¿Debe una democracia tolerar cualquier discurso en nombre de la libertad de expresión? La pregunta, planteada hace décadas por Karl Popper, adquiere una nueva dimensión en la era de las redes sociales, donde los algoritmos, la desinformación y la viralización del odio han transformado el espacio público. Tal vez no haya llegado el momento de abandonar la paradoja de la tolerancia, sino de replantearla frente a una realidad que el filósofo austríaco nunca conoció.
Zarko Pinkas |
¿Debe una democracia tolerar cualquier discurso en nombre de la libertad de expresión? La pregunta, planteada hace décadas por Karl Popper, adquiere una nueva dimensión en la era de las redes sociales, donde los algoritmos, la desinformación y la viralización del odio han transformado el espacio público. Tal vez no haya llegado el momento de abandonar la paradoja de la tolerancia, sino de replantearla frente a una realidad que el filósofo austríaco nunca conoció.
Karl Popper escribió que una sociedad no puede ser infinitamente tolerante con la intolerancia porque, si lo fuera, terminaría perdiendo la capacidad de defenderse. Aquella idea, conocida como la paradoja de la tolerancia, continúa siendo una de las reflexiones más citadas cuando se discute sobre libertad de expresión y democracia.
Sin embargo, ninguna teoría filosófica es un dogma. Ningún pensador, por brillante que haya sido, posee una verdad eterna. La historia de las ideas demuestra precisamente lo contrario.
Aristóteles justificó la esclavitud como un elemento natural de la organización social de su tiempo. Nadie aceptaría hoy semejante argumento solo porque provino de uno de los mayores filósofos de la historia. El prestigio intelectual nunca ha sido un certificado de infalibilidad. Las ideas sobreviven únicamente mientras resisten el examen del tiempo.
Con Popper ocurre algo similar. Su reflexión sigue siendo extraordinariamente valiosa, pero fue concebida para un mundo radicalmente distinto al nuestro.
Cuando Popper escribía, la circulación de las ideas dependía de periódicos, libros, emisoras de radio, universidades y plazas públicas. Existían editores, filtros, responsabilidades jurídicas y un ritmo de difusión infinitamente más lento que el actual. El odio podía expandirse, pero lo hacía dentro de un ecosistema comunicacional muy diferente.
Hoy basta una publicación para alcanzar a millones de personas en pocas horas. Ya no se trata únicamente de individuos expresando opiniones. Existen algoritmos diseñados para privilegiar el contenido que provoca indignación, redes automatizadas de cuentas falsas capaces de fabricar tendencias y plataformas donde la mentira suele viajar mucho más rápido que la evidencia.
En ese escenario, responder al odio únicamente con argumentos racionales deja de ser una competencia equilibrada. Es como intentar contener un incendio forestal con un balde de agua.
La historia demuestra que el odio nunca permanece encerrado en las palabras. Antes de las persecuciones vienen los estereotipos. Antes de la discriminación aparece la deshumanización. Antes de la violencia se normaliza el lenguaje que presenta a determinados grupos como inferiores, peligrosos o indignos de los mismos derechos.
El Holocausto no comenzó con cámaras de gas. Comenzó con discursos que convencieron a millones de personas de que los judíos representaban una amenaza para Alemania. En Ruanda, el genocidio contra los tutsis fue precedido por años de propaganda que los describía como “cucarachas”. En los Balcanes, la limpieza étnica fue alimentada por narrativas nacionalistas que convirtieron al vecino en enemigo. La violencia masiva casi nunca aparece de improviso; suele ser el último eslabón de una larga cadena de palabras.
Por eso resulta peligroso confundir libertad de expresión con discurso de odio.
Criticar a un gobierno, cuestionar una religión, debatir sobre políticas migratorias o discrepar de una ideología forman parte del debate democrático. Muy distinto es afirmar que una persona vale menos por el color de su piel, su origen, su religión, su nacionalidad o su orientación sexual; que merece menos derechos o que debería ser excluida de la sociedad. Eso ya no es una opinión destinada a enriquecer el debate público. Es un intento de deshumanizar al otro.
Las democracias tienen la obligación de proteger la libertad de expresión porque sin ella no existe ciudadanía libre. Pero también tienen el deber de impedir que esa misma libertad sea utilizada para destruir la igualdad sobre la que descansa el Estado de derecho.
No se trata de censurar las ideas incómodas ni de construir ministerios de la verdad. Se trata de reconocer que existen discursos cuya finalidad no es debatir, sino negar la humanidad del otro y convertir la discriminación en una conducta socialmente aceptable.
Quizá Popper no estaba equivocado. Quizá simplemente escribió para un mundo que ya no existe.
El verdadero desafío del siglo XXI consiste en responder una pregunta que él nunca tuvo que enfrentar: ¿cómo proteger la libertad de expresión cuando el odio puede multiplicarse a velocidad algorítmica, amplificado por inteligencias artificiales, ejércitos de bots y plataformas que convierten la indignación en un negocio?
La democracia no solo debe garantizar que todos puedan hablar. También debe impedir que la deshumanización se disfrace de opinión y termine destruyendo aquello que dice defender.
Porque la historia ha demostrado una lección demasiado dolorosa para ignorarla: el odio nunca empieza disparando. Siempre empieza hablando.