La nueva Ley Anticorrupción busca prevenir, investigar y sancionar delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos en el ejercicio de sus cargos.
La Ley Anticorrupción de El Salvador entró en vigor este lunes, con el objetivo de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos ilegales en el ejercicio de la función pública. La normativa fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada el 7 de febrero por la Asamblea Legislativa, con votos de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Los partidos ARENA y VAMOS votaron en contra.
La ley aplica a funcionarios, empleados públicos y autoridades de todas las instituciones estatales, municipales, autónomas y descentralizadas. Entre sus disposiciones, establece la creación del Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC), conformado por 12 instituciones, entre ellas:
La FGR será el ente rector del SINAC y contará con el Centro Nacional Anticorrupción (CNA), encargado de acciones de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de delitos de corrupción.
El CNA operará de forma ininterrumpida y utilizará tecnología avanzada de análisis de datos para detectar redes de corrupción, identificando conexiones entre personas, instituciones y transacciones. Tendrá un presupuesto especial asignado por el Ministerio de Hacienda, adicional al de la Fiscalía General de la República.
La normativa permite que cualquier persona presente denuncias ante el SINAC o cualquiera de las instituciones que lo integran, siempre que existan pruebas o sospechas fundadas de enriquecimiento ilícito o actos de corrupción. También se garantiza la protección a denunciantes y testigos para evitar represalias.
La Ley Anticorrupción abarca 13 tipos penales, entre ellos:
Según el artículo 18, funcionarios, empleados públicos, sus cónyuges o convivientes e hijos deberán presentar una declaración jurada de activos y pasivos junto con la declaración anual del Impuesto sobre la Renta, incluyendo bienes, pasivos y adquisiciones realizadas en el periodo.