Por Alessia Genoves
$30,000,000.00 USD financiarán la Fase VI del Plan Control Territorial (PCT). La información ha sido anunciada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, durante la cadena nacional en conmemoración a los 202 años que El Salvador proclamó su independencia del Reino de España. El nuevo rubro de financiamiento justificará el presupuesto para la financiación de una nueva Dirección de Integración, y se adhieren al total de inversión al PCT, estimado por ContraPunto, de $386,553,207.00 USD
“Fase de Integración”, así es como el presidente denominó el progreso de la política de seguridad, que comenzó a aplicarse durante los primeros dos años de su administración. Según lo explicó: “La mayoría de fases del Plan Control Territorial… se enfocan en la contención de la violencia, se enfocan en el combate directo a la criminalidad. Pero estas nuevas fases, al igual que la fase dos, la fase de oportunidades, se enfocarán en las necesidades de mediano y largo plazo. El Estado salvadoreño, la empresa privada, las universidades, las comunidades, el resto de sectores de la sociedad deben ayudarnos e integrarse para combatir la pobreza, que tiene múltiples causas”.
“Las políticas de seguridad del presidente Bukele no son una solución a largo plazo”, dijo en su momento una periodista feminista en un programa de entrevistas ecuatoriano, ante la premisa de si su política de seguridad podría aplicarse en el país suramericano. La opinión de la periodista refería, precisamente, a la presunta ausencia de medidas de prevención a la adhesión de agrupaciones terroristas, una observación que en su momento compartió el Departamento de Estado de Estados Unidos, el país en dónde se originó la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, como otras agrupaciones terroristas del mundo. Lo cierto es que, en el curso de las cinco fases del PCT, los homicidios intencionados se han contraído a un 75.5% en un sólo año, pasando de los 424 identificados hasta el pasado 15 de septiembre de 2022, a los 103 en éste año.
Nayib Bukele, sin embargo, no detalló de forma pormenorizada cuáles son los objetivos concretos del PCT, y los mecanismos de actuación. Lo cierto es que la mayoría de los acuerdos del PCT han sido declarados bajo reserva de información, desde el año 2021. Por tanto, no se puede afirmar si el PCT podría resarcir las demandas de la población civil que denuncia arrestos arbitrarios; o cuál sería la respuesta ante las 7,974 denuncias procesadas por oenegés y el denominado bloque del “Observatorio de Derechos Humanos durante el Régimen de Excepción; y si ésta revisará su contenido, al igual que el ex-procurado Apolonio Tobar, para dar cuenta si existen denuncias repetidas y/o violaciones a derechos humanos.
Menos homicidios
450 días sin homicidios intencionados se cuantifican durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. El dato se deduce partiendo de las recientes declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien hasta el pasado 10 de septiembre sostenía que, al cierre del día anterior, se registraban hasta 446 días sin homicidios. Los recientes informes de la PNC registran al menos 4 días sin homicidios, hasta la fecha del 15 de septiembre del año 2023.
103 homicidios intencionados han sido reportados a la fecha del 15 de septiembre de 2023. El dato, como se ha explicado, es inferior en un 75.7% respecto a los 424 homicidios intencionados que fueron registrados en la misma fecha del año 2022. Éstos últimos, a su vez, definieron una contracción del 48.4% respecto a los 882 homicidios intencionados que fueron registrados en el mismo período del año 2021. Para el mismo período de 2020 y 2019, la PNC rindió los reportes de homicidio, de la misma naturaleza, con cifras respectivas de 883 y de 1,977.
“Desde la llegada del Presidente @nayibbukele, El Salvador se ha convertido en el país más seguro de Latinoamérica. Durante la actual administración, alcanzamos los 446 días sin homicidios. En el pasado, esto era impensable”, diputado presidente, @ECastroES. pic.twitter.com/KVQanXXZYC
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) September 12, 2023
También es posible observar que, en el curso del presente año, han sido los meses de abril y julio los que han reportado una menor cifra de homicidios, llegando al registro de 8 cada uno. Al mes de junio, la PNC llegó a reportar hasta 10 homicidios intencionados; mientras que los meses de enero, febrero y cerraron con cifras respectivas de 13, 14 y 12. Por otra parte, mayo cerró con 17 homicidios registrados, cantidad que sólo es secundada por la de agosto, que cerró con 16 hechos de sangre, de la misma categoría. El registro de homicidios ha sido decreciente, y más contundente, desde la aplicación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales; y las cifras del año en curso son apenas equiparables a las de mayo y julio de 2022, cuando se registraron 16 y 13 homicidios intencionados.
No obstante, los registros son cuestionados por la prensa, al evidenciar un contraste respecto de la información divulgada en instituciones como el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República (FGR), en suma de aquellos datos recolectados de forma hemerográfica que presumen la existencia de al menos 92 homicidios en contra de pandilleros. Pero no todos los datos reportados responden a la misma naturaleza; pues la información citada por ContraPunto, la divulgada por la PNC, es la de los “homicidios intencionados”, mientras que el resto de las instituciones reportan información dispersa, incluidos aquellos entre las 813 muertes reportadas por incidentes de tránsito.
Respondiendo a las dudas, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) ya ha notificado que el categoría de homicidios reportada públicamente por la PNC, la de homicidios intencionados, responde a la aplicación del Protocolo de Bogotá. El documento define al homicidio como “la muerte de una personas provocada por una agresión intencional”; que, por tanto, “se excluyen los homicidios no intencionales, los accidentales y las tentativas de homicidios”. Sin embargo, la PNC no cuantifica en forma conjunta los homicidios a terroristas, generados por la confrontación a la declarada Guerra Contra Pandillas (25/03/2023, MJSP); ello, pese a que el protocólo indica que “están incluidas las muertes por agreción acontecidas en el contexto de guerras internacionales, conflictos internos y disturbios civiles”.
Bukele, menos homicidios
Durante la administración del presidente Bukele, del 1 de junio de 2019 al 15 de septiembre de 2023, es posible cuantificar hasta 4,124 homicidios. La cifra es inmediatamente inferior respecto de los mismos períodos administrativos de las precidencias antecesoras. De modo que, durante los 4 años y medio de la administración del ex-presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), llegaron a cuantificarse hasta 21,431 homicidios de la misma naturaleza; lo que supone una contracción del 80.79% en el quinquenio de Bukele (durante los 4 años y 3 meses transcurridos).
Mientras que, en comparación al mismo período de administración del ex-presidente Carlos Mauricio Funes (2009-2014), llegaron a cuantificarse hasta 14,487 homicidios intencionados, lo que supone una variación a la baja del -71.53% homicidios durante la administración de Bukele, en el período consignado. Mientras que, si durante los 4 años y medio de la administración del ex-presidente Elías Antonio Saca (2004-2009) llegaron a registrarse hasta 16,846 homicidios intencionados; ello indica que la contracción en la cantidad de homicidios representa un 75.52%.
ContraPunto concluye, pues, que la administración del presidente Bukele ha definido una contracción sustancial en la cantidad de homicidios, cuya diferencia respecto a las administraciones anteriores, en los últimos 20 año, supone un descenso que puede medirse en los intérvalos de los 80.75% y el 71.53%. Los resultados, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad Pública, responden a la aplicación del PCT, a su V fase vigente, y a la del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales.
Mayor inversión pública
$30,000,000.00 USD se inverten en la Fase VI del PCT, denominado “Integración”. Como se ha mencionado, se adhiere a los $386,553,207.00 USD que ya se habían justificado, desde años anteriores, en el Presupuesto General de la Nación para los ramos del Ministerio de Defensa ($111,255,220.00 USD) y en el del MJSP ($305,297,987.00). De tal modo, es posible deducir el total de la inversión pública para tal finalidad, y en adhesión a la reciente promesa del presidente Bukele, por $416,553,207.00 USD.
Cristian Guevara, el jefe de Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, ha indicado que la inversión en el PCT y el Régimen de Excepción es “la política de seguridad más rentable que se ha implementado”. El ex-titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, ya indicaba que las maras y pandillas cobraban al sector productivo y a la familia salvadoreña, “aproximadamente $1,000,000.00 USD anuales”. Con base a la última afirmación, es posible estimar que las agrupaciones terroristas habrían sustraído de forma ilegal, sólo mediante la extorsión, más de $20,000,000,000.00 USD, en los últimos 20 años transcurridos; un saldo que sería hasta 48.8 veces mayor a la inversión pública del PCT.
Bukele añadiría en el discurso de la cadena nacional: “Para ejecutar esta fase, vamos a crear la Dirección Nacional de Integración. Esta nueva dirección será dirigida por mi amigo Alejandro Gutman, que está aquí con nuestro gabinete y será parte pronto de nuestro gabinete. Él ha trabajado por más de veinte años en las comunidades más desfavorecidas y ha ayudado a miles de jóvenes a encontrar oportunidades de crecimiento. Conoce el problema y conoce cómo solucionarlo. Hemos discutido esto y hemos hablado extensamente sobre el tema. De hecho, tenemos ya mucho tiempo de estar hablando de lanzamiento de esto. Así lograremos votar esos muros invisibles que aún quedan en las comunidades, los lograremos integrar a la gente de todo el país”.
ContraPunto, por su parte, ha sustraído la información de la inversión pública de los Diarios Oficiales que contienen el Presupuesto General de la Nación, en competencia a los referidos Ministerio de Defensa y del MJSP. Para explicar la distribución de los saldos, de forma desagregada, es posible observar que a éste último se le designó $62,357,090.00 USD en el Presupuesto del Año Fiscal 2023; mientras que para el año 2022, se le designó un Presupuesto de $241,440,897.00 USD. Aunque, inicialmente, en el año 2021, era el de $1,500,000.00 USD.
$111,255,220.00 USD, por otra parte, se invierten en el Ministerio de Defensa. Para el año 2022, ContraPunto observa una designación de $64,111,150.00 USD para el financiamiento del PCT; mientras que para el año 2023 -el año en curso-, la inversión es la de $47,144,070.00 USD. Por otra parte, el país heredó el Plan de Seguridad Ciudadana del Gobierno del ex-presidente Sánchez Cerén, que llegó a financiarse desde 2019 a 2021, por un saldo de $490,487,337.00 USD; es decir, un saldo superior a los $386,553,207.00 USD designados para el PCT, en un -21.19%.
Controversias
ContraPunto ha observado que las mayores controversias se han suscitado tras la implementación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. Durante la administración del PCT, sin embargo, los señalamientos se han dado desde la prensa (La Prensa Gráfica y Diario El Faro), y desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes sugieren el gobierno había pactado, presuntamente, con maras y pandillas hasta el 25 de marzo de 2022. cuando las maras ejecutado 174 muertes hasta el 27 de marzo del mismo año. Los datos no han sido constatados por ningún medio, y no se han atribuido sanciones en contra del gobierno por dichos señalamientos.
Cierto es que el Régimen de Excepción ha permanecido vigente desde el 27 de marzo de 2022, que aconteció tras el registro de las 172 muertes registradas al mes de abril del mismo año. También es cierto que tras su implementación, la contracción de homicidios en un año es del 75.7%. Sin embargo, organizaciones sociales han llegado a divulgar informes sobre la presunta comisión de infracciones a los derechos humanos, con reportes que llegaría a totalizar los 7,974 hechos.
Apolonio Tobar, por su parte, había sostenido que la mayor parte de las denuncias recibidas durante su administración representaban documentos de arraigos; más no precisamente a denuncias. La actual titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, no ha compartido informes parecidos. Lo cierto es que instituciones como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), han indicado que varios de los denunciantes han remitido más de una queja o denuncia a sus instituciones. Ésto último podría suponer que la cantidad de personas afectadas es mucho menor.
179 muertes al interior de Centros Penales, por otra parte, reportan las mismas organizaciones sociales. Inicialmente, al menos 90 de las muertes fueron confirmadas por representantes del Gabinete de Seguridad ante el Comité Contra la Tortura (Cat, en inglés), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al mes de noviembre de 2022. Mientras que para el mes de julio de 2023, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, habría confirmado una cifra de 142 muertes en Centros Penales, pero con motivos asociados al archivado de las denuncias porque, según concluyó, “no existen delitos qué perseguir”.
Cabe añadir que Rodolfo Delgado también explicó ante la prensa que la cantidad de muertes en cárceles representaba un volumen mayor, respecto al que se reportaba durante la administración del Régimen de Excepción. Por otra parte, ContraPunto identifica que al cierre del año fiscal 2022 es posible identificar 102 muertes en cárceles, una cantidad relativamente superior respecto a los 94 identificados por el MJSP y la Dirección General de Centros Penales en el mismo período del año 2020. Sin embargo, la cantidad es menor respecto a los 108 reportados en 2019, y a los 130 identificados durante el año 2018. Para junio de 2023, según las organizaciones, la cantidad de muertes en cárceles sería de 60.
Pero no sólo el Estado sería el responsable. Cierto es que las muertes en centros penales identificadas, responden al contexto en que la población penitenciaria está sujeta a la tutela del Estado. Pero representantes de las organizaciones sociales, como la titular del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, sostiene que ha existido un registro de homicidios carcelarios ejecutados por miembros de maras y pandillas:
Ingrid Escobar explicó a ContraPunto: “por información que tenemos de los liberados, el dominio lo tienen los internos activos de pandillas, los reos internos condenados. Entonces, de esa individualización de responsabilidades, nosotros tenemos nociones generales, por lo que nos dicen los liberados”. Pero la mayoría de las acusaciones se harían, por otra parte, en contra del Estado de El Salvador; mientras que la minoría sería dedicada a otros internos.
Sin embargo, las organizaciones declaran un desconocimiento de los hechos, y cómo éstos pudieren cuantificarse. “Como no existe la información oficial, ¿de dónde nosotros obtenemos la información?: Fuentes directas. Nosotros ya llevamos decenas de nuestros casos en el Socorro Jurídico. Lo primero que nos dicen es que, en Izalco, pasan un pasillo de 50 metros donde los custodios que son agentes del Estado los golpean, ahí. Y hay responsables. Pero un responsable subsidiario es el director de Centros Penales, que no es capaz de ordenar a su gente. Porque, ¿a quiénes deben ordenar los Centros Penales?, a los custodios”, explicó a ContraPunto, Ingrid Escobar.
