Por Alessia Genoves
42% de las mujeres trans se dedican al trabajo sexual, y apenas el 7% de ellas logra culminar su formación universitaria. Un 50% de ellas no logra superar los estudios de primaria. El dato ha sido divulgado por la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humanos (Aspidh), Arcoiris Trans, en su informe titulado “No Muero, Me Matan 2021”.
“Golpizas y agresiones físicas” fueron la mayor expresión de intolerancia infringida contra de mujeres trans. La incidencia de éste tipo de vulneraciones responde al 50% de los hechos de violencia registrados por aquellas que ejercen el trabajo sexual. No obstante, la frecuencia en el establecimiento de denuncias apenas se observó en un 14% de los casos.
Derechos a la identidad de género y a la no discriminación son demandas constantes, para instituciones como Aspidh, y la Mesa Permanente para una Ley de Identidad de Género, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El informe, sin embargo, no reconoce “avances significativos” en la garantía de derechos humanos de personas LGBT; sin embargo, destaca algunos esfuerzos que instituciones públicas como la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mineducyt) y la Procuraduría General de la República (PGR) hay desarrollado.
Violencia
43% de las mujeres trans reportaron ser víctimas de hechos de discriminación en El Salvador. La proporción es equiparable a países como Ecuador; pero está por debajo de países como Guatemala, Bolivia y Uruguay, donde los hechos de discriminación llegaron al 59%, en el primero, y 67% en los dos últimos, respectivamente.
De acuerdo con el informe regional, las golpizas llegaron a un 21% de la población denunciante; aunque el varía con el informe nacional, donde la concurrencia de éste vulneraciones llegó al 50% de los casos reportados. Ahora, en coherencia con el informe regional, la proporción es inferior a países como Paraguay (27%), Chile (33%), Costa Rica (42%) y Nicaragua (81%).
Cedostalc, sin embargo, no reportó hechos de violencia homicida en El Salvador. Sin embargo, hasta el año 2021, se reportaron aproximadamente 8 homicidios, de los que fueron víctimas personas LGBT, cuando el registro nacional de homicidios fue de 1,140 salvadoreños, en total. Es decir, una cifra similar a al del 2020, cuando el registro de homicidios fue de 1,341 homicidios en total; y una contracción del 50%, respecto del año 2018.
La tendencia decreciente sería similar, al compararla con los homicidios contra personas LGBT. De modo que, de los 3,942 homicidios reportados por la PNC, al menos 26 serían de personas LGBT+, para el año 2017. En el año 2018, los reportes eran de 3,340 homicidios, de los que 16 serían de personas sexo-diversas. En 2019, los registros generales de homicidios eran de 2,398, de los que al menos 10 respondería a la población LGBT+.
50% de las agresiones, caracterizadas como golpizas, tuvieron lugar en el 50%; mismos cometidos por el 36% de individuos identificados como “clientes de trabajo sexual”. Ésta cifra es superior a la de Panamá (20%) y a la de Uruguay (21%); pero inferior a la de Perú (47%) y a la de Costa Rica (50%)
Los hechos de violencia fueron reportados por Aspidh, a través del Cedostalc. Sin embargo, no todos llegaron a concretarse en denuncias formales. De hecho, el informe nacional hace notar que apenas en el 14% de los hechos de violencia y discriminación, las víctimas interpusieron denuncias; quedando un margen del 86% como hechos de violencia no denunciados. Mientras que, a nivel de la región mesoamericana, un 43% de las víctimas interpuso una denuncia formal, en contraste con el 56% que no lo hizo.
Discriminación
El trabajo sexual, desde luego, figura como el mayor espacio de discriminación, con un 50% de hechos denunciados. “El otro mayor lugar donde ocurrieron fueron los sistemas panitenciarios, con un 14.30%; los servicios de salud, con un 7.14%; la calle, con otro 7.14%; el sistema educativo., también otro 7.14%; y eldomicilio del agresor, también otro 7.14%”, detalló a ContraPunto, la documentadora de Aspidh
Respecto del registro de vulneraciones en el sistema penitenciario, el informe regional hace notar que El Salvador tiene la proporción de hechos de violencia contra personas trans más alta, al menos hasta el término del año 2021, en la región Latinoamericana. Acontece, en registros, Costa Rica, con una proporción del 8.33% y Argentina, con una de apenas el 3%.
Los centros educativos, por otra parte, demostraron una incidencia inferior de hechos de violencia respecto a países como Uruguay. Sin embargo, el informe nacional hace notar que las mujeres trans han recibido un bajo nivel de instrucción. “La mayoría de personas trans, de éste informe, no terminaron la Primaria; seguido de las que no terminaron la secundaria . Si bien, son bien pocas las que llegan a terminar la secundaria, pero es como que si cas a los centros educativos, hay como más deserción escolar. Si no hay tantas agresiones en el sistema educativo, es porque en un principio no van a los centros educativo”, indicó Pamela Orellana a ContraPunto.
Hay que hacer notar, sin embargo, que el nivel de instrucción de El Salvador, en personas trans que finalizaron la primaria, es apenas inferior al de Nicaragua (38%) y al de Honduras (42%); y es superior respecto de México (12%), Chile, Argentina y Bolivia (9%. respectivamente). Mientras que el nivel de instrucción de secundaria completa, que es del 25% en El Salvador, es bajo respecto al de las mujeres trans entrevistadas en Argentina (69%), Honduras (33%) y Chile (26%) que no finalizaron sus estudios secundarios.
“De éste informe (nacional), sólo el 7% tiene el nivel universitario completo”, indicó Pamela Orellana. Éste grado de instrucción es definido como “terciario o universitario”, pero es inferior al de Ecuador (23%) y Ecuador (17%) y superior al de países como Bolivia Argentina, Nicaragua y Honduras, que llegaron al 0%, en el registro regional; y ligeramente superior al de México, con una proporción de universitarias graduadas del 6%.
La influencia del nivel de instrucción sería observable en los medios de vida de algunas mujeres trans, identificadas en la reciente encuesta. De modo que el trabajo sexual sería la principal fuente de trabajo, en el 42.8% de los casos; mientras que el trabajo informal, el trabajo formal y el trabajo como activistas representaría, a cada uno, el 14.29% de los casos. Por otra parte, un 7.14% de los casos se identificó como desocupada.
Esfuerzos en El Salvador
Garantizar la cobertura de derechos humanos y evitar la discriminación son dos de los principales objetivos identificados por Cedostalc, en sus informes. Los hallazgos de Aspidh hacen notar la continuidad de algunas garantías institucionales alcanzadas, pero concluye que en 2021 “no se observaron avances significativos”.
“En éste momento, no contamos con derechos que sean palpables para la población LGBT. Nuestro trabajo, como organización, es generar alianzas con instituciones públicas, y trabajar de la mano para garantizar los derechos humanos de éstas poblaciones”, reiteraría la titular de Aspidh, Mónica Linares.
Aspidh evaluó el contexto institucional, identificando la continuidad de algunos avances en el Mineducyt, la PGR y en la PNC. En la primera, observaría esfuerzos en la aplicación del “Plan Estratégico Institucional con Perspectiva de Género y avances con la creación de una Dirección de Inclusión Educativa para poblaciones vulnerables”. Sin embargo, éstos esfuerzos estarían limitados a patrones culturales, pese a los esfuerzos de la Ley de General de Educación, la Ley de la Carrera Docente y la Ley de Educación Superior “en las cuales se desarrolle el principio de inclusividad el diversidad”.
En la PNC, por otra parte, se contaría con una Política de Género, desde el 2011, para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional. Por otra parte, la PNC instruiría a las nuevas generaciones de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) a garantizar mejores condiciones de respeto a personas trans, según lo indicó a Aspidh, la comisionada Blanca Lidia Figueroa. Sin embargo, identificaría limitaciones en la provisión de infraestructuras para mujeres trans sometidas en bartolinas, aunque se declararían esfuerzos por resguardar la integridad de las recluidas.
La PGR, por otra parte, mostraría algunos avances en la documentación y el registro de personas LGBT+, que requieren de sus servicios. Aspidh detalla que la institución ha demostrado avances tras las reformas suscitadas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv), y la reforma de la Ley Orgánica de la PGR; y el seguimiento de las recomendaciones y capacitaciones compartidas por organizaciones LGBT+.
Sin embargo, ASPIDH observaría que, “el tema de mujeres trans en el sistema penal, destaca la total ausencia de lineamientos especiales y falta de infraestructura”; de modo que algunas de las reclusasas serían “obligadas muchas veces a cumplir tiempo de detención administrativo o del plazo para inquirir a ser víctimas”, entre otras cosas. Hasta el año 2021, Aspidh reconocería que la Dirección General de Centros Penales hace esfuerzos por garantizar un “internamiento como un mecanismo no formal de tratamiento diferenciado”.
