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Por Alonso Rosales
La propuesta del presidente colombiano Abelardo de la Espriella de habilitar buques de la Armada como cárceles flotantes para recluir a los delincuentes considerados de alta peligrosidad vuelve a poner sobre la mesa una vieja fórmula penitenciaria: sacar a los presos de tierra firme, aislarlos y convertir el océano en una extensión de los muros de una prisión.
La iniciativa, presentada como parte de una estrategia de seguridad para impedir que los grandes capos continúen delinquiendo desde las cárceles, ha sido denominada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad. El Gobierno sostiene que busca cortar las comunicaciones y aislar a internos vinculados con organizaciones criminales y redes de extorsión.
Pero una pregunta resulta inevitable: ¿Colombia necesita una política penitenciaria moderna o simplemente está reciclando una idea que la historia ya demostró que puede convertirse en un infierno flotante?
Las cárceles flotantes no son una invención del siglo XXI.
Durante los siglos XVIII y XIX, Gran Bretaña utilizó antiguos barcos de guerra, conocidos como hulks, para encarcelar personas. La medida nació como una solución temporal frente al hacinamiento de las prisiones terrestres. Lo temporal, sin embargo, terminó prolongándose durante décadas.
Los presos eran recluidos en barcos anclados en ríos y puertos, sometidos a trabajos forzados y hacinamiento. Los registros históricos británicos documentan enfermedades, falta de higiene, mala alimentación y elevadas tasas de mortalidad. En los primeros años, aproximadamente uno de cada cuatro internos podía morir durante su permanencia en estos barcos.
En Australia también se utilizaron hulks para alojar temporalmente a condenados que esperaban ser trasladados a las colonias penales. La Biblioteca Nacional de Australia señala que las condiciones eran insalubres y que los presos eran utilizados para trabajos públicos durante el día.
La historia se repitió en otros territorios del antiguo Imperio británico. Hubo barcos prisión en lugares como Bermudas, Gibraltar y otros puertos. En Portchester, Inglaterra, incluso se utilizaron embarcaciones para prisioneros de guerra; algunas llegaron a albergar cientos de personas y fueron descritas por sus contemporáneos como auténticas “tumbas flotantes”.
No se trata, por tanto, de una idea novedosa ni de una solución revolucionaria.
Es una fórmula antigua.
Y precisamente por eso debería mirarse con enorme cautela.
Si la historia de los hulks parece demasiado lejana, basta mirar hacia Estados Unidos.
En Nueva York funcionó durante más de tres décadas el Vernon C. Bain Correctional Center, conocido popularmente como The Boat, una enorme barcaza penitenciaria con capacidad aproximada para 800 personas.
Fue llevada al Bronx en 1992 como una solución temporal al hacinamiento carcelario. Permaneció allí hasta 2023.
Más de treinta años de “temporalidad”.
La experiencia terminó convertida en un ejemplo de los problemas que pueden surgir cuando una solución extraordinaria comienza a considerarse normal. Informes y testimonios describieron filtraciones, moho, calor extremo, problemas de ventilación y deficiencias en la atención médica. La organización Bronx Defenders calificó sus condiciones como deplorables y señaló que varias personas murieron durante el periodo en que estuvo funcionando.
La experiencia neoyorquina deja una advertencia fundamental: el problema no es solamente dónde se encierra a una persona, sino bajo qué condiciones se le encierra y quién controla lo que ocurre detrás de las puertas.
Una cárcel sobre el agua puede tener cámaras, acero, tecnología y soldados.
Pero ninguna de esas cosas garantiza por sí misma los derechos humanos.
Aquí aparece el problema central de la propuesta de De la Espriella.
El aislamiento geográfico puede dificultar el acceso de abogados, familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, médicos independientes y organismos de control.
Y cuanto más lejos se encuentra una prisión de la mirada pública, mayor debe ser la vigilancia institucional, no menor.
Porque una cárcel no puede transformarse en una zona de excepción.
El Estado tiene derecho a privar de libertad a una persona cuando existe una sentencia judicial y dentro del marco establecido por la ley. Pero incluso una persona condenada por delitos gravísimos conserva derechos fundamentales.
La privación de libertad no significa la pérdida de la dignidad humana.
Una sociedad democrática puede encarcelar a un narcotraficante, a un extorsionista, a un asesino o a un jefe de una organización criminal. Lo que no puede hacer es convertir la prisión en un espacio donde la tortura, los malos tratos, el hambre, la incomunicación arbitraria o la negligencia médica sean aceptados como instrumentos de castigo.
Porque entonces el Estado comienza a parecerse precisamente a aquello que dice combatir.
Existe una diferencia enorme entre seguridad y crueldad.
Una prisión de máxima seguridad puede tener controles tecnológicos, bloqueo de comunicaciones, vigilancia permanente, clasificación de internos, protocolos antiextorsión y aislamiento de líderes criminales.
Nada de eso exige tortura.
El problema aparece cuando la política penitenciaria comienza a construirse sobre la idea de que cuanto peor sea la vida del preso, mejor funciona la cárcel.
Esa lógica es peligrosa.
El sufrimiento deliberado no es una política de seguridad.
Es una forma de degradación institucional.
La historia de las cárceles flotantes demuestra precisamente por qué estas estructuras necesitan controles extraordinarios. En los antiguos hulks británicos, el hacinamiento, las enfermedades, el trabajo forzado y las deficientes condiciones sanitarias terminaron convirtiendo una solución administrativa en un sistema profundamente inhumano.
Y Nueva York mostró que incluso en una democracia contemporánea una prisión flotante puede terminar convertida en un símbolo de abandono institucional.
Colombia tiene un problema penitenciario real.
Las cárceles han sido utilizadas por organizaciones criminales para mantener estructuras de extorsión, tráfico de drogas y control territorial. Ese problema requiere una respuesta contundente.
Pero contundencia no significa espectáculo.
La seguridad del Estado no debería medirse por la cantidad de personas esposadas que aparecen en un video ni por la espectacularidad de los uniformes, los barcos o los traslados.
Debe medirse por la capacidad de desarticular las organizaciones criminales.
Por impedir que un jefe criminal continúe dirigiendo una estructura desde prisión.
Por recuperar el control territorial.
Por reducir la extorsión.
Por investigar el lavado de activos.
Por fortalecer la Fiscalía, la Policía, la justicia y el sistema penitenciario.
Y, sobre todo, por impedir que las cárceles sean universidades del crimen.
Una cárcel flotante puede convertirse en una herramienta de seguridad si existe una arquitectura jurídica rigurosa, supervisión judicial, atención médica, mecanismos independientes de denuncia y garantías para abogados y familiares.
Pero puede convertirse también en un agujero negro institucional si se utiliza para esconder personas y reducir la vigilancia pública.
La diferencia estará en las reglas y en los controles.
Aquí es donde la propuesta de De la Espriella merece una discusión mucho más profunda.
Colombia no solamente necesita más cárceles.
Necesita más Estado.
Necesita reconstruir regiones abandonadas, fortalecer escuelas, hospitales, carreteras y oportunidades económicas. Necesita combatir las economías ilegales que alimentan a los grupos armados. Necesita recuperar territorios donde durante décadas el Estado llegó tarde o nunca llegó.
Una megacárcel no reconstruye un municipio.
Un buque prisión no construye una escuela.
Una celda no reemplaza un hospital.
Un muro de concreto no sustituye un proyecto de desarrollo rural.
Y un barco lleno de presos no puede convertirse en la imagen de un Estado que cree que el problema fundamental de Colombia se resuelve encerrando colombianos.
El país necesita seguridad, sí.
Pero necesita también justicia, educación, empleo, infraestructura, salud, instituciones fuertes y oportunidades.
De la Espriella tiene derecho a plantear una política de mano dura contra el crimen. Pero gobernar no consiste únicamente en construir lugares donde meter a los delincuentes.
Gobernar también significa preguntarse por qué Colombia sigue produciendo generaciones de jóvenes que terminan capturados por las economías criminales.
Por eso, antes de convertir los barcos de la Armada en cárceles, el Gobierno debería responder una pregunta mucho más importante:
¿Qué está haciendo para que las próximas generaciones de colombianos no necesiten una cárcel?
Porque una nación no se reconstruye llenando prisiones.
Se reconstruye evitando que la prisión sea el destino de quienes nacen sin oportunidades.
La historia de los barcos prisión debería servir como advertencia, no como inspiración.
El mar puede separar una cárcel de la sociedad.
Pero no puede separar al Estado de sus obligaciones.
Y si Abelardo de la Espriella realmente quiere transformar Colombia, debería comenzar por reconstruir el país antes de pensar en construir más lugares para encerrarlo.
Colombia necesita menos espectáculo penitenciario y más Estado. Menos propaganda del castigo y más justicia. Menos cárceles como símbolo de poder y más oportunidades como símbolo de futuro.
Porque antes de pensar en llenar barcos de presos, habría que preguntarse cómo hacer para que Colombia vuelva a llenarse de escuelas, hospitales, empleo, caminos, universidades y esperanza.