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Por Alonso Rosales
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente el intento de la administración de Donald Trump de imponer nuevas restricciones al voto por correo de cara a las elecciones legislativas de noviembre de 2026, en una decisión considerada una victoria para los defensores del derecho al sufragio y un nuevo revés judicial para la Casa Blanca.
El máximo tribunal impidió que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplique, por ahora, una nueva normativa destinada a modificar el procedimiento mediante el cual se reciben y procesan las papeletas electorales enviadas por correo.
La decisión adquiere especial relevancia porque cerca de un tercio de los votantes estadounidenses utiliza esta modalidad de sufragio. La aplicación de las nuevas reglas, a pocas semanas de las elecciones de medio término, habría obligado a numerosos estados a modificar procedimientos electorales que llevan años funcionando.
El magistrado Brett Kavanaugh sostuvo que, aunque existe una posibilidad razonable de que el Servicio Postal tenga determinadas facultades legales para establecer reglas sobre el manejo de las papeletas, aplicar la nueva normativa en las elecciones de 2026 sería, a su juicio, “arbitrario y caprichoso”.
Kavanaugh argumentó que los funcionarios electorales estatales y locales no disponen del tiempo suficiente para implementar adecuadamente los cambios antes de los comicios. Con ello, la Corte evitó por ahora resolver de manera definitiva la cuestión de fondo sobre la legalidad de la regulación impulsada por el Gobierno.
El plan de la administración Trump pretendía establecer un formato uniforme para los sobres utilizados en las papeletas enviadas por correo y requerir que los estados transfirieran determinadas listas de votantes habilitados mediante un portal electrónico.
El Servicio Postal podría rechazar la entrega de papeletas procedentes de estados que no cumplieran con esos requisitos.
Los críticos de la medida consideran que el cambio podría afectar de manera significativa el acceso al voto, particularmente entre ciudadanos que dependen del sufragio por correo. Funcionarios electorales estatales y organizaciones defensoras del derecho al voto acudieron a los tribunales argumentando que el presidente no posee autoridad constitucional para modificar unilateralmente las reglas electorales de los estados.
Además, un denunciante dentro del sistema postal había advertido sobre posibles problemas técnicos. Según la información presentada ante los tribunales, errores relacionados con códigos de barras o con el nuevo sistema informático podrían provocar que grandes cantidades de papeletas fueran rechazadas o no llegaran correctamente a su destino.
La preocupación de las autoridades electorales se debe también al calendario. Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin ya habían comenzado a enviar papeletas por correo cuando la nueva estructura todavía no estaba operativa.
Para los funcionarios electorales, introducir modificaciones de esa magnitud en las semanas previas a una elección nacional podría generar confusión, retrasos y disputas sobre la validez de determinados votos.
Los tribunales inferiores habían bloqueado previamente el plan de la administración Trump, incluso mediante una orden emitida por un juez federal designado por el propio presidente.
El Gobierno apeló ante la Corte Suprema y sostuvo que el control federal del Servicio Postal le permite establecer normas relacionadas con el transporte y procesamiento de las papeletas.
La decisión de la Corte Suprema no representa necesariamente el final del conflicto. El tribunal evitó pronunciarse de manera definitiva sobre la legalidad de la normativa y centró su decisión en las dificultades de aplicarla durante las elecciones de 2026.
El caso refleja una disputa mucho más amplia sobre el equilibrio entre el poder federal y la autoridad de los estados para administrar las elecciones.
Trump ha cuestionado durante años el voto por correo y ha responsabilizado falsamente a esta modalidad de su derrota frente a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Sin embargo, el propio Trump ha utilizado el voto por correo para ejercer su derecho al sufragio.
La decisión judicial coloca nuevamente a la Corte Suprema en el centro del debate político estadounidense y deja abierta una pregunta fundamental: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo federal en su intento de modificar procedimientos electorales administrados tradicionalmente por los estados.
Mientras continúe el litigio, las reglas vigentes para el voto por correo permanecerán en funcionamiento para las elecciones de medio término de noviembre, evitando, al menos por ahora, una transformación apresurada del sistema electoral estadounidense.