Por Alonso Rosales
Un juez federal de Massachusetts dictaminó este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump no puede deportar a inmigrantes a un tercer país sin antes intentar enviarlos a la nación designada en su orden final de expulsión y sin garantizarles el debido proceso legal.
El magistrado federal de distrito Brian Murphy sostuvo que la administración republicana no puede expulsar a personas extranjeras a otras naciones sin previo aviso ni sin brindarles la oportunidad de impugnar la decisión, especialmente cuando exista el riesgo de persecución o tortura en el país de destino.
“En este caso se trata de si el gobierno puede, sin previo aviso, deportar a una persona al país equivocado o a uno en el que es probable que sea perseguida o torturada, privándola así de la oportunidad de solicitar la protección a la que sin duda tiene derecho”, escribió el juez en su fallo.
Murphy ordenó además que el gobierno proporcione una notificación sustancial antes de realizar cualquier expulsión a un tercer país. Esta medida busca garantizar el debido proceso, lo que implica dar a la persona afectada el tiempo necesario para impugnar la deportación ante los tribunales.
En su resolución, el juez recordó que el Congreso estableció como política de Estados Unidos no expulsar, extraditar ni efectuar el retorno involuntario de ninguna persona a un país donde exista el riesgo de que sea sometida a tortura. “El Congreso decidió que el gobierno no puede expulsar a nadie a un país en el que su vida o su libertad corran peligro”, señaló.
Murphy subrayó que estos principios están arraigados en la legislación y en la tradición constitucional del país. “Estas son nuestras leyes y es con profunda gratitud por la increíble suerte de haber nacido en Estados Unidos que este tribunal afirma estas y los principios fundamentales de nuestra nación: que ninguna persona en este país puede ser privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”, añadió el magistrado.
El fallo se produce en un contexto de amplio debate nacional sobre la política migratoria. Según una encuesta reciente, el 69% de los estadounidenses considera que Trump prioriza las deportaciones por encima de la economía, un dato que refleja la polarización existente en torno a las medidas de control migratorio.
La decisión judicial podría tener implicaciones significativas para la aplicación de las políticas de deportación, al establecer límites claros sobre cómo y hacia dónde pueden realizarse las expulsiones. También refuerza el principio de no devolución —conocido internacionalmente como non-refoulement— que prohíbe enviar a una persona a un país donde enfrente riesgos graves para su integridad o libertad.
El gobierno podría apelar la decisión ante una instancia superior, mientras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes consideran el fallo como una reafirmación de las garantías constitucionales básicas, incluso en el ámbito de la política migratoria.
Fuente: Noticias Telemundo