Crédito France 24
Por Alonso Rosales
El 24 de noviembre de 2016, Colombia firmó uno de los acuerdos políticos más importantes de su historia contemporánea. El Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sellaron en el Teatro Colón de Bogotá un pacto que prometía poner fin a más de medio siglo de enfrentamiento armado. Diez años después, el país tiene motivos para reconocer los avances, pero también para preguntarse por qué la paz sigue sin llegar a numerosos territorios.
El acuerdo consiguió algo histórico: desarmar a la principal guerrilla del continente, abrir espacios de participación política, reconocer a millones de víctimas y establecer mecanismos para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto. Sin embargo, la desmovilización de las FARC no significó la desaparición de la violencia. En diferentes regiones surgieron o se fortalecieron organizaciones armadas que disputan territorios, rutas del narcotráfico, minería ilegal y economías criminales.
El balance de esta década es, por tanto, contradictorio: hubo una guerra que terminó en su dimensión política y militar original, pero quedaron abiertas las condiciones que alimentan nuevos conflictos.
La situación de seguridad continúa siendo uno de los principales problemas del país. Las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y otras estructuras criminales han aprovechado los vacíos institucionales y la ausencia del Estado en determinadas regiones para consolidar su presencia.
Las cifras recientes son preocupantes. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) contabilizó 111 acciones armadas entre el 7 de agosto y el 31 de octubre de 2026. Por su parte, un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) encontró que los ataques con drones aumentaron un 132,5 % durante los dos primeros meses de la nueva administración, en comparación con el mismo período de 2025. Infobae+1
A esto se suma el balance de Indepaz sobre los primeros cien días del Gobierno: 45 líderes sociales asesinados, ocho firmantes del acuerdo de paz asesinados y 26 masacres con 87 víctimas mortales. Son cifras que muestran la dimensión humana de una crisis que no puede resolverse únicamente con operaciones militares. indepaz.org.co+1
Un ataque contra una instalación militar en Planadas, Tolima, dejó cuatro civiles muertos, entre ellos un bebé de apenas dos meses. El hecho evidenció que los enfrentamientos y atentados siguen teniendo consecuencias devastadoras para la población que vive en las zonas de conflicto. apnews.com
Es importante hacer una precisión: no todos los indicadores nacionales han aumentado. La FIP registró una reducción del 10,6 % en los homicidios durante agosto y septiembre, frente a los mismos meses de 2025. Sin embargo, el crecimiento de los atentados terroristas, los ataques con drones y la violencia en departamentos específicos demuestra que las mejoras estadísticas no representan necesariamente una recuperación de la tranquilidad en todo el territorio colombiano. FIP+1
Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo Gobierno es la estrategia de comunicación del presidente Abelardo de la Espriella. Su presencia en operativos policiales y militares, sus videos en TikTok y otras redes sociales, sus enfrentamientos verbales con capturados y sus mensajes de autoridad han convertido la seguridad en una producción audiovisual permanente.
El mandatario aparece con chaleco antibalas, indumentaria militar y radioteléfono, mientras acompaña operaciones y protagoniza escenas que posteriormente se difunden en sus plataformas digitales. La expresión «Bienvenidos a la Patria Milagro» se ha convertido en una de las marcas de esa comunicación presidencial.
El diario El Colombiano documentó la viralización de estos contenidos, mientras que El País analizó la creciente teatralidad militarista de su Gobierno. Incluso el expresidente Juan Manuel Santos y el exnegociador Humberto de la Calle han cuestionado la utilización de símbolos militares y la puesta en escena de la política de seguridad. 252fm.elcolombiano.com+1
La pregunta que surge es inevitable: ¿cuánto de ese espectáculo se está traduciendo en seguridad efectiva para los colombianos?
Un presidente puede acompañar operativos, dar instrucciones frente a las cámaras, exhibir capturas y convertir cada intervención en un video viral. Pero la responsabilidad de gobernar no consiste en protagonizar escenas de autoridad, sino en garantizar que las familias puedan vivir sin miedo, que los campesinos puedan trabajar sus tierras y que los niños no sean reclutados por organizaciones armadas.
La comunicación política puede ayudar a transmitir resultados, pero no sustituye una política pública de seguridad. Tampoco los millones de visualizaciones representan una reducción automática de la criminalidad.
El problema de fondo es que la espectacularización de la seguridad puede terminar confundiendo la percepción de autoridad con la capacidad real del Estado para controlar el territorio.
La llegada de De la Espriella representa un cambio profundo en la orientación de la política de seguridad. Su Gobierno ha suspendido los procesos de negociación con organizaciones armadas y ha apostado por intensificar las operaciones militares.
Sin embargo, la experiencia colombiana demuestra que la fuerza militar, por sí sola, no resuelve las causas estructurales del conflicto.
El acuerdo de 2016 estableció compromisos sobre reforma rural, sustitución de cultivos ilícitos, participación política, reparación de víctimas y reincorporación de excombatientes. Son asuntos que siguen pendientes y cuya ejecución resulta indispensable para evitar que las economías ilegales continúen reclutando jóvenes y controlando comunidades.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que el 36 % de los municipios colombianos presenta alertas tempranas por riesgos relacionados con grupos armados. También identifica presencia de disidencias de las antiguas FARC en 372 municipios y del Clan del Golfo en 468. defensoria.gov.co
El desafío del nuevo mandatario consiste en demostrar que su estrategia puede ofrecer resultados sostenibles y no solamente victorias comunicacionales.
El testimonio de Yolanda Perea Mosquera, víctima de la violencia de las FARC, resume una de las grandes contradicciones de Colombia: incluso quienes sufrieron los crímenes de la guerrilla pueden reconocer que un acuerdo imperfecto es preferible a una guerra interminable.
La paz no significa olvidar los delitos, renunciar a la justicia ni conceder impunidad. Significa impedir que nuevas generaciones tengan que vivir las mismas tragedias.
A diez años de la firma del acuerdo, Colombia enfrenta una disyuntiva histórica: profundizar la construcción institucional de la paz o reducir la respuesta estatal a una política de confrontación permanente.
Abelardo de la Espriella tiene derecho a presentar su estrategia de seguridad y mostrar las operaciones de sus fuerzas militares. Pero también tiene la obligación de rendir cuentas sobre sus resultados.
Los videos de TikTok pueden construir una imagen presidencial, generar millones de reproducciones y alimentar una narrativa de autoridad. No obstante, no pueden ocultar los asesinatos de líderes sociales, las masacres, el reclutamiento de menores ni el sufrimiento de las comunidades.
La paz no se mide por la cantidad de videos que publica un presidente, ni la seguridad por la espectacularidad de sus operativos. Se mide por las vidas que se salvan, los territorios que se recuperan y la posibilidad de que los ciudadanos vivan sin temor.
Diez años después, Colombia necesita menos confrontación política alrededor de la paz y más resultados verificables. La historia juzgará al acuerdo por sus transformaciones, pero también al nuevo Gobierno por su capacidad de detener una violencia que continúa cobrando vidas.