Por Redacción ContraPunto
El ministro de Seguridad sostiene que el régimen de excepción continuará como estrategia contra las pandillas y que las reformas constitucionales y penales permitirán garantizar que los integrantes de estas estructuras criminales no recuperen su libertad.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que el Gobierno salvadoreño pretende dejar establecido un marco jurídico que impida que los pandilleros condenados puedan recuperar su libertad en el futuro, incluso cuando concluya la actual administración.
Durante la defensa del presupuesto de su cartera de Estado, el funcionario afirmó que las autoridades trabajan para dejar «legalmente sellado» el sistema normativo, con el propósito de garantizar que los integrantes de organizaciones criminales permanezcan en prisión.
«Somos una generación que va a dejar legalmente sellado este tema para que ninguno de esos, en el futuro, pueda ser liberado», expresó Villatoro, al justificar la continuidad de la política de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
El ministro explicó que la estrategia gubernamental descansa sobre dos componentes: el régimen de excepción, al que calificó como un «protocolo de guerra» contra las pandillas, y las reformas constitucionales y penales que incorporaron la cadena perpetua para determinados delitos vinculados con organizaciones terroristas.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 y, desde entonces, se ha convertido en el principal instrumento de la política de seguridad del Ejecutivo. Villatoro defendió su permanencia al considerar que las estructuras criminales todavía mantienen integrantes y colaboradores dentro del territorio salvadoreño.
Según el funcionario, aunque El Salvador ha experimentado una transformación en materia de seguridad, las autoridades continúan desarrollando operativos para localizar y capturar a miembros de pandillas que todavía permanecen en libertad.
Cadena perpetua y reformas penales
Villatoro también destacó las reformas constitucionales y legales que establecieron la cadena perpetua para delitos relacionados con organizaciones terroristas, vigentes desde abril de 2026.
El funcionario sostuvo que estas modificaciones buscan impedir que los responsables de asesinatos y otros delitos graves vinculados con las pandillas puedan salir de prisión después de cumplir condenas ordinarias.
Sin embargo, existe un elemento jurídico relevante: la mayoría de las personas capturadas durante el régimen de excepción fueron procesadas por agrupaciones ilícitas, mientras que la cadena perpetua fue incorporada específicamente para determinados delitos de pertenencia a organizaciones terroristas.
Villatoro afirmó que el sistema judicial ya dispone de las herramientas para continuar procesando y condenando a los detenidos, y aseguró que más de 11,000 pandilleros han recibido condenas en el marco de esta política.
De acuerdo con las cifras citadas por el Ministerio de Seguridad, 10,561 pandilleros habían sido condenados durante el régimen de excepción. El 79 % recibió penas de entre 15 y 45 años de prisión, mientras que 13 personas fueron sentenciadas a cadena perpetua.
La situación de los colaboradores y las garantías judiciales
Las declaraciones del ministro también se producen en un contexto en el que el Gobierno anunció una revisión de los casos de 10,626 personas identificadas como colaboradores no habituales de pandillas, un grupo distinto al de los integrantes activos de estas estructuras.
El presidente Bukele ha señalado que esa revisión no significa que los pandilleros condenados vayan a recuperar su libertad.
No obstante, la propia legislación contempla mecanismos de revisión de las penas. Según las reformas penales citadas en la información publicada por Diario El Mundo, la cadena perpetua puede reducirse a diez años de prisión a petición de la Fiscalía, bajo las condiciones establecidas legalmente.
Por otra parte, el país mantiene una población penitenciaria cercana a las 121,000 personas privadas de libertad, de las cuales aproximadamente 96,400 están vinculadas con pandillas, según las cifras oficiales citadas por el medio.
Un debate sobre seguridad y Estado de Derecho
La apuesta del Gobierno salvadoreño representa una de las transformaciones más profundas del sistema penal y penitenciario del país en las últimas décadas. El Ejecutivo sostiene que las medidas extraordinarias han permitido recuperar territorios y reducir la capacidad operativa de las pandillas.
Sin embargo, la permanencia del régimen de excepción, la aplicación de condenas prolongadas y la intención de cerrar jurídicamente cualquier posibilidad de liberación plantean interrogantes sobre el alcance de las garantías judiciales, la revisión individual de las condenas y la proporcionalidad de las penas.
El desafío institucional consiste en mantener los resultados de seguridad sin debilitar los principios fundamentales del Estado de Derecho: el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el control judicial de las decisiones que afectan la libertad de las personas.
La declaración de Villatoro deja clara la intención política del Gobierno: convertir su estrategia de seguridad en un marco jurídico de largo plazo que trascienda la actual administración. Su aplicación, sin embargo, dependerá de las disposiciones constitucionales y penales vigentes y de su compatibilidad con las garantías fundamentales.
Fuentes: