Hay que decir la verdad, aunque incomode a las élites políticas de Washington, Caracas y de cualquier otro lugar donde el poder termine negociándose por encima de los pueblos.
Donald Trump necesita el petróleo venezolano. Y lo necesita por una razón política y económica que resulta imposible ignorar: después de haber llevado a Estados Unidos a una confrontación militar con Irán, el costo energético se convirtió en un problema que golpea directamente al bolsillo de los estadounidenses. La gasolina cara tiene consecuencias electorales y sociales, y un presidente que enfrenta un fuerte desgaste en su popularidad difícilmente puede darse el lujo de ignorarlas.
Trump no puede responsabilizar a Joe Biden por las consecuencias de una guerra que él mismo decidió emprender. Biden no llevó a Estados Unidos a esa guerra. Fue Trump quien tomó las decisiones, quien asumió los riesgos y quien ahora tiene que responder por sus consecuencias.
Y aquí aparece Venezuela.
El petróleo venezolano vuelve a convertirse en una pieza fundamental del tablero geopolítico estadounidense. El mismo país que durante años fue presentado por Washington como un enemigo político puede transformarse, cuando las circunstancias lo exigen, en un socio energético conveniente.
Eso demuestra una verdad elemental de la política internacional: los principios suelen durar hasta que aparece el petróleo.
Pero la otra cara de esta historia es todavía más preocupante.
¿Qué obtiene el pueblo venezolano de estas negociaciones? ¿Qué obtiene la población que enfrenta dificultades económicas, infraestructura deteriorada y necesidades sociales urgentes? ¿Quién defiende sus intereses cuando las grandes potencias negocian recursos naturales y los gobiernos negocian su permanencia política?
Delcy Rodríguez, como representante del poder venezolano, debió utilizar su posición negociadora para exigir mucho más. Si Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela, Venezuela debería exigir condiciones concretas para su pueblo: reconstrucción de viviendas destruidas, infraestructura, hospitales, escuelas y programas de atención para las comunidades más vulnerables.
No se trata de regalar el petróleo. Se trata de que los recursos de una nación produzcan beneficios reales para sus ciudadanos.
Porque si el petróleo venezolano vale tanto para Estados Unidos, también debería valer para los venezolanos que viven sobre esa riqueza.
Lo verdaderamente escandaloso es que, una vez más, la población queda relegada al último lugar. Primero están los intereses estratégicos de las potencias. Después, los intereses de los gobiernos. Luego, los negocios de las élites económicas. Y al final aparece el pueblo, esperando que alguien se acuerde de él.
Ese es el problema de fondo.
Trump defiende los intereses de Estados Unidos. El gobierno venezolano defiende su supervivencia política. Las empresas buscan oportunidades económicas. Y mientras todos negocian, ¿quién negocia por los ciudadanos?
La política internacional no debería convertirse en un mercado donde los pueblos son simples espectadores.
Venezuela no debería entregar petróleo a cambio de promesas políticas. Estados Unidos no debería pretender resolver sus problemas energéticos apropiándose de los beneficios de los recursos venezolanos. Y los dirigentes venezolanos no deberían aceptar acuerdos que no se traduzcan en mejores condiciones de vida para su propia población.
La verdadera soberanía no consiste únicamente en controlar el territorio o proclamar discursos nacionalistas. También significa tener la capacidad de utilizar los recursos nacionales para mejorar la vida de quienes habitan ese territorio.
Por eso hay que decirlo con claridad: cuando las élites se sientan a negociar petróleo, poder y geopolítica, el pueblo no puede quedar sentado afuera de la mesa.
Porque el petróleo puede mover millones de dólares, puede cambiar alianzas y puede modificar el equilibrio político internacional.
Pero ninguna negociación será verdaderamente legítima si al final de ella el pueblo sigue siendo el gran perdedor.