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Por Redacción ContraPunto
La desclasificación de nuevos documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) vuelve a colocar bajo escrutinio una de las preguntas más persistentes de la historia reciente de Estados Unidos: ¿hasta qué punto las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush pudieron haber hecho más para impedir los atentados del 11 de septiembre de 2001?
En el 25.º aniversario de los ataques, la CIA hizo públicos decenas de documentos que formaban parte de los President’s Daily Brief, informes de inteligencia destinados al presidente y a un reducido grupo de altos funcionarios de seguridad nacional. Según la documentación, las advertencias sobre Osama bin Laden y Al Qaeda existían desde años antes de los atentados.
Los documentos revelados muestran que la amenaza no apareció de manera repentina en septiembre de 2001. Un informe de 1998 advertía sobre la intención de Bin Laden de atacar objetivos estadounidenses y señalaba la posibilidad de utilizar aeronaves cargadas de explosivos contra ciudades de Estados Unidos.
Otro documento de julio de 1998 consideraba plausible que Bin Laden priorizara ataques dentro del territorio estadounidense y mencionaba su interés en utilizar armas químicas y biológicas. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de que Al Qaeda utilizara un avión cargado de explosivos contra una ciudad estadounidense.
La información se volvió todavía más preocupante durante 2001. Un informe de julio señalaba que una operación terrorista considerada inminente había sido pospuesta, pero advertía que otros ataques podían continuar en preparación.
El 6 de agosto de 2001, Bush recibió el conocido informe “Bin Ladin Determined to Strike in US”, que advertía sobre la determinación del líder de Al Qaeda de atacar territorio estadounidense y mencionaba actividades sospechosas compatibles con preparativos para secuestros.
La documentación no demuestra que Clinton o Bush conocieran específicamente el plan del 11-S, ni que supieran la fecha, los objetivos concretos o el método exacto que utilizarían los terroristas.
Ese matiz es fundamental.
La Comisión del 11-S concluyó posteriormente que existieron fallas institucionales profundas, problemas para compartir información entre la CIA y el FBI, insuficiente capacidad operativa y una incapacidad para imaginar la dimensión del ataque que se estaba preparando.
Por ello, más que demostrar que ambos presidentes simplemente “no hicieron nada”, los documentos plantean una cuestión más compleja: Washington recibió advertencias estratégicas reiteradas, pero no consiguió transformarlas en una respuesta operacional capaz de desarticular la conspiración.
El propio análisis posterior de funcionarios de inteligencia ha señalado que la CIA había advertido durante años sobre Al Qaeda, pero que carecía de información suficientemente específica para penetrar y desmantelar el complot del 11-S. Al mismo tiempo, también se ha cuestionado la respuesta política de las dos administraciones.
La nueva desclasificación coincide con una renovada presión de familiares de las víctimas para que el Gobierno de Donald Trump avance en la publicación de información relacionada con posibles vínculos entre ciudadanos o funcionarios saudíes y algunos de los secuestradores.
Durante las ceremonias del 25.º aniversario, Terry Strada, viuda de una víctima del 11-S, volvió a exigir públicamente que Trump deje de proteger políticamente a Arabia Saudita y avance hacia una investigación y rendición de cuentas sobre las posibles conexiones saudíes.
Las acusaciones no significan que se haya demostrado judicialmente que el Gobierno saudí ordenara los atentados. Arabia Saudita ha rechazado históricamente cualquier responsabilidad por el 11-S.
Sin embargo, documentos estadounidenses desclasificados en años anteriores alimentaron las dudas sobre la posible asistencia proporcionada por determinadas personas vinculadas a Arabia Saudita a algunos de los secuestradores. En 2016, durante la administración de Barack Obama, se hicieron públicas las llamadas “28 páginas” de una investigación congresional sobre las actividades de inteligencia relacionadas con el 11-S.
La nueva documentación no cambia la conclusión fundamental de que Al Qaeda fue responsable de los atentados, pero sí vuelve a abrir el debate sobre qué información conocía el Gobierno estadounidense, cuándo la conoció y qué hizo —o dejó de hacer— con ella.
También vuelve a poner sobre la mesa el problema de las relaciones entre Washington y Riad. Arabia Saudita continúa siendo un aliado estratégico de Estados Unidos en materia militar, energética y de inteligencia, una relación que durante décadas ha tenido un enorme peso geopolítico.
Para las familias de las víctimas, sin embargo, el tiempo transcurrido no ha cerrado todas las preguntas.
La exigencia dirigida ahora a Trump es concreta: abrir los archivos que todavía permanecen clasificados y determinar si funcionarios o ciudadanos saudíes ayudaron a los responsables de los atentados.
Veinticinco años después, la desclasificación de los documentos de la CIA demuestra que las señales de alarma existían. Lo que continúa siendo objeto de debate histórico y político es por qué esas señales no fueron suficientes para impedir una tragedia que cambió para siempre la política exterior, la seguridad y la sociedad estadounidense.
Fuentes consultadas: CIA, Associated Press, The Wall Street Journal, Axios, National Security Archive y documentación pública de las investigaciones del 11-S.