Por: Luis Armando González[1]
[1] El autor es profesor de la Maestria en Derechos Humanos y Educación para la Paz, de la Universidad de El Salvador. Asimismo, es coordinador ad honorem del Equipo de Trabajo Académico de Metodología en Investigación Social, adscrito al Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos (IEHAA) de la misma universidad. Se deja constancia de que en este escrito no se ha usado en ningún momento Inteligencia Artificial.
Lo digo de entrada: no me voy a referir a las elecciones que se tendrán en El Salvador en 2027, pero si alguien –al leer estas líneas— hace una conexión entre una cosa y la otra es de su exclusiva responsabilidad. Más bien, el asunto sobre el quiero reflexionar –porque creo que posee más importancia que un proceso electoral en particular— es el que atañe a la relación intrínseca, y por ello ineludible, entre elecciones y debate público.
Pues bien, lo normal es que en cualquier proceso electoral –tanto si las elecciones están bien resguardadas por la legalidad y la institucionalidad como si no lo están— lo que se posiciona como centro de atención es la cuota de poder político que se conseguirá o conservará una vez cerrado el ciclo electoral correspondiente. O sea, lo que se visualiza como importante son los resultados electorales de partidos y candidatos, lo cual sin duda es relevante, dado que de ello dependerá la manera en cómo será conducido un aparato estatal en un periodo de tiempo determinado (o relativamente indeterminado).
Pero un proceso electoral trae aparejada consigo la posibilidad (e incluso la necesidad) de espacios de debate público que trasciendan los intereses, cálculos y protagonismos partidarios, pues pueden involucrar (y deberían involucrar) a los distintos sectores que conforman la sociedad. Y no sólo eso: pueden permitir prestar atención a problemas (acciones, decisiones, situaciones, etc.) que están más allá de lo que, en una coyuntura electoral, los partidos y los candidatos contendientes estén dispuestos a abordar y tratar públicamente.
O sea, cualquier proceso electoral abre la puerta a la posibilidad –más restringida, menos restringida, según las circunstancias— de espacios para que florezca un debate público fuera del ámbito de los partidos y los candidatos y de sus específicos objetivos político-electorales. Y esos espacios no partidarios de debate público son cruciales para el afianzamiento, mejoramiento o perdurabilidad de una democracia. Algo sumamente valioso de estos espacios es que, además de poner en la mesa de discusión pública problemas que afectan directamente a la sociedad, pueden permitir la crítica ciudadana de la política y de los políticos.
Una de las principales conquistas de las democracias modernas –esas que nacen inspiradas en los ideales del liberalismo político y la Ilustración— es que nada ni nadie puede ser ajeno al escrutinio de la crítica, y esto aplica en especial –según el ideario liberal ilustrado— a quienes ejercen el poder político, lo mismo que a las acciones, decisiones y resultados de su gestión estatal-gubernamental. Precisamente los espacios de debate público son los que permiten esa crítica ciudadana de lo político. No es algo irrelevante, ciertamente. Y los procesos electorales –lo quieran o no sus auspiciadores— traen consigo la posibilidad de que se abran esos espacios.
Otra cosa es que esa posibilidad se convierta en realidad. Para ello, en cada situación concreta, entran en juego factores que pueden ser favorables o desfavorables. Entre estos últimos se pueden mencionar, entre otros, dos: el primero, creer que no sirve de nada el debate público no partidario, que hay cosas más importantes que hacer; el segundo, decidir no aprovechar la oportunidad de crear espacios de debate, o no usar los existentes, porque eso puede ser mal visto o porque puede dar lugar a represalias. Ambas posturas son graves, pero la del “abandono” es quizás la peor: si se abandona un determinado espacio para el debate público –o no se aprovecha la oportunidad para crearlo ahí donde no existe— se cede a otros el uso (o creación) de esos espacios para fines distintos a los de fomentar un debate público crítico e informado, con lo cual lo que menos se hace es contribuir a la defensa o fortalecimiento de la democracia.
Cada vez que la democracia moderna atravesó por momentos críticos –nacional socialismo, totalitarismo, fascismo, dictaduras militares y civiles— hubo personas lúcidas y valientes –intelectuales, artistas, sindicalistas, líderes religiosos, campesinos, políticos, estudiantes, madres de familia— que aprovecharon las fisuras de los poderes antidemocráticos para dar vida, a veces a costa de su integridad personal, al debate público y a la crítica ciudadana libre de constreñimientos. Cuando la democracia ganó fuerza y sus mecanismos constitucionales regularon la forma y los tiempos de los mandatos gubernamentales, y las elecciones se erigieron como el mecanismo más eficaz para ello, el debate público se asoció íntimamente con los procesos electorales, de tal suerte que a estas alturas es sumamente difícil –ahí donde hay elecciones— anular la posibilidad de que aquél florezca, aunque sea de modo incipiente.
Pero esa posibilidad debe convertirse en realidad. Sin compromiso democrático real, sin valentía y sin lucidez es obvio que el tránsito apuntado jamás se dará en ninguna parte del mundo. Instituciones universitarias, y liderazgos académicos, intelectuales, artistas, líderes sociales y comunitarios, personalidades religiosas e iglesias y, en fin, ciudadanos con buena voluntad deben hacerse cargo del reto en el presente, así como otros como ellos lo hicieron en el pasado.
San Salvador, 12 de agosto de 2026