Crédito CNN
Por Alonso Rosales
El anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos tendrá el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano abre una nueva y polémica etapa en la relación entre Washington y Caracas. Lo que la Casa Blanca presenta como un histórico acuerdo energético comienza a ser interpretado por analistas y sectores de la oposición venezolana como algo mucho más profundo: un gigantesco negocio sobre los recursos naturales de un país gobernado actualmente por una autoridad cuya legitimidad electoral es cuestionada.
Trump aseguró que el acuerdo fue negociado bajo su dirección por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y empresas privadas. El mandatario afirmó que la operación no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y que permitirá aumentar el suministro de petróleo, incrementar las reservas estadounidenses y reducir los precios de la gasolina.
Rubio, por su parte, aseguró que el acuerdo podría generar cerca de US$100.000 millones en inversión privada, además de empleos y recursos para la reconstrucción de la economía venezolana.
Pero detrás de esas cifras aparece una pregunta incómoda: ¿quién se beneficia realmente del acuerdo?
El economista venezolano Ricardo Hausmann cuestionó abiertamente la legitimidad del pacto y sostuvo que un gobierno interino sin legitimidad suficiente no debería tener capacidad para comprometer los recursos estratégicos del país. The Washington Post también recogió críticas sobre la situación jurídica del acuerdo y las dudas existentes respecto a la capacidad del gobierno de Rodríguez para entregar derechos sobre el petróleo venezolano.
La controversia es todavía mayor porque Venezuela posee alrededor de 300.000 millones de barriles de reservas probadas, las mayores del mundo, aunque actualmente su producción se encuentra muy por debajo de su potencial debido al deterioro de la industria petrolera, la falta de inversión y años de crisis económica.
Para los críticos de Trump, la secuencia de acontecimientos resulta difícil de ignorar. Washington justificó durante años su política de presión sobre Venezuela, entre otros argumentos, por la corrupción, el narcotráfico y las acusaciones contra altos funcionarios venezolanos. Sin embargo, ahora, después de la caída de Nicolás Maduro, el centro de la relación parece haberse desplazado hacia el control, explotación y acceso privilegiado a las reservas petroleras venezolanas.
Eso alimenta una interpretación particularmente dura: que la lucha contra el llamado Cartel de los Soles y el narcotráfico pudo haber sido presentada como una de las principales razones para intervenir en Venezuela, mientras que el verdadero premio estratégico era el petróleo.
Esa conclusión, sin embargo, sigue siendo una interpretación política de los críticos de Washington y no un hecho demostrado. Lo que sí está documentado es que Trump ya había expresado interés en conseguir una participación estadounidense en los campos petroleros venezolanos y que las negociaciones para garantizar acceso al crudo avanzaban desde antes del anuncio de este viernes. Reuters señala que Washington busca asegurar un flujo estable de petróleo venezolano para sus refinerías y atraer nuevamente inversión estadounidense al sector energético.
El elemento que más alimenta las sospechas es precisamente el tamaño del negocio.
65.000 millones de barriles no representan simplemente una operación comercial ordinaria. Significan acceso a una porción gigantesca de una de las mayores concentraciones de riqueza energética del planeta. Y aunque Trump sostiene que el acuerdo beneficiará tanto a estadounidenses como a venezolanos, todavía existen interrogantes sobre qué empresas participarán, cuáles campos serán incluidos, cómo se distribuirán los ingresos y bajo qué marco legal se ejercerá ese supuesto control mayoritario. Reuters y otros medios han señalado que varios detalles fundamentales del acuerdo todavía no han sido explicados públicamente.
También resulta significativo el contexto estadounidense. La administración Trump enfrenta presión por los precios de la gasolina y por la necesidad de reconstruir las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. Reuters señala que Washington busca precisamente aumentar el suministro y recuperar inventarios estratégicos, mientras se aproximan las elecciones legislativas de medio mandato.
Por eso, más que un simple acuerdo petrolero, Venezuela se ha convertido en una pieza central de la estrategia energética y geopolítica de Trump.
La gran pregunta ahora no es solamente cuánto petróleo producirá Venezuela, sino quién tendrá el poder de decidir sobre ese petróleo, cuánto dinero recibirá el pueblo venezolano y bajo qué autoridad se firmó el acuerdo.
Para sus defensores, se trata de una oportunidad para reconstruir una industria destruida por años de mala administración, atraer inversiones y devolver a Venezuela al mercado petrolero internacional.
Para sus detractores, en cambio, el acuerdo evidencia algo mucho más crudo: que detrás del discurso sobre democracia, narcotráfico y seguridad también existe una disputa por el control de los recursos naturales venezolanos.
Si esta última interpretación termina imponiéndose, el acuerdo de Trump con Caracas podría pasar a la historia no como una simple operación energética, sino como uno de los mayores negocios de apropiación de recursos estratégicos de América Latina en el siglo XXI.