Por Alonso Rosales
Las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre el despliegue militar de El Salvador en Haití han puesto sobre la mesa una preocupación que trasciende la operación de búsqueda de los cuatro técnicos salvadoreños desaparecidos: la falta de coordinación entre las distintas fuerzas armadas que operan simultáneamente en territorio haitiano.
El domingo 8 de noviembre, Rubio explicó que en Haití existen dos operaciones militares diferentes. Una corresponde a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), vinculada a Naciones Unidas y respaldada por Washington; la otra es una misión bilateral de El Salvador con las autoridades haitianas, cuyo objetivo es combatir a las estructuras criminales responsables del secuestro de sus compatriotas.
La observación más llamativa del jefe de la diplomacia estadounidense fue la advertencia sobre la posibilidad de que ambos contingentes terminen enfrentándose por una confusión de identificación.
«Lo que no puede pasar es que la fuerza de supresión de pandillas se encuentre con soldados salvadoreños y se disparen entre sí porque piensen que el otro bando son pandilleros», advirtió Rubio.
Rubio también fue explícito al delimitar la participación estadounidense. Washington proporciona respaldo a la fuerza internacional vinculada a Naciones Unidas, pero no participa directamente en la operación bilateral emprendida por El Salvador.
Esta precisión tiene relevancia geopolítica porque establece una diferencia entre el apoyo estadounidense a la estrategia internacional de seguridad en Haití y el despliegue militar ordenado por el presidente Nayib Bukele.
Según Rubio, Bukele informó personalmente al presidente Donald Trump sobre las acciones salvadoreñas y la Casa Blanca comprendió las razones de esa decisión. Sin embargo, esa comunicación política no significa que Estados Unidos esté financiando, dirigiendo o proporcionando apoyo operativo directo a las tropas salvadoreñas.
El problema de dos cadenas de mando
La advertencia estadounidense plantea una cuestión fundamental: la necesidad de que la misión de Naciones Unidas y el mando militar salvadoreño establezcan comunicación permanente, protocolos de identificación, intercambio de información y mecanismos de desescalada.
La preocupación no es menor. La presencia de más de 2,000 militares salvadoreños, junto con otras estructuras internacionales y fuerzas haitianas, exige una delimitación precisa de responsabilidades y reglas de enfrentamiento.
Además, Naciones Unidas ha aclarado que la mayor parte del contingente salvadoreño desplegado posteriormente no está bajo el mandato de la fuerza internacional y ha insistido en el cumplimiento del derecho internacional.
Una advertencia que también compromete a la comunidad internacional
Las declaraciones de Rubio deben interpretarse como un llamado a la coordinación y no como una desautorización de la presencia salvadoreña.
El Salvador tiene una responsabilidad inmediata con sus cuatro compatriotas desaparecidos y con las autoridades haitianas, con quienes estableció el acuerdo bilateral. Pero la misión de Naciones Unidas también tiene la responsabilidad de evitar que la coexistencia de diferentes fuerzas termine convirtiéndose en un nuevo factor de inestabilidad.