Por Alessia Genoves
Un 91% de salvadoreños aprueban el Estado de Excepción de Garantías Constitucionales. El dato ha sido desvelado por el último informe de la empresa de opinión pública, Cid Gallup, que refiere a la percepción de la política de seguridad nacional, para el combate del crimen organizado, y la reducción de las cifras de homicidios.
Al régimen de excepción precedió la declarada “Guerra Contra Pandillas”, desde el pasado 26 de marzo. Desde entonces, más de 14,760 personas han sido detenidas, tras ser señaladas por participar con maras y pandillas. El número de personas llevadas a prisión se ha elevado a las 5,901, quienes confrontan juicios asociados con el delito de agrupaciones ilícitas.
Como resultado, al menos 19 homicidios han sido reportados durante el mes de Abril de éste año; el dato contrasta con los 64 reportados en la misma fecha del año anterior, con 45 homicidios de diferencia. Al mismo tiempo, los reportes enumerados hasta ésta fecha son menores a los 48 registrados en 2020; y a los 155 registrados hasta el 20 de abril de 2019.
Población contra pandillas
Las maras y pandillas han pasado a ser consideradas como agrupaciones terroristas, apenas desde el año 2015, por declaración de la Corte Suprema de Justicia. Es conocida su incidencia delictiva en la distribución de drogas, y en la ejecución de homicidios. Además, sus prácticas también han estado relacionadas con la extorsión, desapariciones forzadas y violencia física.
El actual Estado de Excepción queda patente en el decreto 333º, aprobado en una sesión plenaria extraordinaria el pasado 27 de marzo, recibió 67 de los 89 votos parlamentarios, para aprobarla. En su contenido establece la interrupción de las garantías constitucionales de la libertad de “movilización domiciliar” (art. 5), “asociación” (art. 6, inc. 1), “expresión” (art.7) y al de “confidencialidad de la correspondencia”(art. 24), que establece la Constitución de la República.
De acuerdo con la última encuesta, la percepción de la mayoría de los salvadoreños es favorable al Estado de Excepción, especialmente para el 91% de personas que expresaron estar “mucho” (78%) y “algo” (13%) de acuerdo Sin embargo, el dato contrasta con un 9% de la población que declaró estar “poco” (5%) o “nada” de acuerdo (4%) a favor de la política de seguridad nacional.
Según lo detalla Cid Galllup, “las medidas implementas, entre las que se encuentran incursiones con operativos en comunidades en busca de pandilleros, capturar a cabecillas de las bandas y reforzar los controles policiales en lugares de índices altos de delincuencia, se dieron a raíz del alza de homicidos que se presentaron previamente”.
Y aunque las primeras medidas legales para reprimir a maras y pandillas tuvieron efecto desde el año 2010, con la aprobación de la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas cerca de 1,089,923 hechos de violencia representan una cifra de homicidios acumulada desde 1992, hasta la fecha, de acuerdo con informes oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Muchos de éstos hechos de violencia fueron cometidos en contra de individuos asociados y no asociadas al crimen organizado.
Por si no fuera poco, la empresa de opinión pública detalla que un 88% de la población salvadoreña está “mucho” (77%) o “algo” (12%), de acuerdo “con que se apliquen medidas más duras”, de las que ya se están implementando, en el Estado de Excepción. Ésta dato, sin embargo, contrasta con el 11% de la población salvadoreña de que declara estar “poco” (5%) o “nada” (6%) de acuerdo con la aplicación de políticas de seguridad con mayor intensidad.
“Se observa además que los habitantes no solo se encuentran de acuerdo con las medidas, sino con la rigurosidad de las mismas. Esto porque la gran mayoría así lo indica, estando en especial más fuertemente a favor los hombres y aquellos con estudios de nivel educativo secundario y superior”, detalló la empresa de opinión.
Puntos en contra
Un 9% de salvadoreños está poco o nada de acuerdo con las “medidas tomadas contra los pandilleros”, según lo indicó el informe de la empresa. Una opinión similar la comparten los representantes de organizaciones sociales, como la Fundación Cristosal, y la Oficina de Washington para asuntos de América Latina (Wola), definen a la política como un atentado a los derechos humanos; entre ellos, el del principio de presunción de inocencia.
La suspicacia de la oposición se hace patente en el sobreseimiento de al menos 1 ente 163 imputados. El presidente Bukele interpretó el hecho con probabilidad de que al menos el 1% de los detenidos hayan sido por un “error que un sistema justo debe corregir”. De acuerdo con su estimación, al menos 131 de los más de 13,086 detenidos debe ser inocente, según lo declaró el pasado 12 de abril.
Otras denuncias de detenciones arbitrarias ya se habían hecho. Han denunciado la detención del jugador de la Tercera División de Futbol Profesional Salvadoreño, Fernando Martínez Marroquín (29 de marzo); y la de al menos 4 baristas de la cafetería 1,200 Café (9 de abril), tras la demanda de su liberación, de personas que consideraban que no tenían implicaciones con el crimen organizado. En última instancia, recuperó su libertad el comunicador salvadoreño, Kevin Rivas, según lo anunciaron sus familiares, tras cuatro días de ser arrestado.
Pese a los “errores” anunciados por el presidente, y por la prensa salvadoreña, el partido oficial, Nuevas Ideas, ha anunciado la posibilidad de extender los plazos de prescripción del Estado de Excepción. Particularmente, la diputada Rebeca Santos dijo que “si es necesario vamos a aprobar en la Asamblea Legislativa la prórroga del estado de excepción. Los resultados se están viendo en el combate a las pandillas”, con el propósito de conseguir que la “gente tenga la garantía de estar segura”.
Pero implementar medidas de seguridad más fuertes a las vigentes, es una opción a la que el 11% de los salvadoreños no estaría de acuerdo, según lo destaca Cid Gallup.
