Por Redacción ContraPunto
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, reconoció que su Gobierno ha replicado el modelo de cárcel de máxima seguridad impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, aunque rechazó que su país esté entrando en un proceso de “bukelización”.
“No hay aquí ninguna bukelización; nosotros lo que sí hemos replicado es el modelo de cárcel de máxima contención del presidente Nayib Bukele”, afirmó Fernández en una entrevista con el diario español El País. La mandataria justificó la medida señalando que personas privadas de libertad continuaban dirigiendo actividades criminales desde los centros penitenciarios, incluyendo estafas y órdenes de sicariato.
Costa Rica construye el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. El nuevo penal tendrá capacidad para miles de reclusos y busca concentrar a integrantes de organizaciones criminales consideradas de alta peligrosidad.
La apuesta costarricense ocurre mientras el país enfrenta un fuerte incremento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado. Fernández ha defendido una política de “mano dura” y ha impulsado, además de la nueva prisión, reformas legales y medidas para aumentar el control dentro de los centros penitenciarios.
Sin embargo, la construcción de una nueva prisión, por moderna o estricta que sea, no constituye por sí misma una política integral de seguridad pública.
Una cárcel permite aislar a personas condenadas o consideradas de alta peligrosidad, pero la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos requiere una estrategia mucho más amplia: investigación criminal, inteligencia policial, persecución del narcotráfico, control territorial, fortalecimiento de las instituciones de justicia, prevención del reclutamiento de jóvenes por las organizaciones criminales y oportunidades educativas y laborales.
Este punto resulta particularmente relevante para Costa Rica, donde el crecimiento de la violencia está estrechamente relacionado con la expansión de las redes del narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales.
Incluso las autoridades costarricenses han comenzado a complementar la construcción del CACCO con cambios en la administración penitenciaria. El Ministerio de Justicia y Paz anunció una política basada en “orden, control, disciplina y cero tolerancia con la corrupción”, además de medidas contra el ingreso de teléfonos y otros artículos prohibidos a las cárceles.
El desafío, por tanto, será determinar si estas medidas consiguen impedir que las cárceles continúen siendo centros de coordinación criminal y, al mismo tiempo, si las autoridades logran reducir la violencia fuera de los centros penitenciarios.
La experiencia salvadoreña se ha convertido en un referente regional para gobiernos que buscan responder al avance de las estructuras criminales mediante políticas de mayor control penitenciario y policial. Costa Rica no es el único país que ha mostrado interés en algunas de estas medidas.
Pero trasladar una política de seguridad de un país a otro no significa necesariamente reproducir los mismos resultados. Las estructuras criminales, los sistemas judiciales, las instituciones policiales, las condiciones sociales y las leyes son diferentes en cada nación.
El verdadero desafío para Costa Rica será demostrar que la nueva prisión forma parte de una estrategia integral y no se convierte únicamente en un símbolo de mano dura.
La experiencia internacional demuestra que construir cárceles puede ser necesario, pero llenar cárceles no equivale automáticamente a reducir la delincuencia. Para que una política de seguridad sea sostenible, debe atacar también las causas y las estructuras que producen el crimen.
La presidenta Fernández ha decidido apostar por una política de mayor contundencia frente al crimen organizado. Ahora corresponderá medir sus resultados no por el tamaño de la nueva cárcel, sino por indicadores concretos: homicidios, extorsiones, narcotráfico, reincidencia, control de las organizaciones criminales y seguridad efectiva para la población costarricense.
En última instancia, una cárcel puede encerrar al delincuente; pero es el Estado, mediante una política integral de seguridad y justicia, el que debe impedir que el crimen siga reproduciéndose.