La condena del Poder Judicial también alcanza a altos funcionarios del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú.
El Poder Jucial (PJ) condenó al exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, este jueves a 17 años de prisión por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti. La condena incluye también a 12 altos funcionarios del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, quienes integraron un equipo organizado para la coordinación de secuestro de periodistas y políticos durante el denominado ‘autogolpe’ del expresidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.
Asimismo, se sentenció también al general en retiro José Rolando Valdivia Dueñas a 12 años de prisión, mientas que los exgenerales Julio Salazar Monroe y Alfredo Arnáiz Ambrosiani recibieron 10 años de prisión por ser cómplices primarios del acontecimiento.
En esa línea, el Poder Judicial ordenó una reparación civil con un monto de S/550 mil, que deberá ser pagada a favor de los agraviados. Además de Gorriti figuran Abel Salinas, César Barrera, Luis Negreiros, Jorge Del Castillo, Mirtha Cunza, Jorge Mantilla, Luis Kitasono, Fernando Reyes Roca y Dionisio Luque, entre otros.
El abogado de Gustavo Gorriti, Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), mencionó que durante el juicio oral, que duró seis años, se ha demostrado que no se trató de una detención legal, sino que se secuestraron al producirse un autogolpe y cuando fueron llevados a establecimientos militares.
“Se ha demostrado que fue una acción concertada en la casa de Nicolás de Bari Hermoza Ríos el 3 de abril de 1992, donde se reúnen los jefes militares con Montesinos y Fujimori. Allí se entregó la relación de las personas que debían ser detenidas y se repartieron los roles. Y al día siguiente, se llevó a cabo otra en el Pentagonito, donde participaron los jefes de las regiones militares”, explicó.
El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) asignó más de 12 millones de soles al Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, proveniente del dinero incautado a la organización criminal que lideró exasesor Vladimiro Montesinos en la década de 1990.
La entrega pudo concretarse tras culminar las gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas para asignar dichos recursos y luego de diversas coordinaciones con las entidades beneficiarias, en virtud de la Resolución Ministerial N° 157-2021-JUS, que establece la distribución de esos fondos.
Así, 9 millones 697,912 fueron asignados al Ministerio Público; 1 millón 426,590 soles al Poder Judicial y 1 millón 131,500 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La asignación de estos recursos, destinados a fortalecer lucha contra la corrupción y crimen organizado, corresponde a las actividades priorizadas por estas tres entidades del sistema de justicia para el ejercicio anual 2021, informó el Pronabi.
A partir del año 2022 se tiene previsto atender con estos recursos a la Procuraduría General del Estado.
El monto total decomisado a Vladimiro Montesinos asciende a 16 millones 380,527.19 dólares. El resto de esos recursos recuperados por el Estado peruano serán asignados por el Pronabi en forma anual a las entidades del sistema de justicia durante el tiempo que dure la implementación de los proyectos de fortalecimiento.
En enero del 2017 concluyeron los procesos judiciales y el decomiso de activos hallados en la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo a nombre de testaferros de Vladimiro Montesinos Torres.
El dinero incautado era parte del soborno que se pagó a Montesinos, asesor del gobierno de Alberto Fujimori, por la compra de aviones rusos, pertrechos militares y otros a Rusia, a través de la creación de diversas empresas.
“Su repatriación al Perú constituye un hecho destacado, que reafirma el compromiso del Estado en el combate frontal contra la corrupción y la criminalidad organizada”, informó el Pronabi.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú designó un Grupo de Trabajo Multisectorial gracias al cual se logró concretar con éxito las negociaciones entre las entidades involucradas de los tres países para disponer adecuadamente de los activos repatriados.
La utilización y disposición de estos recursos está sujeta a la fiscalización y control de la Contraloría General de la República, entidad que ha sido informada de dichas asignaciones por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez.
Las entidades beneficiarias tienen la obligación de presentar informes anuales periódicos sobre la utilización financiera y el detalle de las actividades realizadas, las que serán publicadas por el Pronabi, en base al principio de transparencia.