Por Alonso Rosales
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular cuestionó este martes los siete años de gobierno del presidente Nayib Bukele, señalando lo que considera un deterioro en las condiciones democráticas, económicas y sociales en El Salvador.
La organización afirmó que durante este período se ha consolidado una concentración de poder en las instituciones del Estado, y puso en duda el rol de entidades como la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional en decisiones clave vinculadas al actual proyecto político.
Asimismo, reiteró sus críticas al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, asegurando que su prolongación ha derivado en violaciones a los derechos humanos y en detenciones que califican como injustificadas.
El Bloque también hizo referencia a investigaciones periodísticas que han cuestionado la estrategia de seguridad del Gobierno, especialmente en torno a supuestos acuerdos con estructuras criminales. Estas acusaciones han sido rechazadas en múltiples ocasiones por las autoridades salvadoreñas.
No obstante, el tema de seguridad ha sido uno de los principales puntos destacados por el Gobierno, que atribuye a sus políticas una reducción significativa en los índices de criminalidad en el país. Este enfoque ha contribuido a altos niveles de aprobación del presidente Bukele, quien mantiene una elevada popularidad según diversas encuestas.
En el ámbito económico, la organización manifestó preocupación por el aumento del costo de vida, los bajos salarios y el encarecimiento de productos y servicios básicos, factores que —según indicó— afectan a amplios sectores de la población.
En contraste, el Ejecutivo ha impulsado proyectos de infraestructura en el sector salud, como la construcción y modernización del Hospital Rosales y el Hospital de Soyapango, cuyas inversiones han sido presentadas como parte de un esfuerzo por fortalecer la red hospitalaria nacional.
En materia social, el Bloque señaló posibles retrocesos en áreas como educación y salud pública, mencionando la reducción de programas sociales, el cierre de servicios y la situación laboral de trabajadores del sector estatal.
Por otra parte, el Gobierno también ha promovido herramientas digitales como la aplicación DoctorSV, utilizada —según datos oficiales— por aproximadamente el 20 % de la población, como parte de sus iniciativas de modernización y acceso a servicios.
El documento también aborda temas como el manejo de la deuda pública, el desempeño de sectores productivos como la agricultura y la industria, así como cuestionamientos sobre la transparencia en la administración pública y la política exterior del Gobierno.
Finalmente, el Bloque sostuvo que las decisiones gubernamentales han favorecido a grupos económicos con mayor poder adquisitivo e hizo un llamado a distintos sectores sociales a organizarse para promover cambios políticos y sociales en el país.