Por Alonso Rosales, analista internacional
La reciente aprobación en la Organización de las Naciones Unidas de una resolución impulsada por Ghana ha reabierto uno de los debates más profundos de la historia contemporánea: el reconocimiento de la esclavitud transatlántica como el crimen más grave contra la humanidad. Este hecho no solo tiene un valor simbólico, sino que también plantea interrogantes sobre justicia histórica, reparación y responsabilidad internacional.
El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica que declara la trata transatlántica de esclavos y la esclavización racializada de africanos como “el crimen más grave contra la humanidad”. La iniciativa fue respaldada por 123 países, reflejando un amplio consenso global, especialmente entre naciones africanas, latinoamericanas y caribeñas. Sin embargo, también evidenció profundas divisiones geopolíticas: Estados Unidos, Israel y Argentina votaron en contra, mientras que 52 países —incluidos los miembros de la Unión Europea y el Reino Unido— optaron por la abstención.
La resolución, aunque no es jurídicamente vinculante, tiene un peso político considerable. No solo reconoce la magnitud histórica del crimen —que implicó la deportación forzada de más de 12,5 millones de africanos entre los siglos XV y XIX— sino que también subraya sus consecuencias actuales, como las desigualdades raciales y económicas persistentes.
Ghana, junto con la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (CARICOM), ha defendido esta iniciativa como un paso esencial hacia la justicia reparativa. El objetivo no es únicamente reconocer el pasado, sino avanzar hacia medidas concretas: disculpas oficiales, restitución de bienes culturales, compensaciones económicas y garantías de no repetición.
Sin embargo, la oposición de algunas potencias occidentales se basa en argumentos jurídicos y políticos. Estados Unidos, por ejemplo, ha rechazado la idea de que se puedan establecer reparaciones legales por hechos que no eran considerados ilegales bajo el derecho internacional de la época. Asimismo, tanto este país como la Unión Europea han expresado preocupación por la posibilidad de crear una jerarquía entre los crímenes contra la humanidad.
Estas posturas reflejan una tensión más amplia: la dificultad de conciliar la memoria histórica con las estructuras legales contemporáneas. Para muchos países del sur global, la esclavitud no es solo un hecho del pasado, sino un fenómeno cuyas consecuencias estructurales siguen vigentes en forma de desigualdad, subdesarrollo y discriminación sistémica.
El debate también pone en evidencia el legado del colonialismo europeo y su papel en la configuración del orden mundial actual. Durante siglos, las potencias coloniales no solo explotaron recursos y territorios, sino que también establecieron sistemas económicos y sociales que continúan influyendo en las relaciones internacionales. En este contexto, la abstención de varios países europeos puede interpretarse como una muestra de cautela frente a posibles implicaciones políticas y económicas derivadas de un reconocimiento más contundente.
En definitiva, la resolución promovida por Ghana marca un punto de inflexión en la forma en que la comunidad internacional aborda la esclavitud. Más allá de las diferencias políticas, el hecho de que una mayoría significativa de países haya respaldado esta iniciativa demuestra que existe una creciente voluntad de confrontar el pasado y avanzar hacia formas de justicia histórica.
El reto ahora radica en transformar este reconocimiento en acciones concretas que permitan reparar, al menos parcialmente, una de las mayores tragedias de la humanidad. La historia no puede cambiarse, pero sí puede ser reconocida, comprendida y, en la medida de lo posible, reparada.
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