Por Pascal Drouhaud
La guerra entre los Estados Unidos de América y su aliado israelí contra la República Islámica de Irán fue iniciada el 28 de febrero de 2026 mediante las operaciones conjuntas Epic Fury y Roaring Lion. Este escenario podría parecer muy distante desde Ciudad de México, Caracas, Buenos Aires o La Habana. Sin embargo, este conflicto se inscribe en un contexto latinoamericano marcado por dos acontecimientos recientes desde inicios del año 2026, enmarcados en una voluntad de redefinición del equilibrio mundial: un eje iraní debilitado tras la caída de Nicolás Maduro y una creciente presión estadounidense en el ámbito de la seguridad, acelerando un giro político en América Latina.
Ya sea por razones simbólicas, militares o económicas, este nuevo conflicto en el Cercano y Medio Oriente, que afecta a la economía mundial, concierne directamente al continente latinoamericano. Tal como ocurrió desde el estallido de la guerra en Ucrania y tras los atentados del 7 de octubre perpetrados por Hamás, el conflicto en Irán pone de manifiesto las líneas de fractura política de una América Latina marcada por la captura de Nicolás Maduro, figura emblemática de una línea radical antiestadounidense y alternativa, que privilegiaba alianzas con Irán, Rusia y China.Esta captura puso de relieve la voluntad de Washington de “asegurar la preeminencia estadounidense” en el continente. Se trata del denominado “corolario Trump a la Doctrina Monroe”, que algunos han denominado “Doctrina Donroe”, en referencia al actual Presidente y a su lejano predecesor James Monroe.El mensaje de una “retoma del control” político fue percibido y se concretó mediante la Cumbre “Escudo de las Américas” en marzo de 2026, la cual creó una alianza política y de seguridad en América Latina en torno a aliados que garantizan a los Estados Unidos una especie de “cinturón de seguridad” en su flanco sur, restaurando el concepto utilizado durante la Guerra Fría de “patio trasero”.Naturalmente, los países considerados adversarios o “no confiables” constituyen “objetivos políticos” que deben ser “contenidos”, ya sea mediante la fuerza o a través del apoyo a una oposición llamada a acceder al poder, como ocurrió en diciembre de 2025 en Honduras.
La “tentación del Sur Global”, promovida a inicios de la década de 2020 por Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Brasil durante parte del último mandato del presidente Lula da Silva, parece hoy aislada y en vías de desmantelamiento. La transición en Venezuela, la elección del presidente Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, el aislamiento de Nicaragua, la perspectiva de la salida de Gustavo Petro en Colombia en agosto de 2026 —con un sucesor proveniente de la derecha que pondría fin a un período de tensiones políticas sin precedentes—, las presiones sobre Cuba y la perspectiva de las elecciones presidenciales en Brasil en octubre de 2026 explican esta realidad.
En el plano internacional, el tiempo de las alianzas explícitas con Irán parece ya lejano. En los últimos años, el petróleo venezolano era distribuido, a través de Irán, hacia China (de ese volumen, un 5 % estaba destinado a Cuba). Los vínculos de PDVSA con Nicaragua respondían a esta lógica, construida paralelamente al comercio tradicional de una parte de América Latina con Europa, Asia y el norte del continente. Este contexto explica el efecto gradual de choque que el conflicto en Irán ha provocado en América Latina.
Este conflicto contiene una importante dimensión simbólica y política que ha condicionado en gran medida las relaciones existentes entre Irán y ciertos países de América Latina y el Caribe. La Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la Nicaragua de Daniel Ortega, Cuba o la Bolivia de Evo Morales constituían los pilares de una relación profundamente política, que encarnaba la voluntad de construir una gobernanza alternativa, sometida a determinadas limitaciones, entre ellas las sanciones económicas impuestas contra Irán desde hace años. Estas relaciones ofrecían una plataforma en favor de los conceptos de “liberación”, “independencia” y “construcción de un orden alternativo”, del cual los BRICS parecían constituir el armazón económico.
América Latina y el Caribe no están directamente involucrados en el conflicto que actualmente sacude al Medio Oriente; sin embargo, ya sufren sus repercusiones. En respuesta a los ataques masivos contra instalaciones nucleares, militares y gubernamentales iraníes — en los que el Líder Supremo Ali Khamenei y varios altos funcionarios del Estado islámico murieron en ataques selectivos—, Teherán lanzó cientos de misiles y drones contra Israel y las bases estadounidenses en el Golfo. Asimismo, Irán cerró el estrecho de Ormuz y activó a sus intermediarios regionales (proxies). Un frágil alto al fuego fue alcanzado el 8 de abril bajo mediación pakistaní. Mientras las negociaciones en Islamabad avanzan lentamente, Washington impuso el 13 de abril de 2026 un bloqueo naval del estrecho de Ormuz como nuevo mecanismo de presión. La guerra da la impresión de prolongarse, mientras los daños económicos mundiales se estiman en cientos de miles de millones de dólares, con un barril de petróleo crudo que superó los 100 dólares en marzo.
Para América Latina y el Caribe, esta guerra lejana reaviva profundos vínculos históricos e ideológicos, al tiempo que acentúa las vulnerabilidades económicas. La región, que cuenta con más de 650 millones de habitantes, se encuentra atrapada entre los últimos defensores de una “solidaridad antiimperialista” y las realidades energéticas. Las relaciones entre Irán y sus aliados latinoamericanos se remontan a los años 2000, bajo el impulso de Hugo Chávez. El acuerdo petrolero bilateral firmado en 2001 marcó el inicio de una cooperación basada en el intercambio de crudo iraní por bienes y servicios venezolanos, formación militar y suministro de drones y tecnologías avanzadas. Irán abrió embajadas y centros culturales en Caracas, La Habana y Managua. Cuba y Nicaragua se integraron rápidamente a un vínculo denominado “eje de la resistencia”: asistencia médica cubana en Irán, intercambios agrícolas con Nicaragua, entre otros.En 2010, la Bolivia de Evo Morales firmó protocolos de cooperación científica y minera.
Venezuela acogió en su territorio a miembros de Hezbolá. Cercano a Teherán, este movimiento es acusado por Estados Unidos e Israel de utilizar la denominada “triple frontera” (Argentina- Brasil-Paraguay) para operar redes de financiamiento vinculadas al narcotráfico. Este fenómeno se encuentra en el centro de la operación Southern Spear, iniciada en agosto de 2025. Los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana; la MS-13 de El Salvador; el Clan del Golfo de Colombia; y, desde Venezuela, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, fueron objetivos de una operación militar de alto alcance político.
Desde 2020, Nicolás Maduro era acusado por la administración judicial estadounidense de complicidad con algunos de estos cárteles, recientemente incluidos en la lista de organizaciones terroristas. Para Washington, mantener vínculos con estos grupos equivale a convertirse en un “enemigo” de los Estados Unidos. El nuevo documento de seguridad nacional define, además, como objetivos prioritarios la destrucción de dichos cárteles, la “protección del territorio estadounidense” y la consolidación de una red política mediante vínculos renovados con la mayoría de los países gobernados por representantes de una “nueva derecha”. Mientras que la década de 2010 y el inicio de los años 2020 estuvieron marcados por el ascenso de una “nueva izquierda”, el giro político que actualmente se observa contribuye a reforzar la relación con Washington, en detrimento de China, que había logrado posicionarse como el segundo socio comercial de América Latina.
Después de Argentina, El Salvador, Costa Rica y Paraguay, ahora Honduras, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile y la República Dominicana convergen hacia una política conservadora en temas sociales y liberal en el ámbito económico. Las elecciones presidenciales en Perú (abril-mayo de 2026), Colombia (mayo-junio de 2026) y Brasil (octubre de 2026) podrían consolidar este viraje político favorable a la estrategia del “Escudo de las Américas”, definida durante la Cumbre de Doral entre Estados Unidos y América Latina en marzo de 2026.
Desde el inicio de las operaciones contra Irán, las reacciones oficiales reflejan las últimas divisiones ideológicas existentes. El bloque bolivariano ha condenado enérgicamente la ofensiva: Cuba, mediante un mensaje publicado en X por el presidente Miguel Díaz-Canel el
28 de febrero, calificó la operación como una “agresión que destruye los esfuerzos diplomáticos sobre el programa nuclear”, después de haber descrito previamente la intervención estadounidense en Venezuela como “terrorismo de Estado”. Nicaragua expresó sus condolencias por la muerte de Ali Khamenei y llamó a una condena en el seno de las Naciones Unidas. Histórico aliado de Teherán, Caracas habría debido liderar las condenas; sin embargo, la operación Absolute Resolve del 3 de enero de 2026, que condujo a la captura de Nicolás Maduro y a la transición hacia el gobierno de Delcy Rodríguez, modificó el escenario. El nuevo gobierno venezolano, debilitado políticamente, publicó y posteriormente retiró un comunicado de apoyo a Irán para evitar una confrontación directa con Washington. Esta prudencia ilustra los límites de la soberanía venezolana frente a las presiones estadounidenses. El presidente colombiano Gustavo Petro también adoptó una postura crítica. Desde el 28 de febrero, mediante un mensaje en X, afirmó que “Donald Trump actuó de manera equivocada”, acusando a Washington de desestabilizar al mundo por motivos electorales.
En contraste, la Argentina del presidente Javier Milei celebró la operación como un “golpe contra el mal”. A ello siguieron la expulsión del encargado de negocios iraní, la clasificación de Hezbolá como organización terrorista y un alineamiento total con Washington y Tel Aviv. Los atentados de 1992 y 1994 en Buenos Aires contra la embajada de Israel y la AMIA permanecen profundamente arraigados en la memoria argentina, justificando una línea persistentemente proisraelí. Buenos Aires declaró a los Guardianes de la Revolución iraní (Pasdarán) como organización terrorista desde abril, propuso una ayuda militar simbólica y reforzó su cooperación con Israel.
Bolivia, bajo un presidente más alineado con Washington, mantiene una postura discreta. Paraguay, Ecuador y Chile sostienen una posición de neutralidad o de apoyo moderado a los Estados Unidos. Entre ambos extremos, el Brasil de Lula, la Colombia de Gustavo Petro y el México de Claudia Sheinbaum publicaron una declaración conjunta a mediados de marzo exigiendo un cese al fuego inmediato y proponiendo una mediación a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y las Naciones Unidas. El presidente brasileño, en plena campaña para su reelección, calificó incluso la operación como una “nueva guerra de Irak”. “Esta es la guerra de Donald Trump, no del pueblo brasileño”, reiteró, señalando los riesgos inflacionarios. Los Estados del Caribe (CARICOM) y de América Central insisten en la necesidad de una desescalada para proteger sus economías frágiles, dependientes de las importaciones energéticas. Durante la Cumbre de la CELAC celebrada en Bogotá a finales de marzo, una veintena de países de América Latina, África y el Caribe reafirmaron su compromiso con la paz y con la solución pacífica de las controversias.
Más allá de las declaraciones políticas, el verdadero impacto es de carácter económico. El cierre del estrecho de Ormuz y los ataques contra la isla de Kharg —por donde transita el 90 % de las exportaciones petroleras iraníes— provocaron un fuerte aumento de los precios del crudo (entre un 30 % y un 50 %, según los analistas). Mientras que la Venezuela posterior a Maduro podría reactivar su producción con apoyo estadounidense, son principalmente los países exportadores netos quienes se benefician: Brasil, Colombia, Guyana, Argentina — convertida recientemente en exportadora— y México registran un aumento de los ingresos fiscales, aunque con ciertos matices. Brasil, convertido en exportador neto de petróleo, obtiene beneficios a corto plazo, pero pierde en sus exportaciones agrícolas hacia un Medio Oriente paralizado por el conflicto. El presidente Lula anunció subsidios al diésel, aunque la inflación alimentaria —relacionada con el costo de los fertilizantes— amenaza su campaña electoral. Argentina se beneficia temporalmente del incremento de los precios agrícolas (que representan el 60 % de sus exportaciones), pero, debido al encarecimiento de los fertilizantes
—de los cuales Irán es un importante exportador—, enfrenta una espiral inflacionaria interna agravada, ya de por sí explosiva a causa de las reformas ultraliberales impulsadas por Javier Milei. México, como productor petrolero, logra compensar parcialmente el impacto mediante mecanismos internos, aunque el peso mexicano permanece bajo presión.
Por el contrario, los países importadores —Caribe, América Central, Chile y Uruguay— sufren inflación, aumento de los costos energéticos y encarecimiento de los alimentos. El Caribe enfrenta riesgos de apagones y protestas sociales. El aumento en los precios de los fertilizantes y de los fletes marítimos, derivado de las perturbaciones en las rutas comerciales, incrementa el costo de los productos básicos y exacerba las desigualdades que ya se habían evidenciado durante la crisis de la pandemia de COVID-19. En Chile, el presidente José Antonio Kast eliminó subsidios a los combustibles, lo que provocó un aumento del 30 % en el precio de la gasolina, protestas masivas y una caída de diez puntos en los índices de popularidad. Otros importadores netos —como Colombia, Uruguay, Panamá y los países de América Central— sufren de manera directa los efectos de la devaluación y del incremento de los costos de transporte. Diversos bancos estadounidenses, entre ellos Morgan Stanley,
prevén una inflación adicional de entre 0,2 % y 0,4 % por cada incremento del 10 % en los precios del petróleo.
En términos generales, América Latina y el Caribe emergen divididos de esta coyuntura económica: oportunidades para los productores de hidrocarburos y presiones inflacionarias para el resto. China, gran importador de energía, podría incluso diversificar sus fuentes de abastecimiento hacia América del Sur, reforzando así su influencia económica, precisamente en un contexto donde Washington busca contenerla.
A corto plazo, la guerra en Irán debilita en América Latina y el Caribe al denominado “eje de la resistencia”. La caída de Nicolás Maduro priva a la República Islámica de Irán de un punto de apoyo estratégico en el continente, tanto para los intercambios petroleros como para sus bases logísticas. Hezbolá, ya bajo vigilancia, podría ver perturbadas sus redes de financiamiento. Un cese al fuego temporal ofrecería un respiro, pero los efectos estructurales persistirán.
A más largo plazo, una victoria estadounidense duradera podría fortalecer a Donald Trump en el “hemisferio occidental”, mediante la consolidación de coaliciones anti-cárteles y la eventual obligación de los países de la región de definirse frente a China. Cuba y Nicaragua, cada vez más aislados, podrían enfrentar una mayor presión estadounidense, ya sea mediante ultimátums relacionados con sanciones o a través de negociaciones forzadas. Por el contrario, una reanudación de las hostilidades —marcada especialmente por un bloqueo del estrecho de Ormuz y una resistencia iraní prolongada— mantendría elevados los precios del petróleo, favoreciendo a los productores latinoamericanos (Venezuela, Brasil y México), pero desestabilizando a los países importadores, con el consecuente riesgo de inflación crónica e inestabilidad social en América Latina.
Entre riesgos inflacionarios, reconfiguración de alianzas políticas —con China y Rusia al acecho— y procesos electorales decisivos en Perú, Colombia y Brasil en 2026, el continente latinoamericano continúa atrapado en un delicado ejercicio de equilibrio, dividido entre Washington y una realidad económica que recuerda que los verdaderos desafíos para la región siguen siendo los precios del petróleo y los resultados de negociaciones internacionales sobre las cuales tiene escasa capacidad de influencia, pero cuyos efectos terminarán reflejándose en las urnas.
Autor es Especialista en relaciones internacionales, Presidente de la asociación LatFran, miembro del Círculo Fontenoy (thinktank del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra francés) y autor de la obra FARC, confessions d’un guérillero, publicada por Choiseul en 2008.