Zarko Pinkas-Ramírez |
Un tribunal iraní ha impuesto una nueva sentencia de prisión contra Narges Mohammadi, la destacada activista por los derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, extendiendo su tiempo de reclusión en uno de los episodios más polémicos de represión judicial en el país persa en los últimos años.
Mohammadi, de 53 años, fue condenada este domingo a siete años y medio de cárcel adicionales por cargos que incluyen “asociación y colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el Estado”, según informó su abogado, Mostafa Nili, en redes sociales. A la pena de prisión se suman medidas complementarias: una prohibición de viajar fuera de Irán durante dos años y la obligación de cumplir dos años de residencia forzada en la ciudad de Khosf, en la provincia oriental de Jorasán del Sur.
La sentencia se conoce en medio de fuertes preocupaciones por el delicado estado de salud de Mohammadi, quien recientemente protagonizó una huelga de hambre en protesta por las condiciones de su encarcelamiento y la falta de atención médica adecuada, un gesto que busca visibilizar la situación de los prisioneros políticos en Irán. Sus seguidores han señalado que la activista inició este ayuno el 2 de febrero, en respuesta a lo que califican de detención arbitraria y tratos inhumanos en prisión.
Narges Mohammadi es una de las voces más tenaces contra las violaciones a los derechos humanos en Irán. Antes de recibir el Nobel de la Paz junto a otros defensores iraníes, había pasado años afrontando arrestos múltiples y condenas por su labor en favor de los derechos de las mujeres, la abolición de la pena de muerte y la lucha contra la opresión estatal.
El nuevo fallo judicial es solo una más en una larga cadena de sentencias que Mohammadi ha enfrentado desde 2021, cuando fue encarcelada tras ser detenida violentamente durante un funeral en la ciudad de Mashhad. Desde entonces, ha sido arrestada al menos trece veces y ha estado bajo constante vigilancia y proceso judicial por parte de las autoridades iraníes.
Sus antecedentes de salud —que incluyen problemas cardiacos, hipertensión y dificultades en la columna vertebral— han sido citados por su familia y abogados como motivo de alarma ante cualquier prolongación forzada de su reclusión sin un tratamiento adecuado. Organizaciones como la Fundación Narges han denunciado que Mohammadi ha enfrentado restricciones severas de comunicación y acceso médico durante periodos de detención.
La sentencia llega en un momento crítico en Irán, donde las autoridades han intensificado las respuestas represivas hacia activistas y opositores en un contexto de protestas sociales y presión internacional sobre las políticas del régimen. Aunque las autoridades iraníes no han emitido un comunicado oficial sobre el caso en las últimas horas, analistas coinciden en que la condena de Mohammadi se inserta en un patrón de judicialización de la disidencia y de uso estratégico de cargos como “propaganda contra el Estado” para silenciar voces críticas.
La comunidad internacional ha seguido de cerca el caso de Mohammadi desde su premiación con el Nobel de la Paz, otorgado por su labor constante pese al riesgo personal. El reconocimiento de la academia noruega fue interpretado como un gesto de respaldo global a la lucha de la sociedad civil iraní por derechos fundamentales, especialmente de las mujeres, que han encabezado protestas masivas tras casos emblemáticos como el de Mahsa Amini en 2022.
Organizaciones de derechos humanos han pedido la liberación inmediata de Mohammadi y han condenado la ampliación de su condena. Su abogado ha expresado su esperanza de que, debido a su frágil estado físico, al menos sea liberada bajo fianza para recibir tratamiento médico. La defensa también ha señalado que la sentencia no es definitiva y puede ser apelada en instancias superiores del sistema judicial iraní.
Mientras tanto, Mohammadi continúa siendo un símbolo de resistencia frente a la represión estatal, y su caso ha servido para generar debate sobre el estado de las libertades en Irán y el papel de la comunidad internacional al responder a litigios que involucran a defensores de derechos humanos reconocidos globalmente