Credito RT
Por Francisco Rosales
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que la mejor forma en que Estados Unidos puede apoyar al pueblo cubano es mediante la reducción de las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero que, según denunció, se han intensificado en los últimos meses.
Las declaraciones surgen en respuesta a un ofrecimiento realizado por el Gobierno estadounidense, encabezado en política exterior por el secretario de Estado Marco Rubio, quien anunció un paquete de ayuda valorado en 100 millones de dólares destinado a Cuba. De acuerdo con Washington, estos fondos serían canalizados a través de la Iglesia católica y diversas organizaciones humanitarias, con el objetivo de atender necesidades urgentes de la población.
Rodríguez rechazó las afirmaciones de Rubio, quien había asegurado que La Habana se negó a aceptar dicha ayuda. “El Gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe”, sostuvo el canciller, aunque subrayó la “incongruencia” de ofrecer asistencia mientras se mantienen sanciones que impactan severamente la economía de la isla.
El funcionario cubano indicó que su país está dispuesto a evaluar los detalles del ofrecimiento, incluyendo si la ayuda se entregará en efectivo o en insumos, así como los sectores a los que sería destinada, como salud, alimentación o infraestructura básica. No obstante, insistió en que cualquier cooperación debe estar libre de condicionamientos políticos.
Además del paquete económico, Washington ha planteado otros posibles beneficios asociados a su oferta, como el fortalecimiento de canales humanitarios, el apoyo a instituciones religiosas para la distribución de recursos y la facilitación de asistencia directa a comunidades vulnerables. Sin embargo, desde La Habana se insiste en que estas medidas resultan insuficientes frente al impacto estructural del embargo.
Las tensiones entre ambos países se han incrementado tras decisiones recientes de la administración del presidente Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva que declara a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta medida incluye sanciones adicionales, como aranceles a países que suministren petróleo a la isla.
El Gobierno cubano ha rechazado estas acusaciones y reiterado su disposición al diálogo, al tiempo que exige el levantamiento del embargo vigente desde hace más de seis décadas. Según La Habana, este conjunto de sanciones constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico del país y el bienestar de su población.
En este contexto, Cuba sostiene que la verdadera ayuda no radica únicamente en aportes financieros, sino en la eliminación de las restricciones que, asegura, limitan su acceso a recursos, mercados y financiamiento internacional.