Conocido como EL Rey del Pueblo Johnny Rivera
Por Alonso Rosales
Hay momentos en los que una tragedia nacional sirve para medir algo más profundo que la capacidad de respuesta de un gobierno: sirve para medir las prioridades de una sociedad.
El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto dejó una emergencia de enormes proporciones. El Gobierno reconoce daños en cientos de municipios y más de 150.000 viviendas afectadas, mientras el costo preliminar de reconstrucción supera los 30 billones de pesos colombianos.
En medio de ese escenario aparece una imagen que contrasta con la discusión política: la del cantante Jhonny Rivera, quien puso propiedades y recursos a disposición de personas afectadas por el desastre.
El Hotel La Rivera, en Pereira, fue habilitado como alojamiento humanitario y centro de apoyo. Posteriormente, el artista abrió su finca para recibir a adultos mayores damnificados. Y ahora gestiona, junto con autoridades locales, la posibilidad de construir alrededor de 20 viviendas dignas para familias que lo perdieron todo.
No es necesario convertir a un cantante en ministro para reconocer el valor de una acción concreta.
Rivera entendió una cosa elemental: cuando una familia pierde su casa, necesita primero un techo; cuando un niño pierde su escuela, necesita volver a estudiar; cuando un pueblo pierde sus servicios básicos, necesita que el Estado reconstruya cuanto antes.
Y en esa misma dirección aparece otra figura colombiana: Shakira.
La cantante anunció que dedicará esfuerzos a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y que, junto con el filántropo Howard Buffett y su Fundación Pies Descalzos, impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. También informó que consiguió un millón de dólares para atender la emergencia educativa.
Aquí aparece la pregunta incómoda:
La respuesta debería ser sencilla: salvar vidas, garantizar vivienda, restablecer agua y servicios básicos, recuperar hospitales, reconstruir escuelas y universidades y devolverle a la población la posibilidad de trabajar y vivir con dignidad.
Las cárceles pueden ser necesarias. La seguridad también es una obligación del Estado. Pero construir diez megacárceles no puede convertirse en la imagen principal de un Gobierno mientras miles de familias todavía están intentando reconstruir sus hogares.
El presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado precisamente un ambicioso programa penitenciario de diez megacárceles y ha convertido la política de seguridad en una de las banderas centrales de su administración.
El problema no es que Colombia necesite cárceles.
El problema es el orden de las prioridades cuando el país acaba de sufrir una catástrofe de esta magnitud.
Mientras el Gobierno habla de autorreparación y autorreconstrucción asistida y comenzó a distribuir materiales para que las propias familias participen en la recuperación de sus viviendas, el debate ciudadano pregunta si un Estado con semejante capacidad fiscal y administrativa debería limitarse a entregar materiales para que miles de damnificados reconstruyan con sus propias manos lo que el terremoto destruyó.
Es importante aclarar algo: no es correcto afirmar que todas las casas del Chocó serán reconstruidas únicamente con materiales regalados por empresas privadas. El Gobierno también ha destinado recursos públicos, subsidios temporales y mecanismos de reconstrucción. Además, el sector privado está participando de manera significativa. Grupo Argos, por ejemplo, anunció hasta 1.000 viviendas de rápida construcción, de las cuales hasta 600 podrían destinarse al Chocó.
También se ha anunciado la entrega de toneladas de acero y otros materiales mediante mecanismos de cooperación empresarial.
Pero precisamente por eso la discusión es más importante.
Si empresarios, artistas, fundaciones y ciudadanos están poniendo recursos, ¿qué debe poner el Estado?
Debe poner planificación, dinero público, ingeniería, coordinación, transparencia y velocidad.
Porque la solidaridad privada puede salvar una emergencia. Pero no puede sustituir permanentemente al Estado.
El caso de Jhonny Rivera resulta simbólico porque un artista está hablando de casas concretas para familias concretas. Shakira está hablando de escuelas y universidad. Son proyectos que pueden medirse: una casa construida, un colegio reconstruido, una universidad recuperada.
Ese es el lenguaje que necesita una población golpeada por una tragedia: resultados.
El Gobierno, por su parte, ha declarado la emergencia económica, social y ecológica y reconoce que la reconstrucción será gigantesca. La propia Presidencia calcula en más de 30 billones de pesos el costo preliminar de recuperar las zonas devastadas.
Por eso, más que discursos, Colombia necesita un gran pacto nacional de reconstrucción.
Un pacto que coloque por encima de las disputas ideológicas a los damnificados.
Que determine cuántas viviendas deben levantarse, dónde, cuándo y con qué recursos.
Que reconstruya hospitales.
Que garantice escuelas.
Que recupere carreteras.
Que restablezca agua potable y electricidad.
Que reactive pequeños comercios y empleos.
Y que, sobre todo, impida que las comunidades históricamente olvidadas del Chocó vuelvan a quedar al final de la fila.
El terremoto no creó la pobreza ni el abandono del Chocó. Los hizo más visibles.
La Defensoría del Pueblo ya advirtió sobre las dificultades para llegar a comunidades rurales y sobre el riesgo de que personas afectadas queden fuera de la respuesta institucional.
Ese debería ser el verdadero desafío presidencial.
No se trata de competir con Jhonny Rivera ni con Shakira.
Se trata de preguntarse por qué un cantante tiene que convertirse en constructor de viviendas y una artista internacional en impulsora de escuelas y universidad para que una tragedia produzca respuestas concretas.
El Estado debe hacer mucho más que agradecer la solidaridad de sus ciudadanos. Debe garantizar derechos.
Porque cuando un pueblo queda en ruinas, la prioridad no debería ser quién obtiene más aplausos en las redes sociales.
La prioridad debería ser quién logra que una familia vuelva a dormir bajo un techo, que un niño vuelva a entrar a un aula y que una comunidad vuelva a tener futuro.
Y esa es, quizá, la lección más poderosa que está dejando el terremoto de Colombia:
la verdadera grandeza no se mide por la cantidad de poder que alguien acumula, sino por la capacidad que tiene para ponerlo al servicio de quienes lo perdieron todo.