los salvadoreños es positiva ante estas medidas y la administración obtiene altos índices de aprobación”.
51,671 personas han sido detenidas, tras ser acusadas de pertenecer o participar con maras o pandillas. Éste dato lo reporta la Policía Nacional Civil (PNC), y representa el acumulado de las detenciones del Régimen de Excepción. Cerca del 90% de los detenidos, más 46 mil personas, han recibido ordenes de prisión preventiva, tras observarse indicios de dichos arraigos. Los homicidios se han contraído en más del 46% respecto al año anterior; y la comisión de dichos delitos se ha sustraído al punto de resultar, en la administración presidencial de Bukele, un registro de 191 días sin homicidios,
“Se observa un alto nivel de respaldo hacia medidas duras contra los pandilleros y con ello el régimen de excepción que indica la gente, es lo que ha facultado al gobierno para la detención de aproximadamente 50 mil personas vinculadas a actividades criminales”, reconoce Cid Gallup.
95% de las extorsiones se han reducido, según lo indican síndicos de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans). Otro 50% de las extorsiones se han reducido en el sector de industrias, según lo confirma la Asociación Salvadoreña de Industriales (Asi); mientras que entre un 40% a un 80% de las extorsiones se han reducido en el comercio, de acuerdo con titulares de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (Ades). Éstos resultados, como se indica, son diferentes de los de Cid Gallup.
Cid Gallup, ahora, confirma que las condiciones son tales en el sistema de transporte, con participación de elementos de la PNC y de las Fuerzas Armadas de El Salvador (Faes), en las unidades del transporte público de pasajeros. “Esta última acción dice los ciudadanos también permitió la disminución de extorsiones a empresarios propietarios de estas unidades de transporte”, indica la institución, de la opinión de salvadoreños.
También, la empresa, revela los resultados de las métricas comparativas de la percepción de la delincuencia en otros países. Particularmente, en El Salvador destaca que apenas 1 de cada 10 salvadoreños “ha sido víctima de la delincuencia en los últimos cuatro meses”. Pero ésta realidad sería distinta en diferentes países de Latinoamérica. De tal modo, Guatemala tendría indica que sus experiencias en el robo son del 53%; Nicaragua, del 45% y Ecuador, del 43%.
Panamá y Costa Rica compartirían resultados similares a los de El Salvador, pero siendo ligeramente más altos. De modo que el primero tendría un porcentaje del 14%; y, el segundo, un porcentaje del 12%, respectivamente. Cid Gallup, de hecho, destaca que los resultados para El Salvador “permiten dar un contexto sobre la aprobación de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno”.
Controversias
8.34 puntos ha sido el puntaje que la UFG ha consignado en la administración de Bukele, de acuerdo con la encuesta titulada “Evaluación de tres años de gobierno del presidente Nayib Bukele: Sin novedades, todo está bien…”. En esa misma encuesta, un 72.2% de la población aprobaría la opción que respalda la Sala de lo Constitucional, para la reelección del presidente.
8.18 puntos consignó el estudio de la UCA, titulado “evaluación ciudadana del tercer año de Gobierno del presidente Nayib Bukele”. Los resultados de la encuesta reafirman el interés de la población salvadoreña, con cerca de un 90%. Sin embargo, los resultados de la encuesta también hacen notar que una porción de la población juzga al gobierno como in-transparente, así reflejado en el 21%.
Bukele se vería favorecido por los resultados obtenidos en la última encuesta. Ésta afirmación la hizo notar el representante de Cid Gallup, Luis Haug, en el programa Diálogo 21, conducido por el periodista Ernesto López:
- Ernesto López: ¿Ésto eleva la categoría de imagen de cualquier presidente? - Luis Haug: Eso depende del lado con que lo veas, y las distintas acciones con que las estés evaluando. Pero, definitivamente, cuando un presidente logra actuar en algún problema que la población está indicando que es uno de los principales; y si observa cambios, impacta directamente en la calificación que en un mandatario se haga. Y de ahí, los índices que hoy se estén observando, que hoy tiene el presidente Nayib Bukele. La gente está contenta con el programa de seguridad. Y, con ello, la gente le está pidiendo: ¡Por favor, continúe en éste camino! La seguridad está siendo cada día más; y, de ahí, entonces, su trabajo está siendo bien evaluado.
López, por otra parte, sostuvo la presunción de inocencia de los detenidos, al referirse a ellos como “supuestos pandilleros”. Ésta condición, por otra parte, sería reforzada a juicio de diversas organizaciones, como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Fundación Cristosal y otras, que acumularon 3,186 denuncias, según lo expusieron el pasado 31 de agosto. El dato, sin embargo, es inferior a las recibidas en le Plan Nacional de Verificación, del la Procuraduría para la Defensa por los Derechos Humanos (PDDH), con una cifra, hasta la cuarta prórroga del Régimen, de 4,640 denuncias.
653 personas habrían sido liberadas hasta el pasado 18 de agosto, según lo confirmaron a ContraPunto autoridades de seguridad pública. Éste dato, sin embargo, representaría sólo el 1.3% de las más de 50 mil personas detenidas en ese momento. Las cantidades también son mínimas en la recepción de denuncias de la PDDH, que reporta tan sólo 5 posibles hechos de violaciones a los derechos humanos, de las recibidas durante la primera prórroga, enumeradas en 170 denuncias.
