Por Alessia Genoves
291 días sin homicidios se identifican durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. El dato es identificado por la Policía Nacional Civil (PNC), cifra que se mantiene desde el pasado domingo 29 de enero, y que se deduce del último cálculo compartido por el criminólogo Ricardo Sosa, hasta el pasado sábado 28 de enero. Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informa que el número de personas detenidas durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales asciende a los 62,975.
3,313 personas han sido liberadas durante la primera semana del mes de enero. El dato lo divulgó el titular del MJSP, Gustavo Villatoro, a la prensa. Durante la segunda semana de enero, el dato fue reiterado por el presidente Bukele, alegando el respeto a las garantías de los derechos humanos de los imputados. Sin embargo, la misma institución ha sido citada por la organización Human Right Watch (HRW), con información desactualizada hasta el mes de agosto de 2022, señalando presuntos “abusos a gran escala”.
3,071 presuntas denuncias fueron llevadas ante el Comité Contra las Torturas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Las demandas de las organizaciones concluyeron en la rendición de resultados por parte del Estado, y el respeto a las garantías penitenciarias. Las denuncias que fueron cuestionadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, derivan de organizaciones como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS), y otras.
Menos homicidios
21 días sin homicidios se cuantifican durante el mes de enero. El dato se adhiere a los 169 días sin homicidios que el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, dio a conocer en el balance de resultados del Régimen de Excepción, hasta el 31 de diciembre de 2022. Ésto quiere decir que los días sin homicidios desde la vigencia del Régimen son 190.
291 días sin homicidios, como se ha informado, responde a la cifra oficial que la PNC reconoce en sus informes periódicos. Esto quiere decir que la proporción de días sin homicidios es la del 65.29% sólo durante el Régimen de Excepción. Tanto en los períodos anteriores y de vigencia al Régimen, la PNC y las Fuerzas Armadas (FAES) han actuado conforme al Plan Control Territorial (PCT). Hasta la fecha, varios de los operativos responden a la vigente Fase V del PCT, denominada “Extracción”.
El criminólogo Ricardo Sosa, por su parte, hasta la primera semana del mes de enero, compartió sus previsiones a la opinión público, y sostuvo que el gobierno del presidente Bukele cerraría en menos de “90 días un año completo sin homicidios”.
11 son los homicidios reportados hasta el 30 de enero del año 2023. La cifra es inferior respecto de las registradas en el mismo período del año 2022, cuando se cuantificaron 76 homicidios, lo que indica una disminución del -99.1%. Mientras que, en la misma fecha del año 2021, la cantidad fue de 103 homicidios; y en la misma del 2020, el número resulto en 120 homicidios. Finalmente, en el año 2019, la cantidad de homicidios, hasta el 30 de enero, fue de 281, de la que corresponde una reducción aritmética del -96%.
ContraPunto hace notar que la tendencia en el descenso de homicidios es recurrente, al cierre de cada año fiscal. De modo que hasta 2022, la cantidad de homicidios reportados -de forma oficial- era de 495, una cifra que es inferior a los 1,147 homicidios reportados en 2021; y a los 1,341 hasta el año 2020. Mientras tanto, el número de homicidios registrados en 2019 llegó a los 2,390.
No obstante, registros hemerográficos alternos sugieren que las cifras de homicidios y los días sin homicidios podrían ser diferentes. El periodistas hispano-salvadoreño, Roberto Valencia, sostiene que el resultado fiscal del 2022 respondería a una presunta “tergiversación”. Señala que no se habrían cuantificado al menos “120 homicidios , la mayoría de supuestos pandilleros fallecidos en presuntos enfrentamientos con autoridades”; es decir, las bajas pandilleriles durante la Guerra Contra pandillas.
En cualquiera de los casos, el registro acumulativo de días sin homicidios es favorable conforme a las fuentes oficiales y las alternativas. Pero, respecto a ello, ContraPunto reitera que las muertes que resultaren de la confrontación entre personas, por uso de la legítima defensa, están excluidas de responsabilidad penal, según lo prescribe el artículo 27 del Código Penal. Mientras tanto, el titulas de la Fiscalía General de la República (FGR), declaró que no procesará a los militares que estuvieren implicados en la pérdida de vida de un pandillero, siempre y cuando se haga uso de la legítima defensa.
HRW con el oficialismo
HRW cita al oficialismo en su registro de presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Los datos, por tanto, no responderían a registros de fuentes alternativas, un recurso utilizado en el pasado al referirse a la supuesta privación de información durante el gobierno del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, los datos permanecen desactualizados hasta el mes de agosto; y ContraPunto pudo acceder, incluso a filtraciones del MJSP del mes de octubre.
Datos desactualizados de HRW justifican las denuncias compartidas en su informe titulado “El Salvador: base de datos filtrada apunta a abusos a gran escala”. El registro, siempre desactualizado, refiere a una 32 muertes en centros penales, de las que no señala responsables; y, de hecho, es inferior a los 90 confirmados por la Fiscalía General de la República (FGR), hasta el mes de noviembre de 2022, que rindió ante la ONU.
Hasta entonces, las declaraciones de la FGR, de la voz de su representante Adela Saravia, eran la siguientes: “Se han aperturado 90 investigaciones por fallecimientos de personas privadas de libertad en centros de detención, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencias de relación causal entre la muerte de las personas entre la muerte de la persona detenida y el uso desproporcionado de la fuerza perpetrada por personal policial, militar o penitenciario”.
Sin embargo, las acusaciones serían controvertidas por el gobierno. Por una parte, el presidente salvadoreño indicaría que “tenemos menos muertes per-cápita que en los último 20 años”. Aunque, de acuerdo con el informe enviado a la ONU, se reportarían 56 muertes desde junio de 2019 a mayo de 2022: “De éstas, 20 fueron homicidios que ocurrieron en: 2019 (15), 2020 (4) y 2021 (1)”, detalla.
3,313 personas fueron puestas en libertad, tras haber sido detenidas durante el Régimen de Excepción, Hay que aclarar que tanto la FGR como el MJSP señalan que algunas de éstas personas “gozan de medidas alternas a la detención” mientras siguen siendo procesadas; y otras habrían sido sobreseídas o absueltas de las imputaciones.
HRW, en sus cifras desactualizadas hasta agosto, aseguraría que hasta ese período eran 39,000 la personas detenidas por asociaciones ilícitas; otras 8,000 lo habrían sido por haber pertenecido a organizaciones terroristas. Mientras que otras 148 habrían sido detenidas por imputaciones de homicidios; y otras 303, por violación.
También destaca que 7,600 persona habrían sido detenidas al Centro Penal La Esperanza, al que HRW sólo se refirió como Mariona; mientras que otras 23,300 personas habrían permanecido en prisión en el Centro Penal de Izalco.
