Por Redacción ContraPunto
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que el 98 % de los imputados cuyos casos llegaron a juicio fueron condenados. Las cifras corresponden a procesos judiciales registrados hasta el 16 de octubre de 2026 y no representan el total de personas detenidas durante el régimen de excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido 10,561 condenas contra integrantes de estructuras criminales desde la entrada en vigor del régimen de excepción en El Salvador, en marzo de 2022, según datos presentados este martes por el fiscal general, Rodolfo Delgado, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los condenados pertenece a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Barrio 18, dos de las principales organizaciones criminales que operan en el país y contra las cuales el Gobierno ha dirigido su estrategia de seguridad.
Las cifras tienen como fecha de corte el 16 de octubre de 2026 y fueron expuestas durante una sesión legislativa relacionada con el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027.
Durante su intervención, Delgado aseguró que el 98 % de los imputados cuyos expedientes llegaron a la etapa de juicio recibió una sentencia condenatoria.
El titular de la Fiscalía explicó que este porcentaje se refiere exclusivamente a los procesos que alcanzaron la fase de vista pública y no al conjunto de personas capturadas desde que comenzó el régimen de excepción.
La distinción es relevante porque las 10,561 condenas reportadas corresponden a resultados judiciales obtenidos en los tribunales, mientras que el número de detenciones incluye a personas cuyos casos pueden encontrarse en diferentes etapas del procedimiento penal.
Según Delgado, las cifras aumentarán a medida que avancen los procesos judiciales pendientes.
La Fiscalía tiene entre sus funciones dirigir las investigaciones penales y presentar las acusaciones ante los tribunales para que se determine la responsabilidad de los imputados conforme a la ley.
El informe presentado por Delgado se conoce días después de que el presidente Nayib Bukele divulgara cifras sobre la población penitenciaria relacionada con las pandillas.
Según los datos expuestos por el mandatario el viernes 16 de octubre, aproximadamente 96,457 privados de libertad estarían vinculados a estas estructuras criminales.
La clasificación divulgada contempla cuatro categorías: 42,125 personas identificadas como homeboys, término utilizado para los miembros plenos de las pandillas; 25,910 integrantes que todavía no habrían completado su incorporación formal; 17,793 identificados como paros o colaboradores habituales, y 10,629 señalados como colaboradores ocasionales.
Estas categorías reflejan distintos niveles de vinculación con las organizaciones criminales, de acuerdo con la clasificación presentada por el Gobierno.
Sin embargo, las cifras de población penitenciaria y las condenas judiciales corresponden a indicadores diferentes. La cantidad de personas privadas de libertad relacionadas con pandillas no equivale al número de personas que ya recibieron una sentencia condenatoria.
El régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022, después de una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. Desde entonces, las autoridades han realizado capturas masivas como parte de la estrategia gubernamental contra estas organizaciones.
La medida ha transformado la política de seguridad pública y el sistema penitenciario salvadoreño. El Gobierno sostiene que las acciones han permitido debilitar a las estructuras criminales y mejorar las condiciones de seguridad en el territorio nacional.
Al mismo tiempo, la aplicación prolongada del régimen ha generado cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre las detenciones arbitrarias, las garantías del debido proceso y las condiciones de reclusión.
En ese contexto, las 10,561 condenas informadas por la Fiscalía constituyen un balance de los resultados judiciales reportados desde 2022. Para evaluar el alcance de estos resultados también es necesario distinguir entre detenciones, acusaciones, procesos pendientes y sentencias firmes, así como considerar las garantías judiciales aplicables a cada caso.
La Fiscalía prevé que el número de condenas aumente conforme los expedientes pendientes avancen ante los tribunales.