Crédito de fotos France 24
Por Alonso Rosales
— Sindicatos, organizaciones indígenas, docentes y distintos sectores sociales participaron este miércoles 14 de octubre en una jornada nacional de movilizaciones contra el Gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, en un escenario marcado por las diferencias sobre las reformas laborales y de pensiones, las reivindicaciones educativas y territoriales, y las preocupaciones por las nuevas reglas para la intervención de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
Las manifestaciones, realizadas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Pasto, Neiva, Bucaramanga y Montería, constituyen uno de los primeros desafíos de movilización social para la Administración de De la Espriella, quien cumple dos meses en la Presidencia.
La jornada también contó con la participación del expresidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda, excandidato presidencial y una de las principales figuras de la oposición, quien cuestionó las medidas adoptadas por el Ejecutivo para regular las concentraciones públicas.
La controversia se intensificó después de que el mandatario firmara el decreto 1525 de 2026, destinado a establecer las condiciones de intervención de las autoridades durante las manifestaciones. El Gobierno anunció que aplicaría la nueva normativa en las movilizaciones de este miércoles.
De acuerdo con la información difundida sobre el decreto, la regulación establece que el diálogo y la mediación deben tener prioridad, pero permite la intervención directa de la fuerza pública ante determinadas conductas violentas, sin que sea obligatorio agotar previamente esas etapas.
La normativa contempla actuaciones frente a personas que utilicen armas, lancen artefactos incendiarios, agredan o retengan a otras durante las manifestaciones. También señala que la obstrucción de vías, por sí sola, no convierte una protesta en violenta y que la disolución de una concentración debe reservarse para circunstancias excepcionales, cuando exista una perturbación grave y sostenida y no haya alternativas menos lesivas.
El senador Iván Cepeda rechazó el protocolo y sostuvo que podría ampliar el uso de la fuerza, limitar el diálogo policial y crear condiciones para la criminalización de quienes participan en las movilizaciones, incluso cuando estas sean pacíficas.
En contraste, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la medida y la calificó de garantista y democrática. El funcionario afirmó que el derecho a la protesta debe respetarse, aunque advirtió que el Gobierno no tolerará los bloqueos.
Las preocupaciones por la actuación de las autoridades aumentaron después de que la organización no gubernamental Temblores denunciara la presencia de hombres armados con fusiles en los techos desde los que se vigilaba una movilización.
La organización consideró que este despliegue constituye un mensaje de intimidación para los manifestantes y cuestionó que el ejercicio de un derecho fundamental pueda realizarse bajo la vigilancia de personas armadas.
La denuncia se suma a las críticas de sectores opositores que consideran que las nuevas disposiciones de seguridad podrían afectar el ejercicio de la protesta social. Sin embargo, la denuncia de la ONG debe distinguirse de una determinación independiente sobre la legalidad del despliegue o las órdenes bajo las cuales actuaban los efectivos.
Durante las primeras horas de las movilizaciones, los reportes indicaban que las marchas avanzaban sin incidentes graves en varias ciudades del país. En Bogotá, una fuerte lluvia acompañada de granizo afectó a los participantes, mientras que las concentraciones provocaron restricciones temporales al tránsito en algunas de las principales vías de la capital.
Las movilizaciones reúnen reclamos de diferentes sectores sociales que cuestionan las primeras decisiones del Ejecutivo y exigen respuestas a sus necesidades laborales, educativas y territoriales.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode), uno de los principales sindicatos del sector educativo, convocó a sus integrantes a participar en las marchas para defender la educación pública, la salud del magisterio y los derechos laborales de los docentes. También exigió la reparación y reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores convocó un paro de 24 horas para denunciar presuntos incumplimientos de acuerdos colectivos por parte de la Secretaría de Educación, además de cuestionar los descuentos salariales y las sanciones impuestas a maestros que participaron en movilizaciones anteriores.
Las comunidades indígenas, por su parte, expresaron su preocupación por las políticas relacionadas con el extractivismo, los megaproyectos en sus territorios y las decisiones gubernamentales que, según sus representantes, amenazan sus derechos e intereses colectivos.
Edinson Peña, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), afirmó que las organizaciones indígenas necesitan recurrir a la movilización para ser escuchadas y exigir el cumplimiento de sus derechos. También denunció presuntos intentos de dividir sus organizaciones y desconocer su legitimidad como interlocutores sociales y políticos.
La jornada representa una prueba para la relación entre el Gobierno de De la Espriella y las organizaciones sindicales, indígenas y civiles, en un momento en que las diferencias sobre las políticas públicas comienzan a trasladarse a las calles.
Por una parte, los manifestantes buscan visibilizar sus demandas y expresar su rechazo a determinadas medidas gubernamentales. Por otra, el Ejecutivo sostiene que debe garantizar el orden público y responder ante los actos violentos, mientras defiende la normativa que regula la actuación de las autoridades durante las concentraciones.
El desarrollo de las protestas y la aplicación del nuevo protocolo de seguridad mantienen el foco sobre dos cuestiones centrales: las garantías para ejercer el derecho a la manifestación pacífica y los límites de la intervención de la fuerza pública.
El alcance de la movilización, las respuestas oficiales a las reivindicaciones sociales y la forma en que las autoridades gestionen futuras concentraciones serán elementos relevantes para evaluar la evolución de las tensiones entre el Gobierno colombiano y los sectores que cuestionan sus políticas.
Fuente base: información publicada por France 24, con referencias a declaraciones de dirigentes políticos, organizaciones sociales y reportes de la jornada del 14 de octubre de 2026.