60.33% de las declaraciones patrimoniales han sido entregadas por el Estado de El Salvador, desde 2020. Pero Acción ciudadana alerta 517 casos de presunto enriquecimiento ilícito por prescribir, del quinquenio 2014-2019.
Redacción ContraPunto
El 60.33% de las delcaraciones juradas al patrimonio han declarado empleados del Órgano Ejecutivo e Instituciones Autónomas, según lo declara la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los datos corresponden a los años 2020 y 2021, de acuerdo con los requerimientos presentados por la Organización Acción Ciudadana, en su informe titulado “Monitoreo sobre Probidad en Función Pública (Junio-Diciembre 2021)”.
Pero, aún quedarían 2,356 declaraciones juradas sobre el patrimonio quedan pendientes de entregar, de acuerdo con el informe. Los datos corresponden a un total de 6,086 expedientes de probidad, entre los cuales se habrían entregado más del 61%. La tendencia es recurrente en instituciones del órgano ejecutivo; ya que en el legislativo, el partido de gobierno, Nuevas Ideas, ha presentado el 92% y el 82% de sus declaraciones patrimoniales, de acuerdo con el informe.
Sin embargo, Acción Ciudadana recomienda, entre otras cosas, incrementar las obligaciones sobre declaración patrimonial, incluida en las demandas al Órgano Legislativo. Ésto es así, ya que para el quinquenio anterior (2014-2019), se han acumulado “un total de 517 expedientes activos en los que se sospecha enriquecimiento ilícito, de los cuales el 61.5% ya ha cumplido el plazo de 10 años desde el cese de funciones del servidor público, por lo que se entiende que la acción civil ha prescrito en tales casos”, alertan los representantes de la organización.
Declaraciones patrimoniales
Han sido entregadas unas 5,939 “declaraciones juradas de patrimonio de empleados y funcionarios de instituciones que confrontan el Órgano Ejecutivo y las instituciones autónomas”, cono inicio de funciones, en el período del año 2019 al 2024-
Sin embargo, aún quedarían por entregar 2,356 declaraciones. El dato corresponde a los requerimientos de acceso a la información que la organización Acción Ciudadana hizo, hasta la fecha del 7 de diciembre del año pasado.
Tal cantidad, de hecho, representa un incremento del 39.84% respecto a las 1,685 declaraciones juradas de patrimonio pendientes de entregar respecto al año 2020. El hecho “despierta alertas en qué sentido uno el mecanismo de las declaraciones del patrimonio es una medida de prevención y de normal de reproducción y si en este caso esta declaración no se presenta entonces, el Estado tiene la nueva herramienta para detectar corrupción y poder percibirla y poder sancionar”, según lo indicaron representantes de la institución
Unas 1,898 declaraciones patrimoniales fueron entregadas de forma extemporánea. Según lo detalla el informe, el 79% correspondería a declaraciones de inicio de funciones; mientras ue el 31% a declaraciones del cese de cargos. El mayor porcentaje de ésta cifra, por otra parte, lo representarían hombres (59.80%) y mujeres (40.20%), de acuerdo con los hallazgos del informe.
Pero, en el polo opuesto, unas “1,832 declaraciones juradas de patrimonio fueron presentadas a tiempo por funcionarios y empleados del órgano ejecutivo e instituciones autónomas del quinquenio 2019-2024”, destaca el informe. Ésta cifra representaría unas 765 declaraciones de toma de cargo; y otras 411 del cese de funciones. La mayoría, del sexo masculino (64.19%); y, en menor cantidad, las del sexo femenino (35.81%).
Declaraciones de Funciones
1,632 es la cifra de las declaraciones pendientes de entregar, del inicio de funciones de trabajadores para el Órgano Ejecutivo y Autónomas, durante el año 2024. La mayor cantidad corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC), con al menos 225 expedientes sin declarar; mientras que el Ministerio de Hacienda, reserva una cifra de 138 expedientes sin entregar, una cantidad que estaría próxima a la del Ministerio de Relaciones Exteriores (137) y al Ministerio de Salud (130). Otros 107 expedientes se sumarían a los del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
Por otra parte, las declaraciones juradas del cese de funciones representan al menos 751 expedientes, pendientes de entregar. La PNC vuelve a liderar el margen, con al menos 141 documentos sin entregar; mientras que ANDA omitió presentar otros 82 expedientes y el el MJSP no presentó otros 81 documentos, de acuerdo con el informe.
Diputados
En el margen de las declaraciones juradas de inicio de función, presentadas por los diputados de la Asamblea Legislativa, el informe de Acción Ciudadana hace constar que la mayoría de los grupos parlamentarios rindieron casi al 100% con la entrega de informes. Las excepciones, sin embargo, fueron las del partido ARENA, que presentó al menos un 71.4% de las declaraciones; y GANA, con el 60% de actas presentadas.
Nuevas Ideas presentó el 92.86% de las actas de declaración de inicio de funciones; mientras que el resto de agrupaciones partidarias (FMLN, PCN, Nuestro Tiempo, PDC y VAMOS), presentaron el 100% de sus declaraciones, hasta el pasado 7 de diciembre del 2021. La mayoría de los expedientes fueron entregados a tiempo (89%), según lo declara la CSJ.
La tendencia sobre las declaraciones de inicio de cargo, de diputados suplentes, son diferentes. En éste caso, Nuestro Tiempo presentó el 100% de las declaraciones y Nuevas Ideas el 82%, hasta la fecha del 7 de diciembre. El resto de partidos políticos, las presentaron de forma más incompleta. De modo que el FMLN presentó tan solo el 75%; ARENA el 57% y GANA, el 40%. Mientras que Vamos, el PDC y el PCN presentaron el 0% de los datos requeridos. Y, por tal razón, Acción Ciudadana concluye que el 88% de los datos fueron “presentados en plazo”.
Enriquecimiento Ilícito
“A diciembre de 2021 un total de 517 expedientes activos en los que se sospecha enriquecimiento ilícito, de los cuales el 61.5% ya ha cumplido el plazo de 10 años desde el cese de funciones del servidor público, por lo que se entiende que la acción civil ha prescrito en tales casos”, alerta Acción Ciudadana.
Por otra parte, algunas de las declaraciones han culminado en proceso sancionatorios. De modo que unos 287 empleados del sector público, ha sido multados durante el quinquenio anterior. Concretamente, Acción Ciudadana distingue que el monto de las multas no es mayor al de $61,325.00 dólares, durante ese período. La mayoría de las sanciones corresponden a los Concejos Municipales (182) y a los Centros Judiciales (44). En menor proporción, la Asamblea Legislativa (22), las instituciones autónomas (20) y el Órgano Ejecutivo (19), reportaron las menores multas.
Unos 594 procesos sancionatorios tuvieron lugar en ese período. Mayor parte de las infracciones por “infracción de probidad” se dieron en el Órgano Ejecutivo y Autónomas (332) y en las municipalidades (220). Asimismo, la Asamblea Legislativa (35), el Órgano Judicial (3), la Corte de Cuentas de la República (3) y la Fiscalía General de la República (1), presentaron la menor cantidad de procesos.
También amplía detalles de al menos unos 102 casos de preseunto enriquecimiento ilícito, de forma pormenorizado. Entre los sospechosos, se destaca a Nicolás Antonio Salume Babún, quien figuró como presidente de la Comisión Hidro-eléctrica del Río Lempa (CEL), hasta su retiro por “caducidad”; así como el ex-ministro de la Defensa, David Munguía Payes. Éste último, ya fue vencido en juicio por dichos señalamientos, incluso pro el de participación con agrupaciones terroristas.
Pero, pese los procesos judicializados, al menos 643 casos fueron sancionados, por “omisión de presentación de declaraciones”, según lo señala el informe. De éstos casos, uno 469 corresponden al Órgano Ejecutivo y Autónomas; y otros 257 a “Municipalidades”. Mientras que, en el Órgano Ejecutivo, al menos 42 casos fueron reportados; y otros 2 en el Parlamento Centroamericano.