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Por Alonso Rosales
San Salvador, 14 de agosto de 2026. — Más de 170,000 salvadoreños que viven en Estados Unidos enfrentan una creciente incertidumbre ante la inminente finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS), prevista para el próximo 9 de septiembre, fecha en la que miles de beneficiarios podrían perder su autorización de empleo y quedar expuestos a procesos de deportación.
El TPS fue otorgado a los salvadoreños en febrero de 2001, después de los devastadores terremotos que golpearon El Salvador ese año. Durante más de dos décadas, este programa permitió que cientos de miles de compatriotas permanecieran legalmente en territorio estadounidense y desarrollaran sus actividades laborales mientras contribuían a la economía de Estados Unidos y enviaban remesas a sus familias en El Salvador.
La preocupación entre los beneficiarios ha aumentado considerablemente en las últimas semanas. Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), afirmó que numerosas personas han acudido a la organización en medio del temor y la incertidumbre provocados por la posible pérdida de su protección migratoria.
El abogado de inmigración Fernando Romo considera que las posibilidades de una nueva extensión del TPS para los salvadoreños son reducidas. A su juicio, la situación es especialmente compleja debido a las decisiones adoptadas por la Administración de Donald Trump contra este programa durante sus diferentes períodos de gobierno.
La situación también tiene un componente familiar y económico. Muchos beneficiarios llevan décadas establecidos en Estados Unidos, tienen hijos nacidos en ese país, poseen viviendas, negocios y empleos, y mantienen vínculos económicos permanentes con El Salvador mediante el envío de remesas.
José Urias, empresario salvadoreño beneficiario del TPS y dirigente de la Alianza TPS, sostiene que los llamados tepesianos son trabajadores que pagan impuestos y mantienen antecedentes migratorios controlados. Por ello, reclama al Congreso estadounidense una solución permanente que permita regularizar la situación de quienes llevan décadas bajo este mecanismo de protección.
Organizaciones de salvadoreños también han planteado la necesidad de que el Gobierno de El Salvador intervenga diplomáticamente en defensa de los beneficiarios. La preocupación aumenta debido a que las deportaciones de salvadoreños durante el primer semestre de 2026 registraron un incremento del 73.8 %, según los datos citados en el reporte.
El vencimiento del TPS representa así mucho más que la pérdida de un permiso migratorio: para miles de familias salvadoreñas significa la posibilidad de perder empleos, estabilidad económica y proyectos de vida construidos durante décadas.
Con el 9 de septiembre cada vez más cerca, los beneficiarios y sus organizaciones mantienen la presión para encontrar una salida legal antes de que termine una protección migratoria que, para muchos, ha formado parte de sus vidas durante más de 25 años.