Crédito France 24
Por Alonso Rosales
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la presidenta Claudia Sheinbaum y el entorno político de su partido ha abierto uno de los episodios más delicados en la relación bilateral reciente. En el centro de la controversia se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado junto a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El caso, presentado ante un tribunal federal en Nueva York, acusa a los implicados de colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”, en operaciones de tráfico de drogas y armas hacia territorio estadounidense. La imputación marca un punto de inflexión: por primera vez, Washington apunta directamente a un funcionario en activo del partido gobernante en México.
Ante la presión, Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo para enfrentar las acusaciones, mientras insiste en su inocencia. Asegura contar con el respaldo de la presidenta, quien ha condicionado cualquier proceso de extradición a la presentación de pruebas contundentes por parte de Estados Unidos.
Desde el Ejecutivo mexicano, la postura ha sido clara. Sheinbaum ha reiterado que su gobierno no protegerá a nadie que haya cometido delitos, pero ha subrayado que no permitirá injerencias externas. La Fiscalía General de la República respaldó esta posición al afirmar que, hasta ahora, no existen elementos suficientes para justificar una detención provisional con fines de extradición.
El conflicto se desarrolla en un momento particularmente sensible. México y Estados Unidos atraviesan tensiones diplomáticas en medio de la renegociación del tratado comercial T-MEC, mientras el presidente Donald Trump endurece su discurso en materia de seguridad y narcotráfico, incluso catalogando a organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas.
Especialistas advierten que el dilema de Sheinbaum es tanto jurídico como político. El tratado de extradición entre ambos países permite negar la entrega de ciudadanos mexicanos, pero bajo el principio internacional de “extraditar o juzgar”, México estaría obligado a procesar el caso internamente si decide no colaborar con Washington.
En el plano interno, la situación también tensiona al oficialismo. La acusación alcanza a figuras clave del partido en el poder, lo que complica cualquier decisión que implique abrir procesos judiciales o retirar respaldos políticos. Propuestas como el desafuero del gobernador han surgido como una posible salida institucional, aunque requieren mayorías legislativas que hoy controla el propio oficialismo.
Analistas coinciden en que una mala gestión del caso podría tener consecuencias significativas. Negarse a actuar podría interpretarse como encubrimiento, mientras que cooperar plenamente con Estados Unidos implicaría un alto costo político para el gobierno.
Más allá del ámbito judicial, el caso redefine las reglas de cooperación bilateral. Lo que antes era una dinámica centrada en la entrega de capos del narcotráfico, ahora involucra directamente a actores políticos en funciones, elevando el riesgo de confrontación diplomática.
El desenlace dependerá de las pruebas que presente Estados Unidos en las próximas semanas y de la capacidad del gobierno mexicano para equilibrar soberanía, legalidad y estabilidad política. En ese equilibrio se juega no solo el futuro del caso, sino también la credibilidad institucional de México frente a su principal socio.