Por Alonso Rosales
La ciencia climática enfrenta una nueva controversia que trasciende los laboratorios y llega hasta el corazón de uno de los organismos internacionales más importantes en la lucha contra el cambio climático.
Una investigación publicada por The Guardian revela que al menos una decena de autores vinculados al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) mantienen relaciones profesionales o institucionales con Saudi Aramco, universidades sauditas, centros de investigación financiados por el Gobierno del reino y otras entidades relacionadas con el sector energético. La investigación identificó al menos 20 casos que, según especialistas consultados, merecen ser examinados bajo las reglas de conflicto de intereses del organismo.
El dato resulta particularmente sensible porque varios de los expertos señalados participan en el Grupo de Trabajo III del IPCC, encargado de analizar las alternativas para reducir las emisiones y las políticas de mitigación del cambio climático.
Aquí aparece la primera gran pregunta: ¿puede una institución encargada de evaluar las rutas para abandonar los combustibles fósiles mantener intacta su credibilidad cuando algunos de sus especialistas tienen vínculos con una de las mayores empresas petroleras del planeta?
La pregunta no equivale a una acusación de manipulación. La investigación no demuestra que los expertos hayan alterado informes ni que sus vínculos hayan determinado las conclusiones del IPCC. Pero sí coloca sobre la mesa un problema de transparencia que difícilmente puede ser ignorado.
Saudi Aramco ocupa una posición estratégica en la economía mundial del petróleo. Arabia Saudita, además, ha defendido una transición energética en la que las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono tengan un papel importante.
Ese enfoque no es necesariamente incompatible con la ciencia climática. La captura de carbono puede desempeñar un papel en determinados sectores donde la eliminación completa de las emisiones resulta técnicamente compleja.
El problema aparece cuando una tecnología de reducción de emisiones puede convertirse, según críticos citados por The Guardian, en una alternativa utilizada para prolongar la dependencia de los combustibles fósiles.
La diferencia es fundamental: una cosa es utilizar la captura de carbono como herramienta complementaria y otra convertirla en sustituto de una reducción sustancial de las emisiones.
Es precisamente en ese terreno donde el debate científico se cruza con los intereses económicos.
Entre los nombres mencionados por la investigación aparece Mustafa Babiker, quien ha trabajado durante años para Aramco y fue designado autor principal coordinador del Séptimo Informe de Evaluación del IPCC, cuya publicación está prevista para 2029.
También figura Diego Armando Moya Pinta, investigador de Aramco desde 2022 y autor principal del IPCC.
A ellos se suman especialistas vinculados con el Centro de Estudios e Investigaciones Petroleras del Rey Abdullah (KAPSARC), institución financiada por el Gobierno saudita, así como investigadores de universidades del reino.
Otro caso señalado es el de Malak Al-Nory, vicepresidenta del Grupo de Trabajo III, quien además es asesora principal del Ministerio de Energía de Arabia Saudita y participó en la delegación oficial saudita en las negociaciones climáticas de Bonn en junio de 2026.
La acumulación de vínculos es lo que convierte el asunto en algo más que una discusión sobre un investigador aislado.
El IPCC cuenta con una política específica sobre conflictos de intereses. El documento oficial señala que la organización debe prestar especial atención a su independencia y gestionar los posibles conflictos para evitar que puedan afectar sus procesos o generar dudas razonables sobre la credibilidad de su trabajo. El propio documento aclara, además, que identificar un posible conflicto no significa automáticamente que exista un conflicto real.
El IPCC defiende precisamente ese mecanismo.
Según el organismo, sus informes son sometidos a múltiples rondas de revisión científica y gubernamental y ningún autor, institución, industria o país puede determinar individualmente las conclusiones finales.
Ese argumento tiene una lógica institucional: los informes son elaborados colectivamente y pasan por diferentes filtros científicos.
Pero existe otra cuestión igualmente importante: la confianza pública no depende únicamente de que exista un procedimiento; también depende de que ese procedimiento sea suficientemente transparente para que la sociedad pueda comprender cómo se aplica.
Y ahí está una de las principales críticas recogidas por la investigación.
La controversia revela una realidad incómoda: la transición energética no es solamente una discusión científica.
Es también una disputa económica y geopolítica.
Los países productores de petróleo tienen enormes intereses económicos en el futuro de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, necesitan participar en las negociaciones climáticas internacionales y demostrar que sus economías pueden adaptarse a un mundo que busca reducir las emisiones.
Arabia Saudita ha apostado por una estrategia que combina la continuidad de su industria energética con inversiones en tecnologías destinadas a reducir o compensar las emisiones.
Sus defensores pueden presentar esa estrategia como una vía pragmática de transición. Sus críticos sostienen que puede retrasar la reducción directa del consumo de petróleo y gas.
Ninguna de esas posiciones debería confundirse con una prueba de manipulación científica.
Pero tampoco debería ignorarse la influencia que pueden ejercer los intereses económicos sobre la discusión internacional.
El IPCC no es una empresa petrolera, ni un Gobierno, ni una organización de activistas. Su autoridad procede precisamente de su capacidad para evaluar de manera independiente la evidencia científica disponible.
Por eso, la controversia actual no debería resolverse simplemente afirmando que “no existe conflicto”.
La cuestión más profunda es otra: ¿son suficientemente transparentes los mecanismos utilizados para identificar, evaluar y gestionar esos posibles conflictos?
Si las reglas funcionan, el organismo debería poder demostrarlo con claridad.
Y si las reglas necesitan actualizarse, este sería precisamente el momento de hacerlo.
Porque cuando se habla de cambio climático, la confianza pública es un recurso tan importante como los datos científicos.
El planeta no necesita una ciencia condicionada por intereses petroleros, pero tampoco necesita acusaciones sin pruebas. Necesita investigaciones rigurosas, declaraciones transparentes y mecanismos capaces de demostrar que las conclusiones científicas no dependen de quién financia una investigación, de qué Gobierno procede un experto o para qué empresa trabaja.
La investigación de The Guardian no demuestra que el IPCC haya sido controlado por Arabia Saudita. Lo que demuestra es que existen vínculos que merecen ser examinados públicamente.
Y en una crisis climática de dimensiones globales, la transparencia no puede ser un accesorio de la ciencia: es parte de su credibilidad.