Por Carlos Santos
San Salvador amaneció convulsionado el 26 de septiembre de 1975. A plena luz del día, en las calles del centro capitalino, un automóvil se detuvo bruscamente. Dentro, el diputado de oposición Rafael Aguiñada Carranza, dirigente sindical y figura prominente de la Unión Democrática Nacionalista (UDN-UNO), caía abatido a tiros. Tenía 45 años.
Su asesinato quedó inscrito en la lista de magnicidios políticos que marcaron los años setenta en El Salvador, una época donde la frontera entre Estado, escuadrones y guerrilla se desdibujaba en un espiral de violencia.
Nacido en 1930, Aguiñada fue uno de los pocos dirigentes que desde la legalidad parlamentaria denunció la represión del régimen militar. Como dirigente de la Federación Unitaria Sindical Salvadoreña (FUSS) y luego diputado de la UDN-UNO, se convirtió en un símbolo de la lucha obrera.
En un país donde la disidencia se pagaba caro, Aguiñada representaba la posibilidad de articular la protesta popular sin empuñar las armas.
Los registros coinciden en la fecha: 26 de septiembre de 1975. El Congressional Record de Estados Unidos lo consignó con frialdad burocrática: “Rafael Aguinada Carranza, an opposition deputy in the Legislative Assembly, was killed while driving in downtown San Salvador”.
Versiones locales ubican el hecho en la 1ª Calle Oriente y 8ª Avenida Norte, frente al mercado Ex-Cuartel. Ningún grupo se atribuyó oficialmente el crimen. La policía cerró el caso en silencio.
En los archivos desclasificados de la CIA y el Departamento de Estado, su nombre aparece en informes analíticos como víctima de la violencia política, pero sin atribución clara de responsabilidad.
El pacto secreto y la hipótesis descartada
Una luz distinta sobre el caso proviene de documentos desclasificados de la CIA que revelan un pacto de no agresión entre el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) y el gobierno militar en los años previos a la guerra.
Ese acuerdo garantizaba que el régimen no tocaría a los principales cuadros comunistas a cambio de que el PCS mantuviera una estrategia de oposición moderada y evitara la confrontación directa.
En ese marco, varios investigadores concluyen que es poco factible que el gobierno o la propia CIA hayan ordenado el asesinato de Aguiñada Carranza, ya que habría significado romper un equilibrio político que convenía a ambas partes.
La hipótesis estatal —si bien coherente con la represión sistemática de la época— pierde fuerza frente a este hallazgo documental.
La batalla de los testimonios
Con el paso de los años, la pregunta sobre quién ordenó su asesinato sigue dividida.
En un homenaje en 2010, Dinora Aguiñada, hija del diputado, sorprendió con sus palabras:
“Supimos que mi padre había sido asesinado por gente del ERP, y aunque no tenemos pruebas de esto, la verdad nos vino a matar el mito que teníamos de que había sido el gobierno”.
La versión familiar coincide con relatos de antiguos militantes. En las memorias de Juan Ramón Medrano (“Comandante Balta”), jefe del ERP, se reconoce que en los años setenta la organización cometió “errores trágicos” contra dirigentes de izquierda. Académicos como Alberto Martín Álvarez han documentado esos episodios a partir de entrevistas con ex guerrilleros.
Otros sectores mantuvieron por años la versión de que Aguiñada fue víctima de la represión oficial. Argumentan que su papel como diputado de oposición lo convirtió en blanco natural de los escuadrones de la muerte. Sin embargo, la revelación del pacto PCS-gobierno debilita esta interpretación.
La ambigüedad sobre quién lo asesinó no impidió que su nombre adquiriera fuerza simbólica. A inicios de los años ochenta, la guerrilla del Partido Comunista de El Salvador (PCS) bautizó con su nombre el “Batallón Rafael Aguiñada Carranza” de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL-FMLN).
Paradójicamente, la misma insurgencia señalada por su familia de haberlo ejecutado terminó apropiándose de su memoria como mártir de la revolución.
Casi cincuenta años después, el asesinato de Aguiñada Carranza sigue sin verdad judicial ni reconocimiento oficial. La Comisión de la Verdad de la ONU (1993) documentó cientos de asesinatos políticos, pero su caso no fue investigado a fondo.
Para los Aguiñada, la verdad ha sido un camino de versiones encontradas: entre la hipótesis de un crimen de Estado, debilitada por el pacto secreto, y la confesión indirecta de una guerrilla que, en su lógica de la época, veía enemigos incluso dentro de la izquierda legal.
Epílogo: la herida abierta
Rafael Aguiñada Carranza fue asesinado por pensar distinto y por representar la posibilidad de una lucha política sin armas. Su caso ilustra la tragedia de los setenta: un país donde la oposición estaba atrapada entre la represión estatal y la intolerancia revolucionaria. (Baste recordar el Caso Roque Dalton / asesinado por la dirección del ERP menos de cuatro meses antes de Aguiñada).
Mientras no se abran los archivos completos ni se escuchen todas las voces —desde las de la familia hasta las de los antiguos combatientes—, su asesinato seguirá siendo un crimen con autoría disputada, y un espejo de las heridas abiertas de El Salvador.
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