Por Alonso Rosales
Este próximo domingo 31 de mayo, Colombia vivirá una nueva jornada electoral que, más allá de definir un rumbo político inmediato, pondrá nuevamente a prueba la solidez de su sistema democrático. En un contexto regional marcado por tensiones ideológicas y cuestionamientos institucionales, el caso colombiano destaca por una característica fundamental: el respeto a los tiempos constitucionales y a la alternancia en el poder.
El actual presidente, Gustavo Petro, representa una izquierda que, aunque genera debate, ha seguido las reglas del juego democrático. Llegó al poder por la vía electoral y, conforme a la tradición institucional del país, deberá entregarlo al finalizar su mandato a quien resulte ganador, sin importar su orientación ideológica. Este hecho, que podría parecer obvio en democracias consolidadas, cobra relevancia en América Latina, donde algunos gobiernos han optado por perpetuarse en el poder.
Colombia, con sus más de 41 millones de votantes convocados, reafirma en cada elección que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Ni actores externos ni figuras políticas extranjeras tienen legitimidad para interferir en esta decisión. En ese sentido, declaraciones como las del congresista estadounidense que sugieren desconocer los resultados en caso de un triunfo de la izquierda constituyen una clara afrenta a la autodeterminación de los pueblos. El hecho de ostentar un cargo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos no otorga autoridad moral, política ni ética para intervenir en asuntos internos de otra nación.
El proceso electoral colombiano es, por tanto, un ejercicio soberano. Serán los ciudadanos quienes definan el rumbo de su país, en un entorno donde, a diferencia de otras latitudes, no existe una dictadura de partido ni un sistema autocrático que limite la competencia política. Esta pluralidad es uno de los pilares más sólidos de la democracia colombiana.
Ahora bien, independientemente del resultado, hay un elemento clave que no puede ignorarse: el legado político y social del actual gobierno. Si la derecha resultara vencedora, no gobernará en un vacío. Petro deja tras de sí una base social organizada, consciente y activa, que difícilmente aceptará retrocesos sin manifestarse. A diferencia de décadas anteriores, donde sectores populares permanecían en silencio frente a abusos de poder, hoy existe una ciudadanía más movilizada y vigilante.
Este cambio en la dinámica social responde también a una memoria histórica marcada por episodios oscuros. Durante gobiernos pasados, especialmente en el contexto del conflicto armado, se registraron graves violaciones a los derechos humanos, como los llamados “falsos positivos”. Asimismo, han persistido señalamientos y controversias en torno a figuras políticas de la derecha, incluyendo vínculos documentados y debatidos públicamente con estructuras del narcotráfico en el pasado. Estos antecedentes siguen siendo parte del debate político y condicionan la percepción ciudadana.
Colombia se encuentra, entonces, en una encrucijada democrática donde el voto no solo define un gobierno, sino también el rumbo de una sociedad que ha evolucionado políticamente. La elección del 31 de mayo será, en esencia, una reafirmación de la soberanía popular y del compromiso del país con un sistema democrático que, con todas sus imperfecciones, continúa siendo respetado.
Al final, será el pueblo colombiano —y únicamente él— quien decida su destino. Esa es, y debe seguir siendo, la esencia de toda democracia.