Doctor Francisco de Asís López Sanz |
La salida de Nicolás Maduro representa una importante ruptura política para Venezuela, pero no debe confundirse con una resolución. Para la Unión Europea, la fase post-Maduro se centra menos en el reconocimiento y más en cómo interactuar sin reforzar antiguas fallas estructurales.
La prioridad inmediata es la estabilización con legitimidad. Cualquier autoridad interina debe ser claramente temporal, de alcance limitado y sujeta a un calendario transparente. La participación temprana de la UE debe estar explícitamente condicionada a medidas verificables: el restablecimiento de las libertades civiles, la liberación de presos políticos, la protección de los medios de comunicación independientes y la garantía del espacio cívico. Estos no son gestos simbólicos; son prerrequisitos funcionales para unas elecciones creíbles y la recuperación institucional.
Paralelamente, Venezuela requiere un esfuerzo coordinado de estabilización humanitaria. La seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos esenciales, la electricidad y la infraestructura hídrica deben considerarse medidas de resiliencia. La ventaja comparativa de la UE reside en la coordinación, la supervisión y la condicionalidad basada en principios, activos especialmente relevantes en un entorno de transición fragmentado.
Más allá de la fase inicial, el apoyo de la UE debería orientarse hacia la reconstrucción institucional en lugar de una rápida normalización. La reforma electoral, que incluye una autoridad electoral independiente y una observación internacional completa, debe preceder a cualquier retorno a la interacción política habitual. La inclusión de la diáspora venezolana —ahora una realidad demográfica permanente— será esencial para la legitimidad electoral.
La interacción económica debe priorizar la estabilización macroeconómica y la capacidad de gobernanza. La coordinación con el FMI y el Banco Mundial será inevitable, pero la política de la UE debe centrarse en la transparencia, la certidumbre regulatoria y la solidez institucional, más que en las métricas de crecimiento a corto plazo.
Finalmente, el sector energético venezolano y la ruptura demográfica exigen una visión a largo plazo. Despolitizar los ingresos petroleros y evitar una nueva captura basada en rentas es fundamental para prevenir una recaída. Igualmente, las políticas que apoyan el retorno de la mano de obra cualificada, la inversión en jóvenes y la recuperación de los servicios sociales son fundamentales para la estabilidad a largo plazo.
Para la UE, Venezuela es una prueba de compromiso paciente y basado en principios. El riesgo es una normalización prematura; la oportunidad es apoyar una transición basada en las instituciones, no en las personalidades.