"Si EE. UU. de verdad estuviera convencido de liberar a Venezuela, sería mucho más eficaz desplegar capacidades militares encubiertas o convencionales": Alonso Rosales.
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Por Alonso Rosales.
El 10 de enero de 2025, coincidiendo con la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer periodo presidencial ampliamente cuestionado como ilegítimo, el gobierno de los Estados Unidos anunció un aumento de la recompensa por información que lleve a la captura o condena de Maduro: de 15 millones de dólares (establecidos desde marzo de 2020) pasó a 25 millones. La misma recompensa se ofrece por Diosdado Cabello, y 15 millones por Vladimir Padrino López.
El Departamento de Estado y el Tesoro de EE. UU., mediante su programa Narcotics Rewards Program y sanciones del OFAC, justificaron la medida como parte de una estrategia para presionar al régimen chavista acusado de narcoterrorismo, corrupción sistemática y violaciones de derechos humanos. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que el incremento buscaba enviar un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano y reforzar la presión internacional.
Reacciones del gobierno de Venezuela
El régimen de Maduro rechazó de inmediato las sanciones y calificó la medida como una “guerra económica” ilícita diseñada para asfixiar al país. Desde Caracas, Maduro declaró que el gobierno de EE. UU. “no sabe cómo vengarse de nosotros”. El ministro del Interior Cabello y otros funcionarios denunciaron que Washington usa estas medidas para legitimar una narrativa de intervención hegemónica.
En redes sociales oficiales y medios estatales, se difundió una narrativa común: que las sanciones son parte de una escalada diplomática injustificada y que forman parte de una “cortina de humo” para ocultar otros escándalos de Washington.
Contexto adicional: ¿Qué rol jugó Chevron?
Según informes de prensa e investigaciones internacionales, la petrolera estadounidense Chevron ejerció un fuerte lobby frente a la administración Trump para mantener el acceso al petróleo venezolano, incluso mientras se aplicaban sanciones contra el país.
Global Witness publicó que Chevron, lejos de desvincularse políticamente, financió al régimen con ingresos petroleros vitales. Se estima que casi un tercio de los ingresos del gobierno venezolano provienen de operaciones donde Chevron participa activamente. El retorno de Chevron a Venezuela se facilitó mediante una licencia especial de Trump, en medio de una recalibración de prioridades energéticas tras el conflicto en Ucrania, en la que se castigó al petróleo ruso pero se sancionó con cautela al régimen venezolano para garantizar suministros globales.
Congresistas y fuentes de la Casa Blanca respaldaron la licencia señalando que no había transferencia directa de efectivo, sino pago en crudo o compensaciones técnicas.
Mi análisis como experto en seguridad nacional
Desde una perspectiva estratégica, mi análisis es el siguiente:
Finalmente, si EE. UU. de verdad estuviera convencido de liberar a Venezuela, sería mucho más eficaz desplegar capacidades militares encubiertas o convencionales (como SEALs o Delta) en un plan operativo bien ejecutado y puntual, en vez de quedarnos en recompensas simbólicas que fortalecen la imagen de Trump como crítico de dictadores sin resultados concretos.
Fuentes: