"La carrera desenfrenada de la administración Trump, en su afán de destruir los logros del estado social, encuentra un obstáculo molesto y persistente": Gabriel Lerner.
Jueza Indira Talwani. Foto: Cortesía.
Por Gabriel Lerner.
Periodista de Hispanic L.A.
Ocasionalmente, la carrera desenfrenada de la administración Trump en su afán de destruir los logros del estado social conseguidos tras décadas de lucha encuentra un obstáculo molesto y persistente.
Es la Constitución de Estados Unidos.
Naturalmente sería el Congreso el encargado de detener las embestidas del gobierno, pero el partido de Trump tiene mayoría en ambas cámaras, y no se atreve a contradecir la palabra del líder.
Tampoco es la “resistencia” – partes del partido Demócrata, organizaciones comunitarias, la prensa libre – que aún no se ha consolidado ni definido, tras más de seis meses de aplastante e ininterrumpida ofensiva trumpista. Obviamente, no estaban preparados para este embate.
Son entonces las cortes federales, generalmente jueces individuales que aún creen en el gobierno de la ley y que previenen mayores daños.
Al contradecir al gobierno, estos jueces son el blanco de ataques personales del Presidente, a llamadas de insultos y amenazas de muerte, y no hallan insuficiente liderazgo en la Corte Suprema, que está pasando a la historia como facilitadores de Trump.
Sin embargo, estos jueces insisten en pronunciarse para cumplir su deber.
Este martes, la jueza Indira Talwani de la Corte de Distrito en Massachusetts dio un ejemplo de ello cuando determinó este martes que la parte de la ley presupuestaria One Big Beautiful Bill Act del 4 de julio, que recorta los fondos del programa federal Medicaid (MediCal en California) dedicados a la organización de salud Planned Parenthood, es anticonstitucional.
Como se sabe, Medicaid provee seguro de salud de bajo costo o gratuito a más de 70 millones de residentes elegibles de bajos ingresos.
Establecida en 1921, las fundadoras de Planned Parenthood fueron encarceladas por proveer información sobre control de la natalidad. Pero en 2023, la organización atendía a dos millones de mujeres, proporcionando 10 millones de servicios diversos, entre ellos menos de 400,000 abortos. Es una alianza estratégica de 159 afiliados que operan 600 clínicas de salud.
Por su labor que beneficia a las mujeres de bajos ingresos, minorías y adolescentes, incluyendo servicios de aborto, ha estado en la mira de los republicanos por décadas.
En junio de 2022, en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization la Corte Suprema eliminó las protecciones federales al derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Desde entonces, 12 estados prohibieron el aborto, pero 17 han consagrado este derecho en sus Constituciones. Y en las elecciones de 2024, los votantes en siete estados aprobaron medidas que protegieron el acceso al aborto.
Para la mayoría de la población, el aborto sigue siendo legal.
Pero además, la enmienda Hyde, aprobada en 1976 por el Congreso, prohibe de cualquier manera el uso de fondos federales para pagar por abortos, con pocas excepciones.
El dinero federal financia otros servicios de planificación familiar que no constituyen aborto. Planned Parenthood proporciona servicios de prevención, como anticonceptivos, pruebas de infecciones de transmisión sexual, condones gratuitos, exámenes de prevención del cáncer, e información sobre la salud sexual. Todo ello es perfectamente legal.
Esto no bastó a los republicanos en el Congreso, empecinados en destruir esta organización.
Para ello, la «Bella» ley que aprobaron prohibe pagos estatales de Medicaid a organizaciones sin fines de lucro que recibieron en 2023 más de 800,000 dólares y que ofrecen abortos. Planned Parenthood es la única organización en todo el país que cumple estas condiciones.
La jueza Talwani explica en su fallo que la provisión legal viola los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución que benefician a Planned Parenthood, así como el derecho a la igualdad de protección bajo la Quinta Enmienda. Esa parte de la ley, dictaminó, constituye un acto de discriminación ilegal basado en diferendos políticos.
También rechazó el alegato sin evidencias de que, de alguna manera inexplicable, los fondos hubieran sido utilizados para realizar abortos.
El retiro de los fondos federales puede causar el cierre de 200 clínicas de salud para la mujer en 24 estados. Es un ataque desproporcionado contra personas de bajos ingresos, especialmente mujeres inmigrantes, mujeres de color y mujeres jóvenes.
Las reacciones del gobierno no se hicieron esperar. Un portavoz dijo que «órdenes como esta subrayan la audacia de los tribunales inferiores y el caos en la rama judicial».
El fallo de la jueza Talwani completa una previa orden de restricción temporal contra la disposición. Es una victoria para el estado de derecho en nuestro país.
Planned Parenthood desempeña un papel fundamental al proporcionar cuidado de salud reproductiva y merece todo el apoyo de la ciudadanía y las fuerzas vivas de la sociedad.
Finalmente, la administración Trump anunció que llevará el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston.