Por Redacción ContraPunto
El despliegue de tropas salvadoreñas en Haití ha generado un debate internacional sobre los alcances de la cooperación militar, la seguridad regional y la capacidad de los países latinoamericanos para enfrentar estructuras criminales transnacionales. Sin embargo, el análisis publicado por la revista británica The Economist, y retomado por medios salvadoreños, merece una lectura crítica: su enfoque pone especial énfasis en los riesgos políticos, militares y estratégicos de la operación, mientras resta centralidad a una cuestión fundamental: la búsqueda de cuatro ciudadanos salvadoreños desaparecidos después de un ataque atribuido a estructuras criminales haitianas.
El problema de fondo es que no se puede evaluar una misión de rescate únicamente desde la perspectiva de sus posibles consecuencias geopolíticas o de la comparación entre los modelos de seguridad de El Salvador y Haití. Antes de discutir si la estrategia salvadoreña podría contribuir a transformar la seguridad haitiana, es necesario reconocer cuál fue el detonante inmediato del despliegue: la desaparición de cuatro técnicos salvadoreños que se encontraban en territorio haitiano cumpliendo funciones de apoyo aeronáutico y evacuación médica.
El presidente Nayib Bukele ha sostenido que estos compatriotas no eran combatientes y que su trabajo consistía en salvar vidas. Fueron secuestrados cuando regresaban de comprar alimentos, según la versión oficial, y desde entonces su localización se convirtió en una prioridad para el Gobierno salvadoreño.
Una misión de rescate no debe confundirse con una operación de ocupación
Uno de los aspectos que debe tenerse en cuenta es la diferencia entre el propósito de una misión militar y las posibilidades que pueden surgir durante su desarrollo. El envío de efectivos salvadoreños responde, en primer término, a la necesidad de localizar a sus compatriotas, establecer qué ocurrió y procurar su recuperación.
En situaciones de secuestro, las primeras 72 horas suelen considerarse un periodo especialmente importante para las labores de localización y rescate. La rapidez de la respuesta puede resultar determinante para preservar la vida de las víctimas y obtener información sobre sus captores. Aunque ese periodo inicial ya transcurrió en el caso de los cuatro salvadoreños, ello no elimina la obligación de continuar la búsqueda ni la posibilidad de encontrarlos con vida. También obliga a contemplar, con responsabilidad y sin anticipar conclusiones, la posibilidad de recuperar sus cuerpos y esclarecer lo sucedido.
Por esa razón, reducir el despliegue a una supuesta aventura política del presidente salvadoreño supone dejar fuera el componente humano y la responsabilidad de un Estado frente a sus ciudadanos desaparecidos en el extranjero.
Además, la presencia salvadoreña no debe presentarse como una intervención unilateral sin considerar el marco de cooperación con las autoridades haitianas. El vicepresidente Félix Ulloa explicó el 5 de noviembre, durante la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que existe un arreglo bilateral con las autoridades de Haití que legitima la presencia de los efectivos salvadoreños. Esta declaración es relevante porque contradice la interpretación de que se trata simplemente de una incursión decidida al margen del Gobierno del país caribeño.
El respaldo de sectores haitianos: una realidad que también debe contarse
Otro elemento que merece atención es la percepción de la población haitiana. No es correcto presentar a toda la sociedad como contraria a la llegada de efectivos salvadoreños. Existen sectores que ven el despliegue como una oportunidad para recuperar la seguridad y enfrentar a las organizaciones criminales que durante años han sometido a comunidades enteras.
Una publicación de Associated Press, retomada por medios internacionales, recogió declaraciones de Jean Dorneval, exministro de Defensa de Haití, quien reconoció que existe entusiasmo y respaldo popular hacia la presencia de las tropas de Bukele. También documentó el apoyo de la activista haitiana Bertide Horace, quien manifestó su bienvenida al despliegue y expresó que su país necesita una respuesta efectiva frente a las pandillas.
Esto demuestra que la percepción haitiana no es uniforme. Hay preocupación por los riesgos de cualquier operación militar, pero también existe esperanza entre ciudadanos que llevan años viviendo bajo amenazas, secuestros, extorsiones, asesinatos y desplazamientos forzados.
Ignorar esas voces para concentrarse exclusivamente en las advertencias de especialistas extranjeros también constituye una forma de presentar una realidad incompleta.
El propio Bukele ha establecido una condición que define el alcance de la operación
Uno de los argumentos más importantes para comprender la naturaleza del despliegue está en las declaraciones del presidente salvadoreño.
Bukele afirmó públicamente que, si las estructuras criminales entregan con vida a los cuatro técnicos salvadoreños, ese mismo día las tropas regresarán a El Salvador.
Esta afirmación tiene un significado político y operativo considerable: establece que la recuperación de los compatriotas es el objetivo prioritario y que su entrega permitiría poner fin inmediatamente al despliegue.
Por tanto, atribuir a la misión un objetivo obligatorio de conquistar territorios, ocupar Haití o desarrollar una campaña indefinida para eliminar todas las pandillas del país caribeño no corresponde a lo que el mandatario ha planteado como condición para mantener la operación.
Es importante hacer una distinción: Bukele también ha manifestado que El Salvador está dispuesto a ayudar al pueblo haitiano a combatir las estructuras criminales. Incluso ha sostenido que las capacidades de su país podrían servir para enfrentar a esas organizaciones. Sin embargo, esa disposición y sus declaraciones sobre la posibilidad de combatir a las pandillas no deben confundirse automáticamente con un mandato de ocupación o con el objetivo original del rescate.
La cooperación haitiana y la legitimidad de la presencia salvadoreña
También debe reconocerse el papel de las autoridades haitianas. La operación no puede analizarse como si El Salvador hubiera decidido unilateralmente introducir tropas en otro territorio sin ningún entendimiento institucional.
El Gobierno salvadoreño informó sobre las conversaciones entre Bukele y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, para abordar el despliegue y la cooperación en materia de seguridad. Asimismo, Ulloa defendió públicamente el acuerdo bilateral que respalda la presencia de los militares.
La cooperación entre ambos países y la participación de las fuerzas de seguridad haitianas son elementos fundamentales para comprender el contexto de la operación. Eso no significa que estén resueltas todas las interrogantes sobre las reglas de actuación, la coordinación militar y la duración del despliegue, aspectos que deben explicarse con transparencia.
La propia gravedad de la crisis haitiana exige coordinación institucional, respeto a la soberanía y protección de la población civil.
El análisis internacional también debe ser equilibrado
La revista The Economist tiene derecho a cuestionar la estrategia salvadoreña, advertir sobre las dificultades del terreno haitiano y consultar a especialistas que consideran que el modelo de seguridad aplicado en El Salvador no puede reproducirse mecánicamente en otro país.
Esas advertencias merecen consideración. Haití tiene una realidad institucional, territorial, económica y social distinta. Las organizaciones criminales controlan zonas estratégicas y operan en un escenario de profunda debilidad estatal. Ninguna operación militar garantiza por sí sola una solución duradera.
Sin embargo, el rigor periodístico exige contextualizar todos los elementos y no convertir las hipótesis sobre las intenciones políticas de un presidente en hechos comprobados.
También exige dar espacio a los ciudadanos haitianos que reciben favorablemente la presencia salvadoreña, a las autoridades que han establecido mecanismos de cooperación y a la explicación oficial sobre la desaparición de los cuatro técnicos.
El Salvador no puede ignorar a sus ciudadanos desaparecidos en el extranjero. La obligación de un Estado es buscarlos, protegerlos y utilizar los mecanismos legales y diplomáticos disponibles para procurar su regreso.
En definitiva, el debate no debería limitarse a determinar si Bukele puede o no exportar su modelo de seguridad. La discusión central debe comenzar por una pregunta mucho más humana: ¿qué debe hacer un país cuando cuatro de sus ciudadanos desaparecen en una zona controlada por organizaciones criminales?
La respuesta no puede ser la indiferencia ni la descalificación anticipada de quienes participan en su búsqueda.
La misión salvadoreña debe ser evaluada por sus resultados, por el cumplimiento de sus objetivos, por el respeto a la soberanía haitiana y por la protección de los civiles. Pero también debe juzgarse reconociendo su origen: la búsqueda de cuatro compatriotas cuyo destino todavía necesita esclarecerse.
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Redacción ContraPunto
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