Por Alonso Rosales
La medianoche de este viernes 7 de noviembre marcaría un punto de quiebre para cerca de 250.000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) decretado por el Gobierno de Donald Trump y avalado por la Corte Suprema, miles de familias quedarán expuestas a la deportación, al desempleo y a una incertidumbre desgarradora.
El TPS, implementado originalmente en 2021 para proteger a quienes huían de la crisis venezolana, permitía a sus beneficiarios residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense. Hoy, esa frágil protección se desvanece. “Al quedarse sin estatus, quedan sin cualquier tipo de oportunidad para mantener una protección migratoria”, explicó el abogado migratorio Haim Vásquez, advirtiendo que quienes pierdan su estatus podrían ser detenidos y enfrentar un proceso de deportación inmediato.
La medida afecta principalmente a los que no lograron renovar su documentación antes del 5 de febrero de este año, fecha límite establecida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Solo un pequeño grupo —“unos pocos miles”, según estimaciones de la activista Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus— logró conservar la validez de sus permisos hasta 2026.
Pero para la inmensa mayoría, el panorama es sombrío. Miles de inmigrantes ya fueron despedidos a fines de octubre, anticipando el vencimiento del TPS. Otros enfrentan la pérdida de su licencia de conducir, su seguro médico y la posibilidad de estudiar o mantener créditos bancarios. “No se trata solo de un papel. Se trata de personas, de familias arrancadas de raíz”, expresó Ferro, visiblemente conmovida por la ola de mensajes de desesperación que recibe a diario.
Trump justificó la medida alegando “notables mejoras” en la situación venezolana, aunque en el terreno la realidad sigue marcada por la persecución política, la inflación y el colapso de los servicios públicos. Para muchos, regresar a Venezuela “no es una opción mientras Maduro siga en el poder”.
El Gobierno estadounidense mantiene, además, un programa de “retorno voluntario” con un incentivo de US$ 1.000 por persona, aunque abogados migratorios advierten que no todos los solicitantes han recibido el pago prometido.
Más allá de la fría estadística, lo que se desmorona es el sueño de miles de familias que hallaron en EE. UU. una vida de trabajo, esfuerzo y esperanza. Con la pérdida del TPS, el país que una vez prometió refugio ahora les da la espalda, empujándolos al vacío de la incertidumbre y el miedo.
La historia de estos inmigrantes no termina hoy, pero la medianoche del 7 de noviembre quedará marcada como una herida más en la larga travesía de un pueblo que aún busca un lugar donde vivir sin miedo.