Por: Alessia Genoves


Al menos dos ex-presidentes de la República y once ex-funcionarios figuran en la Lista de Corrupción del Estado. Los señalados responden a las administraciones presidenciales del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), durante los quinquenios 1999-2004 y 2004-2009.

Un total de 13 ex-funcionarios del partido habrían cometido diversos ilícitos, apropiándose de más de $400 millones de dólares; sin embargo, la administración de justicia ha reducido la responsabilidad civil de los imputados, a montos que, en suma, totalizan cerca de $350,8 millones de dólares, que adeudan al Estado.

-$350,8 Millones en Penas

Durante los diez últimos años de los gobierno de ARENA, la presidencia estuvo representada por Francisco Guillermo Flores y Elías Antonio Saca, quienes han sido procesados y responsabilizados con cargos de desvío de fondos públicos, así como por los delitos de peculado y lavado de dinero, respectivamente. El primero, por la apropiación de $10 millones, de donativos del gobierno de China Taiwan (en 2001); y el segundo, por la sustracción de al menos $260 millones de dólares, en beneficio de su capital.

Múltiples casos de corrupción han sido investigados durante duchas administraciones. La Fiscalía General de la República (FGR) los denominó, en su momento, “Caso Taiwán” (-10 millones); “Caso Destape a la Corrupción” (-$260 millones); “Caso Diego de Holguín (-73 millones) y el “Caso Infocentros” (-$6,19 millones). A éstos se suman las retenciones salariales de empleados de la Alcaldía de San Salvador, por la administración del ex-alcalde Ernesto Muyshondt (-$5 millones).

Otras imputaciones que figuran en la lista aún están siendo procesadas, entre ellas, el denominado caso “Operación Cuscatlán”, que vincula al ex-alcalde Ernesto Muyshondt y al ex-candidato Norman Quijano, en los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Fraude Electoral, en 2014.

También destaca el caso de el ex-alcalde del municipio de Apopa, Elías Hernández, quien es procesado por irregularidades en su administración (-6,5 mil), y por su implicación en casos de homicidios y agrupaciones ilícitas.

Caso Taiwan (2001)

De ambos casos, sin embargo, sólo el expresidente Saca recibió las condenas de sus imputaciones, debiendo cumplir 10 años de prisión; al mismo tiempo en que fue responsabilizado por la sustracción de los donativos de Taiwan, debiendo saldar una pena de responsabilidad civil por $6 millones de dólares, al declarar que su partido fue el principal receptor de los fondos.

Ésta condena también fue compartida por el actual tesorero del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA, Juan Tennant Wright, y por el ex-presidente Gerardo Balzaretti, quienes deberán saldar al Estado un monto de $2 millones de dólares, cada uno.

En las Comisiones de Antejuicio de la Asamblea Legislativa, funcionarios admitieron que Arena se benefició de donaciones Taiwan (2001)

Destape a la Corrupción

Más de $300 millones de dólares declaró el presidente Saca sustraer del erario público, en el caso denominado “Destape a la Corrupción”. $260 millones de dólares fue condenado a pagar, más una pena de cinco años, tras la sentencia que se ventiló en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, en septiembre de 2018.

Junto con Saca, también fueron condenados a prisión otros siete ex-funcionarios; entre ellos, su esposa y ex-primera dama de la República, Ana Ligia de Saca (10 años). También fueron condenados el ex-secretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix (10 años); el ex-secretario de la Juventud, César Funes (5 años); y el ex-secretario de Comunicaciones, ahora difunto, Julio Rank (5 años).

En el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) también involucró al ex-gerente financiero, Francisco Arteaga; así como el ex-tesorero institucional, Jorge Herrera y el contador privado (Pablo Gómez). Sin embargo, éstos nombres no figuran en la lista de corrupción.

Diego de Holguín

La lista del Estado señala al ex-ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, al ser procesado por el delito de peculado. La investigaciones de la FGR estimaron que el monto del dinero desviado de las arcas públicas, era de al rededor de $73 millones de dólares. Las imputaciones establecían una pena de hasta doce años de prisión.

Jorge Nieto fue sobreseído de sus imputaciones por irregularidades procesales. Fotografía: ContraPunto El Salvador.

Sin embargo, el ex-funcionario fue absuelto por la Cámara Tercera de lo Penal, al alegar algunas irregularidades procesales. En el caso también fueron procesados Jorge Orlando Colorado Cordero, Carlos Arturo Ruíz Ayala, Ernesto Iván Cañas Ayala, Ile María Guadalupe Calderón Giralt de Carpio, Raúl Eduardo Menjívar Pleitez y Sigifredo Ochoa Gómez”, por algunos delitos asociados con Nieto, según lo destaca la FGR.

Infocentros

$6,17 millones de dólares fueron administrados, de forma irregular, por el ex-presidente del Banco Multisectorial de Inversión (BMI), Ernesto Angelucci Silva y por el ex-director de la Asociación Infocentros, Armado Figueroa Salinas, durante la administración de Flores y de Saca (1999-2009).

Ernesto Angelucci y Armando Figueroa estuvieron implicados en la gestión de fondos públicos con Infocentros. Fotografía: FGR

La FGR detalla que los fondos fueron asignados desde la “La Red del Desarrollo”, un mecanismo que buscaba financiar varios programas educativos, con diferentes instituciones públicas, desde el año 2000. Angelucci y Figueroa fueron condenados a penas de hasta 10 años de prisión, en abril de 2019.

Operación Cuscatlán

Más de $100 millones de dólares fueron ofrecidos a líderes de la Pandilla 18 y de la Mara Salvatrucha, por el ex-presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, para garantizar ventajas electorales en las elecciones que se celebraron el año 2014, en las que se postularía como presidente de la República, frente su adversario Salvador Sánchez Cerén, según lo sostiene la FGR.

El Ministerio Público asocia al ex-funcionario los cargos de “agrupaciones ilícitas” y “fraudes electorales”, junto al ex-diputado Ernesto Muyshondt, quién también habría negociado, en ese período, una cantidad de $69 mil dólares.

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Ambos ex-fucionarios aún están siendo procesados, por dichas atribuciones penales. Sin embargo, en el caso de Quijano, el proceso se ha detenido, luego de que el Juzgado Quinto de Instrucción alegara la validez de su inmunidad diplomática como actual diputado del Parlamento Centroamericano, pese a que el beneficio lo obtuvo hasta seis meses después de la resolución.

En el caso de Muyshondt, aún no ha sido procesado por el posible pacto entre maras y pandillas. Sin embargo, está siendo procesado por “Defraudación al Fisco”, en la modalidad de “Apropiación Indebida de Retenciones Tributarias”, en perjuicio de 41 víctimas y 54 entidades financieras, mientras se desempeñaba como titular de la Alcaldía de San Salvador. En el último caso, la FGR estima que el monto de $5 millones de dólares en las causas penales adscritas.

Caso Elías Hernández

El ex titular de la Alcaldía de Apopa, Elías Hernández, recibió una sanción de 12 años de prisión, por el Tribunal Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, al ser condenado por el delito de homicidio simple. Recién el pasado 16 de febrero, su pena incrementó hasta 20 años de prisión, al ser condenado por el delito de homicidio simple, en perjuicio de un ciudadano salvadoreño.

Ex-alcalde de Apopa deberá devolver al Estado $652,4 mil dólares. Estuvo implicado en un homicidio. Fotografía: Cortesía.

Además, se apropió de al menos $652,423.74 dólares de los fondos públicos, provenientes de la propia alcaldía, durante su administración. Según lo detalla la FGR, mucho de ese dinero no fue declarado, ni se tramitó regularmente con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

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