Crédito France 24
Por Alonso Rosales
14 de agosto de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una demanda presentada ante un tribunal federal de Manhattan por el medio digital The Intercept y la Fundación para la Libertad de Prensa, que cuestionan la legalidad de un nuevo servicio de Truth Social que comercializa el acceso a publicaciones vinculadas al mandatario y a otras figuras de su Gobierno.
La acción judicial, presentada el 12 de agosto, busca que un juez federal impida que la Casa Blanca difunda de manera exclusiva información oficial a través de Truth Social mientras la plataforma mantenga activo el servicio denominado Truth API.
El producto fue lanzado el pasado 1 de agosto por Trump Media & Technology Group, empresa matriz de Truth Social. Según los demandantes, el servicio ofrece a suscriptores —con tarifas que pueden alcanzar los 100.000 dólares mensuales— acceso a publicaciones de Trump y de otras diez cuentas consideradas de alto perfil.
Los demandantes sostienen que el mecanismo plantea un grave conflicto de intereses debido a que Trump ocupa simultáneamente la Presidencia de Estados Unidos y mantiene una importante participación económica en la empresa propietaria de la plataforma.
La Fundación para la Libertad de Prensa calificó el servicio como profundamente corrupto y cuestionó que un presidente pueda obtener beneficios económicos derivados de la comercialización de información que genera en el ejercicio de sus funciones públicas.
Uno de los principales argumentos de la demanda es que las publicaciones presidenciales pueden contener información capaz de afectar los mercados financieros. Decisiones relacionadas con aranceles, política exterior, operaciones militares o acontecimientos internacionales pueden repercutir en los precios de acciones, petróleo, divisas y otros activos.
Los demandantes consideran que permitir que determinados suscriptores reciban esa información mediante un servicio comercial podría generar una ventaja frente al público general y plantear problemas constitucionales.
La controversia judicial se produce después de que los senadores demócratas Elizabeth Warren y Adam Schiff solicitaran a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigar el funcionamiento de Truth API.
Warren calificó el mecanismo como un abuso de poder y pidió determinar si podría afectar la integridad de los mercados financieros, así como si existe riesgo de uso indebido de información privilegiada o manipulación del mercado.
Trump es el principal accionista de Trump Media & Technology Group y controla, mediante un fideicomiso, una participación aproximada del 41,3 % de la compañía, valorada en cientos de millones de dólares.
Trump Media rechazó los señalamientos y acusó a los demandantes de intentar utilizar los tribunales para censurar al presidente.
La compañía sostiene que Truth API no proporciona información antes que al resto de los usuarios, sino que está diseñada para mostrar las publicaciones en el momento en que son hechas públicas.
La Casa Blanca, por su parte, ha remitido las consultas sobre el servicio a Trump Media.
El caso abre un nuevo debate sobre los límites entre la actividad presidencial, las plataformas digitales y los intereses económicos privados. La controversia también plantea una cuestión de fondo: si un mandatario puede utilizar una empresa de la que posee una participación económica significativa para distribuir y comercializar información relacionada con el ejercicio de sus funciones públicas.
Mientras el proceso judicial avanza, Truth Social atraviesa además dificultades económicas. Desde su salida a bolsa en 2024, Trump Media & Technology Group ha registrado pérdidas trimestrales, mientras el tráfico de la plataforma ha experimentado una fuerte disminución.
La demanda podría convertirse así en un caso relevante sobre conflictos de interés, acceso desigual a información presidencial, libertad de prensa y transparencia gubernamental en la era de las redes sociales.
Con información de Reuters, AP, AFP y medios estadounidenses.