Crédito de Canal 6 Nicaragua
Por Redacción ContraPunto
La crisis política de Nicaragua entró en una nueva etapa esta semana después de que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobara en primera legislatura una reforma constitucional que impide la participación de sectores de la oposición en futuras elecciones. La decisión se produce en paralelo con el relevo en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, donde fue designada Ana Julia Guido Ochoa, una figura con una larga trayectoria dentro del aparato político y judicial del sandinismo.
La reforma fue aprobada el 1 de septiembre y deberá ser ratificada en una segunda legislatura en enero de 2027. Entre sus disposiciones se encuentra la exclusión de personas consideradas por el régimen como “traidores a la patria” de los procesos electorales, una categoría que organizaciones opositoras y críticos consideran suficientemente amplia como para impedir la competencia política real.
La medida también modifica el calendario político del país. La reforma eleva de seis a siete años el período presidencial y, en consecuencia, prolonga el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las elecciones generales que estaban previstas para noviembre de 2026 quedarían desplazadas hasta 2028.
El cambio adquiere especial importancia porque el propio Consejo Supremo Electoral todavía registra formalmente varias organizaciones políticas nacionales, entre ellas el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Partido Liberal Nacionalista (PLN) y otros partidos. Sin embargo, la nueva reforma constitucional establece condiciones que podrían impedir que sectores opositores compitan efectivamente por cargos públicos.
En medio de esta transformación institucional, la Asamblea Nacional eligió a Ana Julia Guido Ochoa como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en sustitución de Alba Luz Ramos, quien dejó el cargo alegando razones de salud después de décadas dentro del máximo tribunal.
Guido no es una figura desconocida en la política nicaragüense. Fue fiscal general de la República durante más de una década y posteriormente fue incorporada como magistrada de la Corte Suprema. También ocupó posiciones relevantes dentro del aparato judicial durante los años posteriores a las protestas de 2018.
Estados Unidos la sancionó en 2020. Washington sostuvo entonces que, durante su período como fiscal general, Guido había desempeñado un papel en procesos judiciales contra manifestantes y opositores. Esa acusación ha marcado desde entonces su trayectoria internacional.
Su llegada a la presidencia de la Corte Suprema ocurre, además, después de una profunda reorganización del Poder Judicial nicaragüense. Según investigaciones periodísticas, desde 2023 se produjo la salida de numerosos funcionarios y magistrados, en un proceso que críticos del Gobierno interpretan como una concentración progresiva del control de la justicia en manos del Ejecutivo.
La coincidencia temporal entre ambas decisiones resulta significativa. Por un lado, la Asamblea aprueba una reforma que restringe la competencia electoral; por otro, se coloca al frente de la Corte Suprema a una funcionaria estrechamente vinculada al aparato estatal sandinista.
El Gobierno de Ortega y Murillo defiende las reformas como mecanismos destinados a proteger la soberanía, la estabilidad y la paz del país. La propia Asamblea Nacional sostiene que quienes hayan violado la Constitución o sean considerados “traidores a la patria” no deben tener espacio dentro de los procesos políticos.
Sin embargo, para sus críticos, el problema central es quién determina quién es un “traidor” y quién puede participar en una elección. Si esa definición queda bajo instituciones controladas por el oficialismo, la competencia electoral corre el riesgo de convertirse en un proceso limitado a fuerzas previamente aceptadas por el poder.
La evolución de Nicaragua plantea así una cuestión fundamental para Centroamérica: ¿puede existir una elección democrática cuando una de las partes tiene la capacidad institucional de decidir quién puede competir?
La respuesta tendrá consecuencias no solamente para la política nicaragüense, sino también para las relaciones del país con sus vecinos y con organismos internacionales. Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos ya han cuestionado la reforma, mientras crece la preocupación internacional por el debilitamiento de los contrapesos institucionales.
La nueva realidad nicaragüense muestra, por tanto, un proceso que va más allá de una reforma electoral aislada. Se trata de una reconfiguración del Estado en la que el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial aparecen cada vez más estrechamente vinculados al proyecto político de Ortega y Murillo. El desafío para la oposición será ahora encontrar espacios de participación en un sistema donde las reglas electorales y las instituciones encargadas de aplicarlas han sido profundamente modificadas.