Por Álvaro Rivera Larios
Amante declarada de la historia y presunta seguidora de sus leyes, la izquierda salvadoreña rara vez ha sido una estudiosa profunda de la suya, sobre todo de aquellos capítulos turbios e incómodos de su propia biografía. Así, cada 10 de mayo, el asesinato de Roque Dalton suscita condenas morales, sin que tal rechazo desemboque en una indagación sobre sus causas estructurales. El ritual se repite con puntualidad casi litúrgica: comunicados solemnes, palabras graves, homenajes cargados de pathos. Lo que no se repite —o nunca llega a producirse— es el esfuerzo sistemático por comprender qué condiciones hicieron posible que una organización revolucionaria asesinara a uno de sus intelectuales más lúcidos.
Esa combinación entre condena política y dejación teórica no solo afecta al caso Dalton; también rodea a otro suceso igualmente triste y trágico como el acuchillamiento de Mélida Anaya Montes. Tan implacable al diseccionar las acciones de las élites y sus aparatos de dominación, la llamada “ciencia marxista salvadoreña” suele aflojar el rigor analítico cuando se trata de abordar los errores —y horrores— revolucionarios. Allí donde la lupa sociológica se vuelve bisturí frente al enemigo de clase, se transforma en una discreta venda cuando el objeto de estudio son las organizaciones revolucionarias.
Las autocríticas no han faltado. Pero conviene preguntarse por su estatuto. Muchas de ellas operan como formas secularizadas de la confesión católica: se reconoce el pecado, se expresa contrición, se promete no reincidir… y el sistema de prácticas que hizo posible el pecado permanece intacto. Son rituales expiatorios más que ejercicios de pensamiento crítico; ceremonias destinadas a tranquilizar la conciencia colectiva sin alterar las lógicas profundas de autoridad, disciplina y obediencia que siguen reproduciéndose entre “los representantes del pueblo”. Convertir en anécdotas históricas estos casos de canibalismo entre héroes revolucionarios —un exceso, un error, un desliz trágico— es una forma particularmente eficaz de no pensarlos.
Atrapados en la anécdota y en su narración interesada, obsesionados con la búsqueda judicial o moral de culpables individuales, eludimos el examen sociológico del escenario concreto en el cual razonaban, decidían y actuaban los protagonistas de aquellas tragedias nada ejemplares ni revolucionarias. Se personaliza el mal para evitar interrogar a la estructura. Se dramatiza el conflicto para no analizar la gramática organizacional que lo volvió irresoluble por vías no violentas. El resultado es una historia edificante para la épica, pero estéril para el conocimiento.
Quizás los asesinatos de Roque Dalton y la comandante Ana María no admiten una fácil comparación. Difieren los contextos inmediatos, los roles organizativos, los equilibrios de poder, incluso las dramaturgias del crimen. En un caso, el intelectual incómodo; en el otro, la dirigente que encarna una alternativa de liderazgo. En un escenario, la clandestinidad tensa de los años setenta; en el otro, el fragor militar y político de una guerra en curso. Esta advertencia es correcta en la superficie, pero suele funcionar como coartada teórica. Sirve para impedir que se formule una pregunta más incómoda y, por tanto, más productiva: no si los casos son idénticos, sino si obedecen a una misma lógica organizacional.
Desde la sociología de las organizaciones, la respuesta es inequívoca: sí, pueden leerse bajo un mismo enfoque. No porque Dalton y Ana María ocuparan el mismo lugar, sino porque ambos se volvieron problemas estructurales para organizaciones incapaces de administrar sus contradicciones internas sin recurrir a la violencia. Ambos encarnaron, de modos distintos, un punto de disonancia entre la narrativa oficial, la disciplina interna y la complejidad real del proceso histórico. Y cuando una organización revolucionaria absolutiza su unidad simbólica y su coherencia doctrinal, todo desacuerdo interno tiende a percibirse no como conflicto legítimo, sino como “herejía” y amenaza.
Valdría la pena, pues, formular una tipología explicativa desde la cual pudiesen abordarse ambos casos. No para diluir responsabilidades, sino para comprender los mecanismos que condujeron a decisiones extremas. En uno y otro drama político hubo puntos de encuentro claros: una encrucijada histórica vista como dilema trascendental, un debate interno que no encuentra canales institucionales de resolución, un asesinato como forma de “resolver” lo irresoluble.
Primero, la encrucijada histórica. Tanto en 1975 como en 1983, las organizaciones revolucionarias se percibían a sí mismas ante un umbral decisivo. La historia, concebida como proceso teleológico y acelerado, no admitía ambigüedades ni tiempos largos para la deliberación. En ese clima, toda diferencia interna se leía como obstáculo objetivo para el avance de la causa. La política se volvía teología de la urgencia.
Segundo, el debate interno. En ambos casos existieron desacuerdos reales: estratégicos, éticos, organizativos. Pero esos desacuerdos no fueron procesados como conflictos legítimos entre posiciones revolucionarias, sino como síntomas de desviación o traición pequeñoburguesa. La organización, cerrada sobre sí misma, carecía de instancias autónomas de mediación. Cuando el disenso no puede hablar, empieza a ser nombrado por otros, generalmente en clave policial.
Tercero, el asesinato como resolución. No como arrebato irracional, sino como decisión funcional dentro de una lógica específica. La violencia interna aparece entonces como atajo trágico: elimina el problema visible sin transformar las condiciones que lo produjeron. La organización sobrevive, pero al precio de incorporar el crimen como posibilidad latente de gestión del conflicto.
Pensar estos episodios desde esta tipología no disminuye su gravedad; al contrario, la intensifica. Obliga a reconocer que no fueron accidentes ni monstruosidades inexplicables, sino productos extremos de una racionalidad política deformada por el autoritarismo, el dogmatismo y la sacralización de la unidad. Tal vez la lección más incómoda sea esta: una izquierda que no somete sus propias organizaciones al mismo escrutinio crítico que aplica al Estado y a las élites está condenada a repetir, bajo banderas distintas, viejas formas de dominación.
Mientras esa tarea siga postergándose, cada aniversario seguirá ofreciendo consuelo moral, pero no conocimiento. Y sin conocimiento —lo sabía el propio Dalton— no hay revolución que merezca ese nombre.