Por Alonso Rosales
San Salvador. El Ministerio de Hacienda ha acumulado avisos presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un monto superior a los $304.7 millones, relacionados con presuntos casos de defraudación fiscal, de acuerdo con la memoria de labores correspondiente al último período reportado.
La información oficial señala que, entre junio de 2025 y mayo de 2026, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presentó nuevos avisos ante la Fiscalía por aproximadamente $40.9 millones.
Este monto se suma a los $263.78 millones acumulados hasta mayo de 2025, elevando el total a $304.77 millones en avisos relacionados con posibles incumplimientos tributarios.
Del monto acumulado, $277.39 millones corresponden a impuestos, mientras que otros $27.37 millones corresponden a multas.
Los registros de Hacienda muestran que durante julio de 2025 los avisos presentados ante la FGR alcanzaron los $10.56 millones. Posteriormente, no se reportaron nuevos montos hasta marzo de 2026, cuando la cifra llegó a $26.60 millones.
En abril de 2026 se registraron avisos por $3.57 millones, mientras que en mayo el monto alcanzó los $236,407.
Estas cifras forman parte de las acciones de fiscalización impulsadas por Hacienda mediante el Plan Antievasión, puesto en marcha en octubre de 2019 para investigar posibles casos de evasión, defraudación fiscal y otros incumplimientos de las obligaciones tributarias.
El Ministerio sostiene que sus unidades jurídicas y de audiencia desarrollan procedimientos para determinar obligaciones tributarias, reducir saldos a favor cuando corresponde e imponer multas, bajo procedimientos que deben garantizar el derecho de audiencia y defensa de los contribuyentes.
El combate a la evasión y defraudación fiscal representa una fuente potencial de recuperación de recursos para el Estado, especialmente en un contexto en el que las finanzas públicas salvadoreñas enfrentan importantes necesidades de financiamiento.
Sin embargo, los $304.7 millones corresponden a montos contenidos en avisos por presunta defraudación fiscal y no significan automáticamente que el Estado ya haya recuperado ese dinero. Cada caso debe continuar su correspondiente proceso administrativo, fiscal y, cuando proceda, judicial.
La efectividad de esta política dependerá, por tanto, no solo del número y monto de los avisos presentados, sino también de la capacidad institucional para determinar responsabilidades, recuperar los tributos adeudados y garantizar el debido proceso.
Hacienda también reportó durante el período una gestión considerada eficiente en sus oficinas de las zonas occidental y oriental del país, particularmente en materia de notificaciones, procedimientos jurídicos y determinaciones tributarias.
El monto acumulado coloca nuevamente en el centro del debate la importancia de fortalecer la administración tributaria y reducir los niveles de incumplimiento fiscal, ya que cada dólar que no ingresa al erario representa potencialmente menos recursos disponibles para financiar servicios públicos, inversión y programas estatales.