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Por Francisco Alonso Rosales
La seguridad es una obligación fundamental de cualquier Estado democrático. Pero cuando la seguridad comienza a utilizarse como argumento para ampliar de manera extraordinaria las facultades del Poder Ejecutivo, la pregunta deja de ser solamente cómo combatir el crimen y pasa a ser otra mucho más profunda: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno antes de comenzar a erosionar las garantías que sostienen la propia democracia?
El presidente chileno, José Antonio Kast, ha colocado esta discusión en el centro de su agenda política con una reforma constitucional que propone un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves a la seguridad pública. La iniciativa contempla períodos prolongados de aplicación y mayores atribuciones presidenciales.
El problema no está en que un gobierno quiera combatir al crimen organizado. El problema aparece cuando la excepcionalidad comienza a presentarse como una solución permanente y cuando las restricciones a derechos constitucionales dejan de ser una medida estrictamente extraordinaria para convertirse en parte habitual de la arquitectura del Estado.
La propuesta de Kast ha generado precisamente esa preocupación. Incluso una encuesta Cadem publicada este mes mostró que el 58% de los consultados rechaza que un estado de excepción de estas características pueda ser decretado únicamente por el Presidente.
En una democracia constitucional, el Congreso no es un obstáculo que el Ejecutivo deba esquivar. Es precisamente uno de los contrapesos diseñados para impedir que la concentración del poder termine debilitando las libertades ciudadanas.
Por eso resulta preocupante que la discusión sobre seguridad pueda transformarse en una disputa entre la voluntad presidencial y los mecanismos institucionales de control. Si una medida excepcional requiere modificar la Constitución para ampliar considerablemente las facultades del Ejecutivo, entonces el debate democrático debe ser todavía más riguroso, no menos.
Chile no puede aceptar que el miedo se convierta en una carta blanca para gobernar.
La experiencia histórica demuestra que los retrocesos democráticos rara vez comienzan anunciándose como tales. Con frecuencia llegan envueltos en discursos sobre orden, seguridad, emergencia y defensa de la ciudadanía. El lenguaje puede cambiar, pero el peligro aparece cuando se comienza a considerar que los derechos son un obstáculo para gobernar.
También existe una dimensión internacional que merece atención. La creciente convergencia de Kast con sectores de la derecha radical internacional y la celebración en Santiago del Foro Madrid han alimentado el debate sobre el carácter liberal de su proyecto político. Analistas han advertido que el problema no consiste solamente en ubicar ideológicamente al mandatario, sino en observar si determinadas reformas terminan debilitando la separación de poderes, la independencia institucional y las libertades constitucionales.
Y aquí aparece una pregunta política inevitable: ¿qué precio está dispuesto a pagar Chile por alinearse con una determinada agenda internacional de seguridad?
Si la relación con Donald Trump o con otros gobiernos de derecha dura se convierte en una prioridad política, Chile debe preguntarse dónde quedan sus propios intereses nacionales. La seguridad de los chilenos no puede convertirse en moneda de cambio diplomática ni en instrumento para satisfacer expectativas externas.
Chile tiene una larga tradición institucional. Precisamente por eso, la discusión actual no debería reducirse a Kast contra sus adversarios políticos. El verdadero debate es democracia contra concentración del poder.
Combatir el crimen sí. Perseguir al terrorismo sí. Proteger a la ciudadanía, también.
Pero todo ello debe hacerse dentro de la Constitución, bajo control institucional y con límites claros.
Porque una democracia que sacrifica sus derechos fundamentales para defenderse puede terminar descubriendo, demasiado tarde, que aquello que pretendía proteger —la libertad— era precisamente lo primero que había comenzado a perder.
La seguridad es necesaria. El poder sin controles, no.