Por Alonso Rosales
En la noche del viernes 20 de febrero de 2026, el gobierno de Venezuela inició la liberación de 379 presos políticos tras la aprobación de una nueva Ley de Amnistía, según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa encargada de la aplicación de la norma. Arreaza explicó que los beneficiarios de esta amnistía debían ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana del sábado 21 de febrero, en distintas regiones del país, principalmente en Caracas.
La medida se adoptó poco después de que la Asamblea Nacional, bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, promulgara la ley con el objetivo declarado de contribuir a la reconciliación política, la convivencia democrática y una “Venezuela más justa y más libre”. Las liberaciones se dan en el marco de una transición política tras la caída del líder Nicolás Maduro, quien fue capturado en una operación militar de Estados Unidos a inicios de este año.
Rodríguez, en un discurso televisado, calificó la amnistía como un gesto de grandeza y un paso hacia la estabilidad del país. La ley de amnistía fue presentada como un instrumento para cerrar ciclos de confrontación política que se remontan a décadas de crisis, protestas y episodios de tensión interna.
Críticas de la oposición y organizaciones de derechos humanos
A pesar de las liberaciones, diversas organizaciones opositoras y grupos defensores de derechos humanos han cuestionado el alcance limitado de esta amnistía. Aunque la ley ofrece libertad a cientos de detenidos, sus críticos señalan varios puntos problemáticos que, según ellos, impiden que la medida beneficie de manera plena a todos los presos políticos.
Una de las principales críticas es que la amnistía no es automática: quienes desean acogerse a ella deben presentar solicitudes ante los tribunales venezolanos, un proceso que, según opositores y expertos, puede tardar y depender de un sistema judicial que históricamente ha sido cuestionado por falta de independencia.
Además, la ley excluye a ciertos grupos de detenidos, como personas acusadas de delitos graves definidos por las autoridades, militares señalados bajo cargos de terrorismo u otros delitos que no se consideran políticos, lo que deja fuera a muchos que organizaciones como Foro Penal consideran también presos políticos.
Por otro lado, activistas y familiares de detenidos han señalado que, aunque la cifra de liberados parece significativa, sigue habiendo decenas de presos políticos que no están contemplados bajo la nueva ley, manteniendo viva la controversia sobre si la amnistía logra una real justicia y reparación para todas las víctimas de represión política.
Perspectiva política y social
La amnistía ha sido vista por el gobierno interino como un gesto hacia la pacificación nacional y como parte de un cambio en la política interna venezolana. Sin embargo, la oposición insiste en que la norma debería ser más amplia y aplicarse sin obstáculos judiciales ni exclusiones, para garantizar que todas las personas encarceladas por razones políticas puedan recuperar su libertad sin condiciones adicionales.
Este debate se enmarca en un contexto más amplio de tensiones sociales y políticas en Venezuela, donde el reconocimiento y atención de los presos políticos ha sido un tema central en el diálogo entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional.
FUENTE FRANCE 24